La Tasa de Cambio Moral

La Justicia Social y la Administración de Justicia en la Triple Sociedad: la Tasa de Cambio Moral.

Esta nueva entrada del blog corresponde a una parte de uno de los capítulos del libro El Estado Lego y la Fractura Social del 2007 que no incluye el análisis presente de la crisis mundial económica y de corrupción, ni de los "indignados", ni  la primavera arabe, pero los anuncia. La exclusión, la captura del Estado, la politización de la justicia y la criminalidad son los instrumentos reales complementarios al mercado que usan las sociedades C (cooptada), NC (no cooptada), IC (ilegal-criminal) para redistribuir el ingreso y la propiedad, el poder y los riesgos, con ellos constriñen el crecimiento.

Modelo General.

El siglo XXI se inició con la doble y confusa crisis entre la Justicia Social y la Administración de Justicia.
Durante buena parte del siglo XX, los conceptos teóricos y las políticas estatales estuvieron relativamente bien delimitados. Se discutió acerca de la deuda social que el Estado tenía con los grupos pobres de la población, como si se hubiera acumulado un flujo de deuda que debería traerse a valor presente para saldar los compromisos con tales grupos.

Se adoptó también, en el orden internacional, la estrategia de focalizar los subsidios hacia los pobres. Los Estados-Nación pobres y emergentes adoptaron esta cultura, al solicitar a los países industrializados con quienes habían tenido pasadas relaciones coloniales e imperialistas compensar los daños ocasionados –un flujo de deuda nacional implícito– adicional a la deuda soberana.

Las reglas de la globalización neoliberal arrasaron con estas reivindicaciones. El desarrollo social debe en adelante conseguirse por mecanismos de mercado. En el Documento de Barcelona se discute sobre desarrollo económico y no sobre desarrollo social.

Visión del Mundo que está en Marcha. El total mundial de las remesas de dinero de los emigrantes obtenidas en condiciones de mercado alcanzaron la cifra de 63.000 millones de dólares en 2000 (28.400 procedentes de EUA) y ya son superiores al total de la ayuda externa mundial pública, que alcanzó sólo los 58.000 millones de dólares (Huntington 2004, 326).

Justicia Social.

El Desenlace Neoliberal (1) mostró en lo pertinente a la Justicia Social que:

– Las políticas del CW hicieron desaparecer la noción de deuda social en el Estado-Nación y en el orden internacional.
– Se incrementó la brecha entre la teoría y los medios puestos en marcha para instrumentar las políticas de lucha contra la pobreza.
– El reto de los contenciosos sociales de los hogares está sin resolver y sigue siendo idéntico al que existía antes de la Apertura: desigualdad, pobreza, movilidad y bienestar.
– Existe una bifurcación continental en el desarrollo social: los Países Asiáticos muestran un avance superior al de los Países de América Latina –A.L.–, del Este Europeo y del Africa.
– Las sociedades se fracturaron por efectos de la captura del Estado, de la extinción de la naciente Sociedad Civil y de la expansión de IC. La globalización del comercio se hizo a más rápida velocidad que la globalización de la justicia y de la tributación. Ante el aumento del costo de transacción de obtener rentas comerciales, los grupos que capturan el Estado concentraron sus esfuerzos en la captura de las exenciones tributarias y de la Administración de Justicia.
– La tributación indirecta sustituyó los impuestos directos, para financiar el déficit fiscal que se origina por la voracidad y la codicia de la clase política. Esta situación creó un riesgo global de huelga fiscal en muchos Estados-Nación (Revéiz 2004, 178). La fractura social generó un injusto y piramidal sistema tributario con variantes según las culturas:

En el Estado de Naturaleza, las redes se estructuran verticalmente y con funciones predatorias acumulativas. Así, la sociedad no cooptada, que no controla el Estado, se especializa en funciones informales y su ilegalidad se concentra en la evasión tributaria. En ella convergen todos los grupos discriminados y marginados de la sociedad y aquellos que tienen menor poder de negociación frente al Estado. Es la de mayor importancia cuantitativa. La sociedad cooptada, que captura el Estado, evade impuestos como la anterior, pero al mismo tiempo obtiene privilegios y exenciones tributarias, resultantes de la captura misma. Crea barreras a la entrada y a la salida, frente a la sociedad no cooptada, pues estar en ella y controlar el Estado produce altos beneficios. La sociedad ilegal criminal realiza las funciones predatorias de las anteriores, pero al mismo tiempo obtiene beneficios mediante el uso de la violencia y la coacción, que extrae de las sociedades no cooptada y cooptada. Es la de mayor riesgo en materia de seguridad, pues está enfrentada al Estado y, a la vez, la de menor importancia cuantitativa; pero también la que usa tecnologías criminales más avanzadas. Uno de los grandes problemas tributarios es establecer la probabilidad de tránsito que tienen los agentes económicos para pasar de una a otra según los incentivos macroeconómicos, políticos y judiciales que ofrece el sistema.

– El desempleo se convirtió en los 90’s en el principal reto para la gobernabilidad de los Estados-Nación. En las sociedades comunistas, el seguro de desempleo era el empleo ineficiente. Muchas sociedades democráticas no tienen seguro de desempleo. De allí, la indigencia. Durante los últimos 20 años, el trabajo se convirtió tanto en factor de producción autorrealización personal (un proyecto humano voluntario), como en un factor (precio de la fuerza laboral) sometido a la competencia. Muchas personas prefieren estar desempleadas que empleadas, o no participar en la fuerza laboral porque el mercado no colma sus aspiraciones.

En las sociedades fracturadas, la redistribución del ingreso y de la riqueza se genera por tres vías: el mercado, el Estado –a través del Presupuesto Nacional y de la tributación– y la violencia. Una sociedad fracturada tiene varias visiones de los derechos de propiedad. Las preguntas fundamentales son: ¿cómo emergen histórica y antropológicamente las relaciones de los derechos de propiedad?, ¿cómo las reglas invisibles, ilegítimas e ilegales se convierten en derechos? Y ¿cómo contrastan estas reglas con las instituciones formales de la perspectiva Constitucional, que incluyen visibilidad, legitimidad y legalidad (Niederle 2004).

En la cooptada-C, hay diversidad de enfoques entre los compañeros deruta: la clase política actúa como si el Estado le perteneciera, los grupos económicos y los lobbies, como si tuvieran derechos de propiedad sobre la política económica y social; los sindicatos actúan como si fueran dueños de lo social.

En la no cooptada-NC, el sector informal actúa como si tuviera derechos de posesión sobre el espacio público; los indígenas tienen derechos de propiedad sobre las reservas ecológicas y sobre la justicia en sus territorios (1)

En la ilegal criminal-IC, por los contenciosos no resueltos sobre el sector agrario, la guerrilla y los paramilitares consideran que tienen derechos de propiedad sobre las tierras rurales y sobre la administración local.
 
La Administración de Justicia.
 
La crisis de la Administración de Justicia se visualizó hasta los 90’s como la lentitud en los procesos, medida por indicadores de gestión y su eficiencia (tercera parte).
Después de los 90’s surgieron enormes contenciosos, por el efecto combinado de la intempestiva Caída del Comunismo y los atentados terroristas del 9-11 de 2001:

– La violación de los Derechos Humanos –DDHH y del Derecho Internacional Humanitario– DIH en el orden nacional e internacional.
– La difusión de la corrupción en los Estados-Nación, como resultado de su captura y criminalidad en los acelerados y oscuros procesos de privatización, que se hicieron sin las regulaciones necesarias para asegurar la competencia (2).
– Se consumó la violación del principio de separación de los poderes del Estado Nación, para combatir el terrorismo internacional y para aplicar –o impedir– la instrumentación del CW, aún en los Estados más democráticos.

Algunos autores interpretan el caso de los presos de Guantánamo como patente violación de la separación de poderes:
Bajo esta perspectiva debemos ver a Guantánamo no como un fenómeno inconexo, sino como un gran componente de un sistema revolucionario, con el que el Gobierno de Bush ha derribado dos pilares de La Ilustración y de la propia Constitución de los Estados Unidos: la aceptación de la tortura y el rechazo del debido proceso. Este doble ataque legal sólo fue posible gracias a uno tercero, el que cancelaba la separación de los poderes. Un único tema recorre todo el registro documental de la Guerra contra el Terrorismo: el ilimitado poder del presidente para hacer caso omiso de los tratados, las convenciones y las Leyes en tiempo de guerra (Rose 2004).

No son casos aislados los enfrentamientos del poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo para adoptar decisiones compensatorias en la política económica y social. En Colombia, ante los severos ajustes concertados entre el Gobierno y el FMI, la Corte Constitucional tomó la decisión de fijar los ajustes del salario mínimo, lo que consideró compatible con el Estado Social de Derecho.

– La politización de la Administración de Justicia se extendió con la captura del Estado, la corrupción y la criminalidad. Muchos gobernantes son incapaces de asegurar el contrato de protección con el pueblo. Para restablecerlo –así sea de manera frágil– se efectúan cambios frecuentes en las Normas (Constitución, Leyes, Decretos) y en la Administración de Justicia (Código Penal y frecuentes indultos y amnistías). La justicia se convirtió en el principal instrumento de gobernabilidad. Con el concepto de Tasa de Cambio Moral hemos formalizado su evolución y medido su inestabilidad y parcialidad política (véase tercera parte).

La Justicia Social, la Administración de Justicia y el Crecimiento.

Su análisis está en obra negra en el mundo globalizado y en los sistemas de múltiples equilibrios.
Se ha hecho un gran esfuerzo para revisar las teorías y los modelos sobre la Justicia Social y la Administración de Justicia. Nos permitió progresar en un enfoque propio sobre la Tasa de Cambio Moral y su papel en la gobernabilidad política.

Los aspectos más destacables son los siguientes:
– Las estrategias de Justicia Social y la eficiente Administración de Justicia son la médula para alcanzar el desarrollo sostenible con la visión de múltiples equilibrios. Muchos países que tuvieron elevadas tasas de
crecimiento económico (Indonesia, Chile…) y que no resolvieron los contenciosos de la Justicia Social y la Administración de Justicia (casos Suharto, Pinochet…) entraron en profundas crisis muchos años después y
vieron cómo se empantanó su desarrollo.
 
En los 60’s, el Gobierno Suharto (3) en Indonesia apoyado por EUA perpetró una enorme masacre de musulmanes y en el marco candente de la Guerra Fría su posición geopolítica le permitió dar seguridad a la IDE, logrando sostenido crecimiento económico. Acumuló un importante contencioso en materia de DDHH, corrupción y seguridad societal –el fundamentalismo islámico– que hizo estallar una profunda crisis a finales de los 90’s.

Tras el colapso de la Crisis Asiática (2000), la comunidad internacional se vio obligada a crear un programa, The Partnership for Governance Reform, destinado a corregir los graves desequilibrios acumulados durante 35 años (4). Chile, en América Latina, requirió 20 años (1970-1990) para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 6%. Las tasas de crecimiento 1970-1980 y 1980-1990 fueron de 2% y 3,6%, respectivamente (Landerretche 2003).

El Gobierno de Pinochet liberalizó la economía y equilibró los mercados (1973 y 1986), al tiempo que creó un fuerte desequilibrio en los DDHH y en el desarrollo social. Este legado arriesgó hacer estallar el consenso interno, las instituciones y el desempeño económico, con un rezago de 25 años (véase la viabilidad del ALCA y del TLC). Con mayor razón si ahora se demostró la corrupción personal de Pinochet y su familia.

Otros casos-límite, incluidos los de EUA, Colombia, Bolivia y Rusia, se detallan adelante.

– La no-exclusión favorece la dinámica de crecimiento. En los últimos años se desarrolló una extensa literatura sobre la pertinencia de la no-exclusión como condición necesaria para el crecimiento sostenido. Enfoque que no es compartido por quienes consideran que la no-exclusión es punto de llegada más que de partida. La teoría moderna del crecimiento está bien formulada en los modelos de Barro (1974, 1976, 1989), Barro y Sala-i-Martin (1992, 1992b) y Sala-i-Martin (1994, 1997) y se basa en el principio de sustituir sacrificio presente por bienestar futuro (González 2003a).

– La sucesión de causalidad más apropiada para explicar el crecimiento es: la exclusión, la captura y la criminalidad –el crimen y la violencia– producen el deterioro del capital o de la infraestructura que a su vez disminuye la productividad total de los factores (PTF). Esta se traduce en bajas tasas de crecimiento y desempleo (5)
– La mayoría de los autores considera que los costos de la corrupción son mayores que los beneficios. La corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo (6)

Bardhan definió la corrupción:

En la mayoría de los casos, la corrupción tiene que ver con la forma como se utilizan los cargos públicos con el fin de obtener ganancias privadas. Para conseguir este propósito, el funcionario –el agente– a quien el público –el principal– le ha confiado una tarea realiza algún tipo de actividad censurable y difícil de monitorear por parte del principal..
 
Nuestra visión sobre la sucesión de causalidad para explicar el impacto negativo de la corrupción sobre el crecimiento es:

La corrupción retira recursos productivos a la inversión pública, que deben ser reemplazados por la sociedad para realizar el mismo proyecto por medio del alza de impuestos o con recursos sustraídos a otros proyectos rentables. Contribuye también a fortificar a los rentistas improductivos dentro de las redes C e IC. Mantiene privilegios y consolida los monopolios. Fomenta la fractura de la sociedad y aviva los conflictos entre las sociedades C e IC, con la NC, que sí está sometida a la competencia. Aumenta el gasto en la justicia y deteriora su credibilidad cuando ésta no puede contrarrestar las prácticas corruptas. La desprotección de los derechos de propiedad disminuye la IDE y la inversión nacional, de modo que se incrementan el desempleo y la pobreza.

La reflexión histórica y antropológica sobre la Justicia Social y la Administración de Justicia nos permitió concluir que:

La Evolución Adaptativa de la Justicia hace parte del Juego Político.

Dicha evolución se analizó en el marco de la autoorganización de las tres sociedades –redes y familias– C, NC, IC. Estas tienen distintas conductas y demandas en lo tocante a la Justicia Social y a la Administración de Justicia. En el caso límite de Colombia el juego político se escenifica en los tres sistemas de justicia superpuestos (véase supra).

La Fractura Social influye sobre la Calidad y la Eficiencia de la Justicia Social y sobre la Administración de Justicia.

Se genera por el estatus diferencial y discriminatorio de los actores frente al sistema tributario. A su vez, el mercado crea incentivos para pasarse de una red a la otra. Después de la Apertura, los alicientes favorecen a la actividad ilegal criminal IC y a la sociedad C.
La Evolución del Sistema de Justicia (como el Crecimiento y el Desarrollo (7)) no es un Proceso Log-lineal, existen Bifurcaciones (Gráfico 31). Dicha evolución –en co-variación con el desarrollo económico– está determinada en buena medida por la cultura. La crisis de la Administración de Justicia tiene múltiples causas vinculadas a la politización (Tasa de Cambio Moral, falta de transparencia del Estado, impunidad, crecimiento del narcotráfico, crecimiento de redes ilegales criminales), la criminalidad (delitos contra la vida y la propiedad) y la captura del Estado (privilegios, sobornos, concentración del ingreso y las tierras) (8)

Entropía Institucional, Impunidad y Gasto Público. Determinados por la cultura de los países (9)
La Politización de la Justicia favorece la Impunidad. Se realiza por la vía de las reglas del juego inestables en la justicia –indultos, amnistías frecuentes y cambio en los costos relativos de cometer los delitos–, lo que a su vez frena la IDE (véase Tasa de Cambio Moral).
La Justicia y los Sesgos entre la Democracia Formal y la Real. A partir de la visión de Norberto Bobbio, se hizo la lectura en la primera fase de globalización del comercio y después de la crisis del 9-11 de 2001) (Revéiz 2004).

Los Modelos de la Justicia.

Se hizo el esfuerzo de examinar en forma conjunta las condiciones iniciales, la fractura social desigual, los conceptos de visibilidad, legalidad y legitimidad y la politización creciente de la justicia, de tal suerte que se pueda captar la diversidad cultural de cada país.

En el orden judicial, se observa que los rasgos teóricos y culturales más característicos son:

– Mayor velocidad de la globalización del comercio frente a la justicia y a la tributación. Esto influye en la evolución y autoorganización del sistema de justicia, por ejemplo la dispersión de los precios del petróleo o de las tarifas de los impuestos entre los Estados-Nación es menor que la dispersión de las penas sobre los principales delitos: patrimonio económico, secuestro, cuello blanco, subversión, narcotráfico y terrorismo.

Desde el ángulo del ciudadano y del emprendedor, el sistema institucional y el de justicia son muy complejos y espesos (Gráfico 4).

Por efectos de la inestabilidad política y jurídica, se realizan frecuentes reformas a la justicia –Constitución, Leyes y Decretos– y al Código de Procedimiento Penal, que no dan mensajes claros a los ciudadanos y empresarios. Existe fuerte asimetría de la información con respecto a la manipulación de dichas Normas (sometimiento a la justicia, amnistías e indultos frecuentes). La Justicia Social presenta un problema similar: las frecuentes reformas tributarias impiden que el emprendedor y el ciudadano tengan reglas claras para sus planes de negocio y proyectos de vida.

La identificación de las fuentes del poder y de la justicia tiene altos costos de transacción para el ejercicio de la democracia.
Saramago puso el dedo en la llaga:
La cuestión principal que todo tipo de organización humana se plantea, después de que el mundo existe, es la del poder. Y el principal problema es identificar quién lo ostenta, de verificar por qué medio lo obtuvo, el uso que hace de él, los métodos que utiliza, y cuáles son sus ambiciones (10) (Saramago 2004).

- Las condiciones iniciales de la Conquista en América como empresa comercial, definieron la evolución y la autoorganización de la violencia y la justicia en las diferentes culturas americanas.
En Nueva Zelanda y en EUA, la mayoría de la población nativa no sobrevivió al colonialismo europeo. En los Países de A. L., pese a las grandes masacres indígenas, se produjo un importante mestizaje y un peculiar sistema de justicia.
En los primeros países, el nuevo orden y el nuevo sistema de justicia se estructuraron como novedad –innovación– sin restricciones. En el caso de Colombia, la justicia ha sido un pacto entre el antiguo orden y el nuevo orden. Con la violencia existen los tres sistemas de justicia citados: el sistema institucional universal, la justicia indígena y la “justicia” ilegal criminal. La forma de organización de estos últimos grupos, sus pactos económicos y los botines que obtienen con el desplazamiento, las masacres, el robo de tierras y el narcotráfico recuerda las estructuras de la Conquista:

Por otra parte, estaba el factor económico, la Conquista era una empresa comercial donde había convenios económicos claramente establecidos, que fijaban la participación que sobre el botín tendría cada uno de los integrantes. Un ejemplo de estas distribuciones lo podemos encontrar en la mencionada expedición de Fernández de Lugo, en la que se estipularon las partes así: para cada rodelero 1 parte, 1½ para cada arcabucero o ballestero, 2 para los que llevaban cabalgadura, 3 para el médico, 4 para los capitanes de escuadra, 5 para el teniente general, 10 para don Pedro Fernández de Lugo, quien además tendría ventajas posteriores como gobernador (Vejarano et al. 2004). 

El mestizaje tiene la ventaja de aumentar la diversidad a largo plazo, frente a los costos de transacción del ajuste societal a corto y mediano plazo como el aumento del gasto social y la Administración de Justicia. Vale mencionar los enormes costos de crecimiento económico que se originaron por las guerras raciales de los Balcanes en los 90’s, tras un período de estabilidad –guerra aplazada– durante la era comunista. Así, Colombia ya pagó los costos de transacción del mestizaje, con las guerras y conflictos de los siglos XIX y XX. Las condiciones iniciales son favorables para el siglo XXI pues la Constitución de 1991 ya es pluricultural y pluriétnica.

EUA no ha pagado los costos societales del mestizaje. De ahí, la gran preocupación que existe en el futuro sobre los escenarios competitivos futuros de este país: Estados Unidos cosmopolita, imperial, o nacional(Huntington 2004). Francia, por ejemplo, por haber ocupado territorios en sus expansiones imperialistas y tras la política de descolonización de los 60’s, pagó moderadamente los costos de transacción del mestizaje con mayor número de matrimonios mixtos que EUA.

La exclusión surge o se genera en sociedades en donde coexisten varios órdenes de autoorganización. Es un grave freno a la competencia. Walras tenía la preocupación de que la competencia funcionaba siempre que el Estado fuera propietario de la tierra. El monopolio privado de la tierra, que es el principal factor de producción, no favorece la competencia. No hay competencia sin distribución (11). El problema agrario es el Talón de Aquiles de las sociedades andinas.

– La fractura social influye en la morfología de la justicia, el tipo y la cantidad de los delitos. En una cultura en donde las redes IC son muy importantes, los delitos atados con la violencia, el crimen y la violación de los Derechos Humanos será preponderante como el caso de Colombia. En donde las redes (familias) C tengan tamaño relativo demasiado amplio, los delitos de corrupción del Estado y de los lobbies privados
tendrán enorme jerarquía. En donde las redes NC sean muy grandes, se puede esperar que los delitos violentos menores, contra el patrimonio y de evasión de impuestos tengan importancia.

Si la Sociedad Civil está consolidada, el perfil de los delitos se agrupará más en la delincuencia común y en la captura del Estado que en la evasión de impuestos o en la violencia criminal y la violación de los Derechos Humanos como en Francia y EUA. En el plano internacional, los parámetros de la justicia que aún no están estandarizados, funcionan con doble peso y doble medida como en el caso del conflicto Israel-Palestina.

– Tratamos de darle unidad a los conceptos de visibilidad, legitimidad y legalidad. Wolfe y Bobbio definieron la visibilidad. Bobbio tomó de Wolfe el concepto doble Estado: al lado de un Estado Visible existe un Estado Invisible:
Es bien conocido que la democracia nació bajo la perspectiva de erradicar para siempre de la sociedad humana el poder invisible, para dar vida a un Gobierno cuyas acciones deberían haber sido realizadas en público.
 
Más adelante Bobbio definió la idea central:
El Gobierno de la democracia es el Gobierno del poder público en público (Bobbio 2001).

De Maurice Allais tomamos el concepto liberal de la legitimidad del ingreso:
Los ingresos son legítimamente ganados, cuando resultan de un sistema competitivo. El principio de legitimidad de los ingresos se vincula con el hecho de que hayan sido obtenidos mediante un servicio efectivamente prestado en situaciones de libre competencia. Los no legítimamente ganados son aquellos obtenidos mediante barreras a la entrada y a la salida en los mercados que generan efectos redistributivos: aduanas, cuotas, aranceles, subsidios desmedidos al crédito y a las importaciones, rentas coyunturales debidas a la inflación, etc. (Revéiz 1997, 35).

Del Estado como Mercado adoptamos el concepto de legalidad del ingreso: es relativo y se aplica en cada Estado-Nación de acuerdo con su propio sistema institucional por la ausencia de globalización de la justicia (Revéiz 1997).

Un fuerte antagonismo surgió por la ruptura de los objetivos y los intereses compartidos en el mundo occidental, con ocasión de la invasión a Irak y la gobernabilidad política de los Derechos Humanos:
Los americanos consideran que no hay legitimidad democrática por encima del Estado-Nación. Los europeos, al contrario, piensan que ésta depende de la voluntad de una comunidad internacional (Fukuyama 2002).

Un análisis sobre las paradojas entre la legitimidad y la legalidad del ingreso en las diferentes culturas antes y después de la Caída del Comunismo se encuentra en Revéiz (1997, capítulo 1). Ahora hemos hecho el esfuerzo de compaginarlas con la visibilidad, en correspondencia con la fractura social.

– La politización de la justicia se propagó en muchos Estados-Nación por la captura del Estado, la corrupción y el narcotráfico. Se vive una crisis ético-política de las oligarquías dirigentes, que utilizan el poder para protegerse de las investigaciones sobre la corrupción. En el pasado, era manifestación de la democracia recortada y elitista, en la que se aplicaba la justicia con criterio de clase, grupo, estrato o clientela, “la justicia es para los de ruana”.

La justicia se ha manipulado en un sinnúmero de casos para proteger presidentes, parlamentarios, jueces, grandes empresarios (ver supra).

– El estudio morfológico de las bifurcaciones de la captura y de la criminalidad es útil para entender el desarrollo de la justicia en el largo plazo (Gráfico 25 y Gráfico 31). Las preguntas relevantes son: ¿Se aumenta la criminalidad cuando se incrementa la captura del Estado, o se recorta la democracia económica y política? ¿La captura genera con rezago criminalidad, para modificar de nuevo la redistribución del ingreso que la captura originó? ¿Con qué rezagos se genera violencia, base para constituir empíricamente un Banco de Comportamientos Culturales?

 
No se pueden dar respuestas definitivas, pero las reflexiones son útiles para construir una teoría del desarrollo con múltiples equilibrios.

Modelos:

El análisis general comprende:

Modelo 1. El Marco de Análisis de la Gobernabilidad, en su Relación con la Justicia.

Se basa en las categorías de la exclusión (sociedad NC), la captura del Estado (sociedad C) y la criminalidad (sociedad IC). Resulta de las condiciones iniciales y de la fractura social.

Esta estructura se consolida cuando la sociedad crea incentivos para impedir la visibilidad, la legitimidad y la legalidad de los negocios privados, de la fuente y usos de los ingresos y de la riqueza.

Los instrumentos para lograr una Sociedad Civil que no esté fracturada son el crecimiento económico, la Justicia Social y la Administración de Justicia.

Modelo 2. La Sociedad Triple, sus Redes, la Captura del Estado y su Visibilidad, la Criminalidad antes y después de la Globalización.

Incluye el conjunto de las categorías y los factores a través de un juego de matrices que correlacionan en filas las 13 redes (familias) de las sociedades C, NC, IC, clasificadas de la menor a la mayor violación de la competencia económica y de la democracia política. A la vez, en columna se contrasta con las 17 políticas económicas y sociales y con las actuaciones de los agentes clasificadas según las categorías de exclusión, captura y criminalidad (Cuadro 31 y Cuadro 32).

El resultado es una matriz triangular. Las redes de la base de la matriz son las que más perpetran violaciones a la competencia, a la democracia y a la Ley; en las columnas de izquierda a derecha, las actuaciones de los agentes también se clasifican en función ascendente de violación de la Ley y el mercado.

La matriz faculta el análisis de la exposición de las instituciones a los diferentes macro factores o riesgos. Se mide el precio por unidad de riesgo que tiene cada institución –las 25 instituciones o ramas de las filas– para que no haya arbitraje. Debe llegarse al mismo precio por unidad de riesgo.

Modelo 3. La Tasa de Cambio Moral.

Es la aplicación de la teoría económica convencional a la evolución de la justicia. Con esta tasa se quiere significar el cambio relativo en la preferencia que han tenido los gobiernos de los últimos 25 años, con respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos: narcotráfico, subversión, delitos de cuello blanco, terrorismo, secuestro, patrimonio económico. Este último delito se toma como numerario o base de la comparación. Se confronta luego con la eficacia en la Administración de Justicia y con variables internacionales (Revéiz 1997, 450). Las categorías se sintetizan en:
 
Tasa Cambio Moral Institucional-TCMI, Tasa Cambio Moral Real-TCMR, Indice
Tasa Cambio Moral Real Efectiva-ITCMRE (Tercera Parte).

Modelo 4. Gobernabilidad y Bifurcaciones en las Líneas de Captura y de Criminalidad del Estado.

La historia económica permite estudiar la evolución adaptativa del sistema de la justicia, para descubrir las regularidades temporales con o sin rezagos que aparecen entre las líneas de captura (βi) y las líneas de crimi
nalidad (αi). Todo ello, contrastado con la politización de la justicia y la Tasa de Cambio Moral Real Efectiva (λi) (Gráfico 25. Las Bifurcaciones, la Línea de Captura y de Criminalidad de las Redes y Gráfico 31. La Justicia y la Gobernabilidad en Colombia).

Modelo 5. Calificación de la Trayectoria de la Justicia según el Grado de Politización y las Líneas de Captura y Criminalidad.

El análisis histórico y de los estudios cuantitativos permite calificar la justicia en el largo plazo, según la politización y la eficiencia de la justicia, la criminalidad y la captura (Cuadro 35).

El Modelo Local.

Dicho modelo se ilustró con el caso de Colombia. Se partió de la base (modelo 1 general) de que Colombia reúne la morfología peculiar de tres sociedades. Y de que el despliegue de la sociedad-Estado surgió de la institución-premio de la Encomienda. De ella también brotó su sistema de Justicia Social y de Administración de Justicia.
 
 

 
Conforme a la influencia de las condiciones iniciales sobre la evolución de las instituciones (proposición 2), la institución-premio de la Encomienda fue fundadora de la captura del Estado y de la ética de la cooptación con la creación de la Federación Nacional de Cafeteros FNC en 1927 y del Frente Nacional 1958-1986 (Revéiz 1989, 74). También fue fundadora de la ética de la concesión –baldíos y concesiones bancarias antes de los 90’s (12) y privatizaciones y concesiones en todos los sectores– que facilitó la instauración del modelo neoliberal.

Al conferir a las instituciones el factor predominante de la calidad del desarrollo a largo plazo, se muestra que la Encomienda como principal estrategia colonial hispánica –diferente de la anglosajona que hizo tabla rasa de lo existente–(13), definió la autoorganización y la fractura del Estado y sus instituciones. Dio comienzo a las diferentes generaciones de los encomenderos con variantes –generaciones– de concesiones y peculiares sistemas de la cooptación y de la captura del Estado (primera parte).

Los CCC resultantes de la Encomienda cimentaron instituciones claves como las concesiones de baldíos y de las tierras y los conflictos sobre la tierra durante el siglo XX y hasta hoy. Estuvieron en el origen de la estructura gremio-región-producto, que ejerció un gran poder de regulación de la política macroeconómica entre 1950 y 1990. Estructura que se explica por la mayor especialización de la economía en el orden regional que en el nacional. Las reformas del CW rompieron este modelo de capitalismo político (14)

El Modelo Local.





En la búsqueda de un análisis integral de la justicia, se presenta una calificación de la trayectoria de la justicia entre 1927 y 2003, según su grado de politización y líneas de captura y criminalidad (Cuadro 35) (ilustra los
modelos 3, 4 y 5 generales).

En el modelo se reúnen las teorías, hallazgos e indicadores que revelan cómo la Administración de Justicia –en parte la Justicia Social– afecta el desarrollo colombiano.

El principal indicador de la Justicia Social es la concentración de la tierra (9); y los indicadores de la Administración de Justicia son el Indice de la Tasa de Cambio Moral (1), la investigación y sanción de entidades públicas (2), la instrucción de sumarios e impunidad (3), el crecimiento del narcotráfico (4), el crecimiento de redes de guerrilla y paramilitares (5), los delitos contra la vida y la propiedad (6), la línea de captura (7) y la capacidad de los agentes para sobornar el Estado (8).

El examen del conjunto de las redes y las variables por períodos permitió –a partir de las opciones y el código de comportamiento cultural que tienen los grupos dirigentes y los ciudadanos frente a la justicia– tener una visión global del contencioso de la justicia.

La indagación por los períodos permitió registrar que todos los resultados de las redes cooptadas e ilegales-criminales se encuentran en los rangos entre 0 y 40. Los períodos de más bajo puntaje son el de la violencia (1927- 1958) y el del crecimiento del narcotráfico y de los carteles de la droga (1985-1990). Los períodos del Frente Nacional Largo (1958-1982) y el posterior a la promulgación de la Nueva Constitución de 1991, registraron un mejoramiento leve de la Administración de Justicia.

La conclusión global del análisis por períodos es que el sistema osciló entre la ausencia de institucionalidad para construir un régimen de justicia eficiente, igualitario y sin impunidad (0) y la intencionalidad baja y permisiva para lograrlo.

El análisis de la bifurcación en Colombia de las líneas de criminalidad y de captura del Estado se hizo entre 1900 y 2003. Se incorporaron los episodios más dramáticos de la violación de los DDHH y del DIH, en contraste con las Reformas Constitucionales, Leyes y Decretos que, sin proponérselo, favorecieron la criminalidad y la captura. Se examinaron también las crisis que cambiaron las relaciones de poder entre las sociedades y redes C, NC, IC (Gráfico 31).

 
Referencias

(1) En Colombia existen tres sistemas legales e ilegales de justicia, geográficamente superpuestos: el sistema institucional, que se aplica efectivamente en un 70% del territorio; el “sistema ilegal de justicia” de los grupos armados al margen de la Ley (guerrilla, paramilitares), que tenía presencia en 622 municipios en 1995; y el de las comunidades indígenas, que en el 2002 se componían de 785.356 personas, quienes representaban el 1,8% de la población del país y se dividían en 82 etnias diferentes. Ellas contaban con territorios legalmente reconocidos y delimitados, de propiedad comunal de 308.161 km2, casi el 27% del territorio nacional. Véase Banco Mundial (2003, 695 y subsiguientes, capítulo 28).

(2) Veinticinco presidentes de América Latina han sido investigados por escándalos de corrupción durante esa década: de Paraguay, Juan Carlos Wasmosoy (1993-1998), Raúl Cubas (1998-1999) y Luis González Macchi (1998-2003); de Ecuador, Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000); de Guatemala, Jorge Serrano Elías (1991-1993) y Alfonso Portillo (1999-2004); de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000); de Nicaragua, Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (desde 2002); de Honduras, Rafael Callejas (1990-1994); de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992); de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1974-1979, 1989-1993); de Colombia, Ernesto Samper (1994-1998); de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000); de Argentina, Carlos Saúl Menem (1989-1999); de Bolivia, Hugo Bánzer (1997-2001); de El Salvador, Alfredo Cristiani  (1989-1994); de República Dominicana, Leonel Fernández (1996-2000); de Panamá, Myreya Moscoso (1999-2004); de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez (1998-2002). Véase Portafolio (2004a). De éstos, 14 no pudieron terminar su mandato.

(3) En términos macroeconómicos, un número substancial de políticas, de regulaciones y Leyes fueron capturadas por intereses creados, compinches de Suharto, lo que derivó en la corrupción de numerosas políticas durante el “nuevo orden”. Véase Partnership for Governance Reform in Indonesia (2001).

(4) La Asociación (World Bank, United Nations Development Program, UNDP, and the Asian Development Bank, ADB) definió 10 sectores: Judicial reform, Civil service reform, Electoral reform, Legislative reform, Civil society, Corporate governance, Police reform, Anti-corruption, Information and media, Decentralization.

(5) Hemos armonizado el enfoque de Cárdenas, que insiste en el impacto del crimen y la violencia, con el de Jorge Iván González, que reclama el papel del impacto de la exclusión sobre el crecimiento. Véanse Cárdenas (2002) y González (2003a)

(6) Véase análisis bibliográfico de Jorge Iván González (2003a).

(7) Véanse Adelman (2002) y análisis en Revéiz (2004, 82-85).

(8) Véase Cuadro 35.

(9) Rubio (1998). También véase Rubio (2004).

(10) Traducción libre.

(11) Walras (1936a y 1936b).

(12) Revéiz (1989, 48).

(13) Acemoglu, Daron, Jonson and Robinson (2001). Y Acemoglu (2004).

(14) Ocampo y Revéiz (1980. 329). Véase también Revéiz (1989, 151– 230), capítulo II: El Capitalismo
Político en Colombia: las Luchas políticas y el modelo de acumulación cooptado (1950-1986).