3/12/2015

Posconflicto, Democracia o Cooptación

Posconflicto,  Democracia o Cooptación


1.      Nuevo país, viejos problemas.


1.1.   Cooptación o Democracia.

El territorio de Colombia como su sociedad están fragmentados, cooptados y son excluyentes. Nuestro Estado está cooptado por grandes lobbies y grupos legales e ilegales. La fuerza unificadora es la corrupción, su “pegante” simbólico ad hoc principal. La violencia, la codicia, la corrupción, la política de los señores de la guerra y el cambio climático son amenazas para la democracia, la unidad nacional y el territorio.”[1]
El reto es romper lo que Pecaut llamó ¨Una lucha armada al servicio del statu quo social y político¨[2], o sea las prácticas y mecanismos que sirvieron de “cadena de custodia” a la clase política corrupta para impedir el cambio democrático. Por ejemplo, el ritual de condenar toda protesta democrática como ligada a los grupos subversivos para impedir cualquier cambio justo. Dependiendo de los mecanismos de administración de justicia y de justicia social que se escojan (que  no perpetúen la impunidad), el país podrá escoger un rumbo democrático. Este rumbo será más legítimo y eficiente si se realiza dentro del marco de un Pacto por la Paz, con amplia participación de la sociedad civil como lo han propuesto algunas fuerzas políticas.       

No debe olvidarse que la historia colombiana ha sido de cooptación para mantener el statu quo social y político, dentro de una economía estable:

El posconflicto resultante de los acuerdos de La Habana deben entenderse en el marco evolutivo de Cinco grandes episodios de la cooptación que ha tenido Colombia: el intento de la Regeneración (1885-la Guerra de los Mil días) que, de hecho, fue un Frente Nacional abortado entre los conservadores y liberales moderados; el Frente Nacional (1958-1974) que fue la Ca y Coop del Estado por los partidos Conservador y Liberal, con la exclusión de otras fuerzas políticas y sociales; la Constitución de 1991 que fue, de facto , la cooptación del M-19 y otras fuerzas insurgentes, el Quintil-Lame, y el EPL; la cooptación ad hoc del narcotráfico desde la década de los 90’s, que entregó a  los paramilitares y guerrilleros, el poder local; el proceso de paz de La Habana (2013), que, a mi juicio, es una tentativa de cooptación de las FARC para obtener una “paz justa y duradera”.

   1.2.   El proceso de paz: pacto político o ético-político.

El posconflicto debe reconstruir la conciencia simbólica de lo público, que se encuentra en su peor momento por la Co, Ca, Coop E y por la  involución de la democracia en el orden internacional.

Los mercados desplazaron la ética, y las estrategias del posconflicto no surgen como antes de momentos ético-políticos sino de momentos políticos que resultan de los más fríos intereses de la guerra, el dinero y la concentración del poder. Los intereses suplantaron los valores. Como el proceso, a mi juicio, es más de cooptación que de fortalecimiento democrático, el margen de acción es restringido. La pregunta fundamental es, si el objetivo principal será  modificar el modelo de Autorregulación y de Capitalismo Mafioso dominado por el sector financiero, los políticos corruptos y los contratistas de obras públicas, o fortalecer un sistema de valores mixto (Estado, mercado y sociedad civil) que utilice plenamente el número de instrumentos de política económica, social y ambiental, de que estos últimos disponen.

Debe contenerse el abuso del y en el Gobierno – del Congreso y la Justicia – y su inclinación adegenerar[3], como lo había advertido Rousseau. Señaló, dos vías por las cuales un Gobierno degenera: cuando se hace más restringido o cuando se disuelve el EstadoSe restringe cuando sus miembros pasan de ser muchos a pocos, es decir, cuando se transforma de democrático en aristocrático y de aristocrático en monárquico[4]. O, lo que sucede hoy, de formalmente democrático a oligárquico. Rousseau opinó también sobre dos posibles formas de disolución del Estado, aplicable a los tres poderes: cuando el gobernante no administra el Estado según las leyes y usurpa el poder soberano. En este caso, el Estado se disuelve y se constituye otro en su interior, compuesto solamente por miembros del Gobierno que ejercen una tiranía. En términos posmodernos, el pacto clientelista rompió el pacto social.

La otra forma de disolución ocurre cuando los miembros del Gobierno usurpan por separado el poder, que sólo deben ejercer corporativamente, lo que constituye no sólo infracción a las leyes, sino el desorden y el caos. Los ciudadanos, al recobrar su libertad natural, se ven forzados pero no obligados a obedecer[5]En términos posmodernos, se establecieron en Colombia dos poderes fragmentados y competitivos: el que se constituye al interior del Estado, legal pero clientelista, ya que hay elecciones pero no representa la legitimidad institucional. El segundo, el de los Señores de la Guerra (fuerzas de ocupación de la democracia), que controlan por la violencia territorios e instituciones, que “gobiernan” separadamente con la Co, Ca, Coop E. Fragmentación que debe prioritariamente ser corregida  en el llamado posconflicto.

    1.3.   Justicia transicional vs. proporcionalidad de la justicia.   

Dos contenciosos de los viejos problemas, deben resolverse.

 ¿Qué tipo de justicia se les debe aplicar a las fuerzas que participaron en el conflicto cometiendo actos ilegales y criminales e incluso de lesa humanidad? Las he llamado fuerzas de ocupación de la democracia (los políticos corruptos, los narcotraficantes, los paramilitares, los guerrilleros, las Bacrim, los empresarios y latifundistas financiadores de la violencia, los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos de lesa humanidad, los falsos positivos,...).  

El hecho que se sepan o confiesen los delitos, no constituye la pena, como inexactamente se ha entendido en la cultura colombiana. Si no hay castigo por los crímenes graves y de lesa humanidad, la llamada justicia transicional se convierte en impunidad. Las amnistías y los indultos- la primera borra los procesos y la segunda condena y perdona- han sido 88 entre 1820 y el 2001 sin  frenar la violencia inercial[6] y la mentalidad depredadora. Debe haber pena para todos, incluida la clase política corrupta que tuvo en la guerrilla su “cadena de custodia” para impedir por subversivas muchas reivindicaciones sociales o políticas legítimas.       

Concebir la confesión como pena abre la posibilidad de amnistiar, por simetría, a los políticos ligados al paramilitarismo…[7]De allí, la importancia de no “intercambiar impunidades”[8].
Es la  diferencia marcada de un proceso de paz como momento-político­ – que se basa en el frío negocio de la redistribución de las ventajas y de los costos políticos, económicos y territoriales – de un proceso ético-político­, en que se respetan y potencian valores morales. En el primero, hay negociación – quién sabe, si arrepentimiento – en el segundo, hay primero arrepentimiento y, sin conocer el resultado final, después la negociación. Lo cual sería congruente con la teoría de la justicia de Rawls.

Por otro lado, en las últimas décadas hemos tenido tres visiones morales de la justicia y tres justicias territoriales, que deben ser corregidas.

     La primera, consintió de manera ad hoc la violencia en nombre de la justicia social. Fue el periodo épico revolucionario de los 60´s del siglo pasado, que no tuvo respuesta ni sanción contundente del Estado, pero sí aceptación implícita de grupos de la población.
     La segunda, ante el aluvión de la violencia, se imploró por la administración de justicia influenciada por la ideología neoliberal de despreciar la desigualdad y aceptar los privilegios. Muchos de los jueces estaban dedicados a proteger las coerciones de los banqueros contra los usuarios, al tiempo que los tres poderes cerraron los ojos frente a las acciones ilícitas que se hacían¨ en defensa de la seguridad ciudadana¨.
        La tercera, al registrar elevados costos humanos y fiscales, se recurrió a la justicia transicional, la impunidad calculada para los Señores de la Guerra, que permitiera perdonar sin límites a todas las fuerzas de ocupación de la democracia (políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, Bacrim,...), como lo ha propuesto el ex presidente César Gaviria. Esto mal gobernado permitirá permanecer en el poder a dichas fuerzas, en vez de dar espacio a otras fuerzas honestas, en otro ciclo político del eterno retorno en la historia de la cooptación nacional.

El sistema territorial de justicia deja de lado el espíritu republicano de universalidad de la justicia, es un pacto entre el antiguo orden y el nuevo orden. Con la violencia inercial han coexistido tres sistemas territoriales, que es necesario modificar: el sistema institucional universal cooptado, que atraviesa fuerte crisis de legitimidad y eficiencia; la justicia indígena más estable;  y la “justicia” ilegal-criminal con sus pactos económicos y botines que consigue con el desplazamiento forzoso, las masacres, el robo de tierras y el narcotráfico recordando las estructuras mentales de la Conquista.

Debe hacerse un análisis imparcial de las fallas que ha tenido la justicia transicional estudiada en Sudáfrica y Ruanda[9]En Sudáfrica, casi todas las recomendaciones sobre rehabilitación y reparación, propuestas por la Comisión de la Verdad, fueron ignoradas. Se realizó un único pago de reparación de US$5.000 a las víctimas; la Agenda de reformas económicas y sociales no se instrumentó y la violencia dejó un promedio de 50.000 muertos al año. En Ruanda – donde los hutus asesinaron a cerca de 800.000 personas en 100 días en 1994 –, un Tribunal Internacional creado para examinar los crímenes por el genocidio sólo emitió condena en 62 casos y gastó más de 2.000 millones de dólares. Los errores deben hacer pesar los mecanismos en el caso de Colombia, ya que hubo falsos testigos, falta de debido proceso y prelación de la reconciliación sobre la justicia.      

      1.4         El ajuste adaptativo de la justicia: la impunidad, el desequilibrio de los poderes, las amnistías y la Tasa de Cambio Moral.

El posconflicto ofrece la posibilidad de realizar una reforma global a la justicia, que cauterice estos viejos problemas. Deben cambiarse más las personas que las instituciones. Una renovación total de la élite. La impunidad en la administración de la justicia con relación a los delitos contra la vida, la honra y la propiedad de los ciudadanos, se convirtió en catástrofe sistémica en Colombia y en muchos países. En Colombia existe 90% de impunidad en los delitos.

                             La impunidad en la administración de la justicia. 

La impunidad califica situaciones en que la administración de justicia deja de aplicar o aplica incorrectamente las normas que en materia penal regulan la investigación, juzgamiento y sanción de conductas descritas en la ley penal como delitos[10]. La reforma debe incluir el periodo pre-constitucional o pre-legal en que los políticos corruptos manipulan la confección de la ley por intereses personales o de grupos criminales – la fabricación de la impunidad y el tráfico de sentencias – que hace perder legitimidad política a las normas.

         La Relación de la justicia con el ciudadano:

   La impunidad es horizontal y transversal.

Horizontal, se refiere a los grandes, medianos y pequeños delitos impunes; a los grandes delitos impunes, caracterizados por los genocidios de IC y de los sectores descarriados de las fuerzas armadas (los falsos positivos), el despojo violento de la propiedad rural de los campesinos que encubiertamente garantizaron muchos notarios.

Transversal, se refiere a los genocidios y delitos que están en la conciencia de la historia republicana, y se han convertido en verdaderas “criptas”, quitándole confianza y legitimidad a la clase política. El asesinato de Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914, que capturó a dos carpinteros como autores materiales, pero nunca llegó a identificar los autores intelectuales. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948, que inició la época de La Violencia bipartidista, identificó el autor material, pero nunca los autores intelectuales. El asesinato de Luis Carlos Galán, tras múltiples amenazas por los carteles de la droga, se consumó el 18 de agosto de 1989 y sólo está preso el político Alberto Santofimio como autor intelectual.
 Las familias de quienes fueron injustamente acusados del crimen de Galán, al crearles pruebas falsas con el fin de desviar la investigación, 25 años después esperan las disculpas públicas del Fiscal General de la Nación[11]. Jaime Pardo Leal, quien había denunciado alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo, fue asesinado el 11 de octubre de 1987. Con este hecho, se inició el genocidio de 4.000 miembros de la UP en las dos décadas siguientes según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.  
         La perversión de los mecanismos de la justicia y la política: el rompimiento del equilibrio de los poderes del Estado, las amnistías sin arrepentimiento y reparación, la Tasa de Cambio Moral.

                 La ruptura del equilibrio de poderes del Estado.

Tras la globalización se han fortalecido los regímenes democráticos[12], pero al mismo tiempo se ha vulnerado el principio del juego de contrapoderes: se ha convertido en un fenómeno mundial, que facilita e incentiva la Co, Ca, Coop, E. Contradice el principio que “el equilibrio entre el poder, que siempre tiende a extralimitarse con egoísmo, y la ley, que lo refrena y opera como agente moralizador, se llama justicia[13].

La gobernabilidad va más lejos que el pacto amañado o la mascarada – mermelada – entre el Ejecutivo y el Congreso. La primavera Árabe, los Indignados en España, Syriza en Grecia, Estados Unidos, Brasil,… muestran la importancia que tienen los poderes del Estado de concertar directamente con la sociedad civil, y no necesariamente a través de sus intermediarios corruptos y cooptados. 

Las élites gobernantes de Colombia y otros países utilizan tres mecanismos regulatorios ad hoc de la justicia para defender sus intereses, sortear las crisis y perpetuarse en el poder. 

a.        La concentración del poder presidencial y su control sobre el Congreso y la justicia a través de la Co, Ca, Coop E, el poder clientelista y el uso del presupuesto nacional. Desde 1989, describí esta práctica en Colombia bajo el concepto de “Reglas ad hoc que producen efectos de control-anulación” entre los tres poderes del Estado, a favor del Ejecutivo[14]
b.       El manejo político de las amnistías después de feroces guerras para borrar los delitos de genocidios, corrupción y robo de tierras. La impunidad de los gobiernos y de la clase dirigente ha sido la forma privilegiada de regulación social durante los últimos 180 años. Se ha materializado en el otorgamiento de 88 indultos y amnistías entre 1820 y el 2001. Un indulto o amnistía cada dos años, el más corto de todos los ciclos económicos sociales y políticos. Haciéndose extensivo a los delitos comunes, no ha conseguido la paz sino que la impunidad ha incentivado la sofisticación de la violencia, convirtiéndola en una alternativa rentable y ha diluido los fundamentos de la autoridad del Estado[15].
c.        La Tasa de Cambio Moral, que formulé en 1997, ha sido el principal mecanismo regulatorio usado para la elección o reelección de los presidentes de la República durante los últimos 25 años.
¿Sobrevivirá en el posconflicto?

               La Tasa de Cambio Moral.


Édgar Revéiz
El Estado como Mercado (1997). pág. 450
El Estado Lego y la Fractura Social. (2007). pág.458
Fragmento
TASA DE CAMBIO MORAL: Es la aplicación de la teoría económica convencional al entendimiento de la evolución de la justicia. Con esta tasa se quiere significar el cambio relativo en la preferencia social que han tenido los gobiernos de los últimos 25 años respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos: narcotráfico, subversión, cuello blanco, terrorismo, secuestro, patrimonio económico. Este último delito se toma como numerario o base de la comparación. Se confronta luego con la eficacia en la Administración de Justicia y con variables internacionales.

Sus mecanismos y efectos han sido:

 Primero, la Tasa de Cambio Moral es un componente de la economía política de la justiciaLa oferta de cambio de las penas a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos corruptos por los candidatos a la elección presidencial (Betancur 1982, Gaviria 1990, Samper 1994, Pastrana 1998, Uribe 2002, Santos 2014) se convirtió en un “mercado de la justicia”, ya que facilitó y aseguró el triunfo de los candidatos sin que la paz se hubiera podido obtener[16].

 Segundo, la Tasa de Cambio Moral es en Colombia un mecanismo de ajuste de la economía en recesión, sustituto de la devaluación. La élite gobernante utilizó a la justicia por lo menos en tres coyunturas (la Apertura del Gobierno de Gaviria, la negociación con los paramilitares después de la crisis económica de 1999, el Gobierno de Uribe y la negociación de La Habana) como instrumento de ajuste del sector externo para reactivar la economía[17].

Las amnistías cambiarias y patrimoniales de los 90’s, unidas a la política de sometimiento a la justicia en favor de los capos del narcotráfico, la eliminación de la extradición y la protección al sector financiero operaron como un crawling peg moral o Tasa de Cambio Moral, cuando las instituciones desfallecían. Medidas que propiciaron la prodigalidad de capitales, ya que se borró la frontera entre la legalidad y la ilegalidad. Tras esta decisión se expandió aceleradamente la economía del narcotráfico en detrimento del interés nacional[18].

Igual expediente empleó el Gobierno de Uribe cuando promovió la Ley de Justicia y Paz, que le confirió exageradas ventajas jurídicas a los paramilitares, sin contraprestación ni compensación justa a las familias afectadas y al país. El uso de este instrumento está limitado por el desprestigio que los paraísos fiscales tienen después de la crisis financiera de 2008. Para financiar el posconflicto el Ministro de Hacienda deberá presentar una estrategia clara y viable de poner impuestos a los 50.000 millones de dólares de colombianos guardados en los paraísos fiscales[19].  

    1.5 Justicia social y administración  de justicia.

 Cómo responder, de otro lado, a la doble y confusa crisis que surgió entre la Justicia Social y la Administración de Justicia, su juego dialéctico, las dos caras de Janus o la coincidentia oppositorum que tiene la peculiaridad de ser una visión complementaria de la misma realidad. O sea ¿cómo manejar estrategias integradas y mecanismos apropiados para lograr justicia social  y administración de justicia?

La justicia social, se reforzó en los años 50’s con las teorías del desarrollo, que se instrumentaron a través del gasto público y, en muchos casos, con fallidas políticas sociales. Se confirió después prelación a mejorar la administración de la justicia en vista de su ineficacia, por la acumulación de un inmenso número de delitos sin fallos. La confrontación entre los bloques geopolíticos, el capitalista y el comunista, entre 1950 y 1990, concedió prelación a la justicia social como instrumento de cambio político interno de los Estados-Nación. Tras la caída del comunismo la justicia social se transmutó en administración de justicia. Ya no era necesario usar estratégicamente la justicia social para contrapesar la amenaza comunista.

Se introdujo de manera formal o ad hoc un paso legal más para acceder a la justicia social, por la impresionante expansión de los derechos sociales frente a las limitadas capacidades estatales y privadas para satisfacerlos, en condición de equilibrio fiscal. Se crearon sistemas sociales de salud y educación pública de baja calidad y con racionamiento para acceder a ellos.

En la Constitución de 1991, la justicia social se construyó desde el ángulo de la lógica de los derechos. Más delante Piketty formalizó esta concepción, así: “la redistribución moderna está construida alrededor de una lógica de derechos y del principio de igualdad de acceso a un cierto número de bienes considerados fundamentales” [20].  Sin  embargo, no se estableció y practicó en los grupos de interés y en la ciudadanía la simetría en el cumplimiento de la lógica de las obligaciones para financiar estos bienes fundamentales (pago de impuestos sin evasión fiscal, eliminación de los privilegios y de la inmunidad fiscal, proliferaron los déficits fiscales,…)[21].  

En el posconflicto coinciden los viejos problemas de la deuda social y los nuevos de la reparación del conflicto. El resultado global será el déficit fiscal en un escenario de pérdida de ingresos fiscales por la caída de los precios internacionales minero-energéticos, la menor tasa de crecimiento de la economía y las mayores demandas sociales, políticas y ambientales que, de hecho, genera  el posconflicto.

Quiero recordar que la mal llamada “deuda social” obedece  a diferentes factores:

  • Es resultado del pensamiento humanista y de la filantropía que busca respetar la dignidad humana y los Derechos Humanos, mejorar el bienestar de la población y su IDH, en beneficio del bien común.
  • Es, al mismo tiempo, corolario de la justicia social, preconizada por Rawls con los principios de igualdad de oportunidades y de la diferencia, que buscó restablecer la legitimidad del juego en el sistema capitalista.
  • O, desde el ángulo de Nietzsche, la justicia como igualdad, que es un trueque que nace del instinto de conservación cuando no hay superioridad netamente reconocible en el conflicto, ya que la confrontación llevaría a enormes pérdidas reciprocas sin resultado positivo, y se impone la cooperación. Nuestro proceso de paz de La Habana.
  • Está, en muchos casos, manipulada por políticos y empresarios buscadores de rentas públicas con gran influencia en los presupuestos de las naciones, que intentan sacar ventajas de los conflictos con la carga ideológica de la deuda social. La estructura clientelista en Colombia. 
  • Desde el ángulo de la lógica de los derechos, “la redistribución moderna está construida alrededor de una lógica de derechos y del principio de igualdad de acceso a un cierto número de bienes considerados fundamentales[22]” sin que se estableciera y practicara en los grupos de interés y en la ciudadanía la simetría en el cumplimiento de la lógica de las obligaciones (pago de impuestos sin evasión fiscal, eliminación de los privilegios y de la inmunidad fiscal,…) Piketty formuló la primera parte de la oración basado en el caso europeo, en donde hay responsabilidad del ciudadano en la tributación. En América Latina, particularmente en Colombia, es importante la segunda parte de la oración por la fuerte estructura de la Co, Ca, Coop E y la evasión fiscal. 
  • Es también una compensación de las élites mundiales (dejarse poner impuestos) con los Estados-Nación y los pobres por haberse enriquecido con la Co, Ca, Coop E, al concentrar y centralizar el poder financiero mundial y empobrecer los países con la crisis de 2008.
  • Los Estados de la etapa del desarrollo tenían más capacidad de poner impuestos a los ricos (al 1% de Stiglitz y al 0.01% de Piketty) que los Estados posmodernos que deben pedirles permiso para poner impuestos, ya que los Estados se privatizaron. 
  • Obedece también a las reparaciones justas originadas por las pasadas y recientes guerras internacionales, por las guerras internas, las expropiaciones, los desplazamientos de la población, o los graves daños originados por los bloqueos internacionales como el que hizo Estados Unidos a Cuba por 50 años[23].
  • Las reparaciones que debe proveer la fuerza de ocupación de la democracia (políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares[24], guerrilleros, latifundistas, funcionarios y militares descarriados,...) a los más de cinco de millones de colombianos que se han declarado víctimas del conflicto se convertirán en déficit fiscal, lo que augura graves dificultades económicas en los próximos 10 años, ya que la ayuda internacional será limitada por la crisis mundial.     
 Fuente: Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 2015.

  1.6.   Polémica en torno a la prioridad conferida a la desigualdad o a la pobreza.

El posconflicto es una oportunidad para revisar la estrategia de lucha contra la pobreza, en la cual se ha avanzado en Colombia. La pobreza se redujo de  41,6% a 29,3 % entre julio de 2008 a junio de 2014, con fuerte diferencia entre las cabeceras y el resto de los municipios. La pobreza extrema también descendió de 15,8% en 2008 a 8,4% en 2013, también con fuerte variación urbano-rural[25]. Esta exitosa estrategia se podrá ver frenada por la caída de los precios internacionales del petróleo y, en parte, deberá ser financiada con impuestos a los estratos más ricos o con deuda pública, según las propuestas de Piketty (el impuesto al patrimonio y a los dividendos). El grado de maniobra se reducirá considerablemente en los próximos diez años mientras las políticas de diversificación de la economía pudiesen tener efecto.

Según los análisis de Juliana Londoño et al, existe margen de acción para mantener una política más suave de reducción de la pobreza y para iniciar la reducción de la desigualdad:
1) el ingreso está altamente concentrado: el 1% más alto captó más del 20% de ingreso total en 2010, el mayor nivel de desigualdad en cualquier año reciente de la muestra WTID;
2) los individuos de altos ingresos son, en esencia, rentistas y propietarios de capital;
3) mientras que las encuestas de hogares muestran que la desigualdad ha disminuido desde 2006, los resultados basados en impuestos muestran que la concentración en la parte superior se ha mantenido estable; cuando los coeficientes de Gini de las encuestas se ajustan para tener en cuenta los ingresos más altos reportados en la declaración de impuestos, la desigualdad es más alta y la reducción de la desigualdad es menos pronunciada;
4) el impuesto de renta poco reduce el alto nivel de desigualdad[26].

  2.      Márgenes de acción de Colombia en el posconflicto.

¿Puede Colombia llegar a ser un país “normal”, o de “Buenas Prácticas” en términos de la OCDE? Se analizan los márgenes de acción y el uso de los mecanismos apropiados:  

   2.1   Democracia o Cooptación Política.

Los problemas analizados entre los puntos 1.1 y 1.6 son de tal magnitud y complejidad que precisan de un nuevo Pacto Social, o sea del mecanismo de una Asamblea Constituyente, más que aprobación por Referendo. En mi concepto esta Asamblea deberá recoger y profundizar los avances de la Constitución de 1991, con una primera misión de limpiar el ejercicio de la política.

    2.2   Política macroeconómica:

El informe de la OCDE “Colombia 2015”, reconoce cierta solidez macroeconómica (control de la inflación ajustada a las metas del Banco de la Republica, desempleo en descenso, tasa de crecimiento de la economía aceptable) y prioriza recomendaciones como 1) mantener una fuerte estructura macroeconómica; 2) monitorear el desarrollo del mercado de la vivienda y el Plan PIPE (Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo) y los subsidios a los préstamos  hipotecarios así como las exenciones que se hacen al ahorro en propiedad raíz y; 3) instrumentar gradualmente la consolidación fiscal, en línea con la regla fiscal del Gobierno, por el aumento de los recaudos de los impuestos.
El escenario relativamente optimista de la OCDE, no refleja la gravedad de la situación.
El año 2015, es en realidad un año de prueba de esfuerzo y de ajuste del modelo macroeconómico – necesaria diversificación de la economía y eliminación de la desigualdad –, por la caída dramática de los precios del petróleo a 50 USD$, el alto déficit estructural en cuenta corriente (4,6% del PIB con el dólar a $1.800 y 5,8% del PIB con el dólar a $2.565[27]), el aumento vertiginoso de los precios reales de la vivienda que se duplicaron desde 2005, la fuerte devaluación y el elevado nivel del crédito de consumo. El incremento de la deuda externa del Gobierno y el alto servicio de ésta, que en 2015 alcanzará más de 2 puntos del PIB.
Se requiere, además, una reforma tributaria estructural que en esta ocasión deberá afectar necesariamente a quienes capturan el Estado y tienen sus capitales en los paraísos fiscales. Además, prioridad inaplazable, el combate frontal de la Co, Ca, Coop E en los diferentes órdenes territoriales,  que minó la confianza de la población en sus dirigentes[28]. Difícilmente, se podrá pasar de una tasa de inversión de 28,8% del PIB (Línea de base 2013) a 30,5% del PIB en 2018 ya que con la disminución de los precios del petróleo, la principal afectada es la inversión.   

    2.3   Política fiscal:

El núcleo central del nuevo Pacto Social es la reforma tributaria estructural y el manejo limpio de los presupuestos públicos, en los diferentes órdenes territoriales. El siguiente cuadro resume las propuestas de la OCDE, que asumimos como necesarias, adicionadas de nuestras propuestas personales.

Las regularidades tributarias de Colombia, que deben ser reformadas según la OCDE:
  • Los impuestos penalizan a la inversión, y las tasas del impuesto de renta a las empresas son demasiado altas.
  • El sistema tributario no reduce la alta desigualdad de los ingresos (el Gini de ingresos de mercado es igual a aquel después de impuestos).
  • Generosas exenciones y deducciones favorecen principalmente a los ricos: las pensiones altas y los dividendos exentos de impuestos.
  • Múltiples exenciones y regímenes especiales. 
  • La informalidad, el conflicto armado y la evasión tributaria han reducido los ingresos fiscales.
  • La evasión fiscal, como parte de la Co, Ca, Coop E es la causa principal de la inestabilidad tributaria.
  • La tasa de evasión del impuesto a la renta de las personas y de las empresas 50%.
  • La evasión del IVA en AL, fluctúa entre 11% en Chile y 38% en Nicaragua, con promedio del 27,6%, la mitad de la tasa de evasión de los impuestos a la renta.
  • En  Colombia la evasión del IVA es del 25% y representa 2% del PIB (el FMI la calcula en 40%).
  Recomendaciones propias:
  • IC es la subsociedad que menos tributa, más gasto público genera para combatirla y frena la inversión productiva a largo plazo.
  • Evasión en los paraísos fiscales (50.000 millones de dólares de activos).
  • El gasto está capturado por el clientelismo y la Co, Ca, Coop E.
  • El sector terrateniente no paga impuestos.
  • La falta de legitimidad de la clase política por la Co, Ca, Coop E y la ausencia de legitimidad de imparcialidad, coadyuvan a esta evasión fiscal.
  • La cultura de la evasión está empotrada en AL, menos de la mitad de los latinoamericanos consideran que la evasión es un acto injustificable.
  • De acuerdo con el Banco Mundial la evasión fiscal del IVA en Colombia oscila entre 35% y 40%. O sea, que con un recaudo de 25,2 billones en 2013, la evasión alcanzó 10 billones.  La evasión en renta fue del 50% con referencia a un recaudo de 46,2 billones de pesos.
    

   2.4   Visión sinérgica de la distribución.

La amenaza global más devastadora, es la concentración en los Estados-Nación y en el “orden mundial” de la propiedad y el ingreso, el poder y los riesgos.
De allí, las estrategias fallidas durante los últimos 50 años de la redistribución del patrimonio, el ingreso, el poder y los riesgos.
En Colombia se formularon sin voluntad política, en forma secuencial, desarticulada y carente de sinergia, estas estrategias:
         De la propiedad. Se instrumentó por la Alianza para el Progreso en los 60’s por la política de John Kennedy, pero la reforma Agraria fallida impidió dicha redistribución en el mundo rural, cuyos costos en violencia son palpables hoy.
         Del ingreso. Se fomentó por las generaciones de reformas tributarias entre los 70’s y el 2010, con aumentos en el NBI, pero fracaso en la redistribución monetaria del ingreso.
         Del poder. Con la Caída del Comunismo y la Constitución de 1991, se dio prelación a la redistribución del poder decisorio con instituciones de democracia participativa. Sus resultados han sido parciales y frustrantes y prueba de ello es el rechazo a los políticos y el conflicto armado que se está negociando con las FARC y el ELN.
         De los riesgos. Se fomentó el paso del Estado Providencia al Estado Regulador de Riesgos, vulnerando los derechos de los trabajadores, de los campesinos, estudiantes y empresarios por no adoptar procesos de concertación nacional para la toma de decisiones como los TLC’s y las reformas a la salud y a la educación[29].

   3.       El plan Nacional de Desarrollo (2014-2018).

Aunque el propósito del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018): “Todos por un país” es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, sugiere que el proceso de paz tendrá éxito y que en el posconflicto podrán participar todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, el Plan 2014-2018 parece diseñado como el “segundo tramo de una reelección”.

No se trata de una nueva visión de Colombia y no incorpora claramente los puntos de acuerdo que hasta el momento se han logrado en La Habana. Es un Plan Puente para finalizar un mandato presidencial con estrategias positivas y apreciación correcta de la realidad:

“La firma de un acuerdo de paz en La Habana no implicará automáticamente el fin de toda forma de violencia. Así lo reconoce este Plan Nacional de Desarrollo. Un acuerdo de paz implica enormes retos para la reintegración de los excombatientes, y no nos exime de continuar la lucha contra las organizaciones del crimen organizado y sus finanzas. Los retos del posconflicto son enormes. Pero un acuerdo de paz sí tendrá un efecto de suma importancia: deslegitimará la violencia y validará la democracia”[30].

Creo que la democracia no se valida sólo con un acuerdo mecánico de cooptación – lo mismo, más un número de curules para las FARC –, sino con una estrategia contundente de lucha contra la Co, Ca, Coop E en los tres poderes del Estado, que cree una confianza mínima en los ciudadanos.

Las cinco estrategias transversales del plan son importantes, pero insuficientes.

   3.1   La infraestructura y la competitividad estratégicas:

Es cierto que son necesarias para fomentar el crecimiento, el desarrollo humano y la integración y conectividad entre los territorios de la nación. Tengo serias dudas sobre la eficacia del programa de infraestructura de transporte Cuarta Generación (4G), que el Gobierno Nacional incorporó en el plan 2014-2018.
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI debió recoger y enfrentar las prácticas de Co, Ca, Coop que tienen los grandes contratistas sobre las agencias del Estado y los políticos, entre ellas Invías, el INCO y el Congreso. Es un error negociar con los mismos contratistas que ya fracasaron en la construcción de obras públicas de las tres anteriores Generaciones y que le hicieron grave daño a la ingeniería nacional.  
Es urgente, para combatir la Co, Ca, Coop E y asegurar la eficiencia de las obras, estudiar la viabilidad de ejecutar macrocontratos de sistemas públicos llaves en mano entre Estados – Ejemplo Dubai,…– en el cual el Estado ejecutor de las obras asume los riesgos tecnológicos, de cumplimiento, cambiarios y de corrupción. Se podrían hacer concesiones – por ejemplo a cincuenta años – para realizar sistemas viales y de transporte como el Metro, sistemas regionales de aeropuertos, redes de transporte multimodal con la supervisión del Estado colombiano. Se aseguraría que el Estado-Nación contratista use contratistas locales y polos de I&D, bajo su responsabilidad para transmitir el Know How y los estándares de excelencia internacional, el uso de mano de obra local, la capacitación de ingenieros, técnicos nacionales y de la ciudadanía en el manejo y uso logístico de los servicios públicos[31].

    3.2   La estrategia de Movilidad social:   

Con sobrada razón, es uno de los pilares del Plan centrado en la salud, la educación y el empleo. Quiero insistir que las fuerzas de ocupación de la democracia, el clientelismo y la Co, Ca, Coop E son el principal freno a dicha movilidad. La movilidad social siempre está mediatizada por intermediarios políticos de muy diferentes tendencias.
La movilidad social está ligada con la redistribución sinérgica del ingreso y el patrimonio, el poder y los riesgos en una lógica de derechos y deberes, y no de subordinación política para el saqueo de lo público. Recuérdese, las experiencias fallidas de la redistribución del patrimonio, el ingreso, el poder y los riesgos, por no tener una estrategia  sinérgica.

    3.3   Transformación del campo y crecimiento verde

Es acertado concentrar prioritariamente las acciones en el área rural, rompiendo las brechas entre el campo y la ciudad en materia de indicadores sociales. Coexisten problemas de pobreza y extrema pobreza, falta de educación y de infraestructura, la persistencia de la violencia y el narcotráfico. No es perceptible una estrategia de desarrollo agrícola y rural dentro del marco de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT).
Ø  La actual guerra interna debilitó a Colombia en las negociaciones con Nicaragua, ya que postergó veinte años la defensa integral de los derechos de Colombia y la elaboración y puesta en marcha de una PNOT que incluyera tanto el territorio continental, las áreas marinas y submarinas, los recursos del subsuelo y el sistema de concesiones, de conformidad con el Art. 101 de la Constitución Nacional.
Ø  La clase política sólo entiende lo territorial como el manejo del SNR y del SGP[32], ya que con ellos ejercen el clientelismo, construyen sus redes de la Co, Ca, Coop E y se auto perpetúan en el poder. Se requiere un cambio de enfoque de percepción de lo territorial con todos los componentes del Art. 101.   
Ø  Aunque el PND identifica acciones en los territorios como resultado de la combinación de cuatro dimensiones analíticas necesarias para identificar brechas en infraestructura de transporte, vivienda, agua potable, educación, salud y capacidad institucional territorial basada en tipologías de municipios y subregiones y que las regiones tienen un eje simbólico articulador del desarrollo de cada una de ellas[33], no existe claridad teórica, ni estrategias apropiadas para integrar el país con base en sistemas espaciales que se puedan gerenciar dentro del marco de la PNOT[34]:

1.                    
La jerarquía urbana nacional, las regiones polarizadas y de planificación.
2.                    
Las redes de ciudades.
3.                    
La red de metrópolis de equilibrio para la globalización.
4.                    
Los sistemas metropolitanos integrados como palancas del desarrollo territorial.
5.                    
La red de ciudades intermedias: de la propagación del desarrollo en las zonas rurales a la prestación de servicios especializados a las empresas.
6.                    
Los puertos de entrada de Colombia a los flujos mundiales de comercio, al TLC, a la tecnología y a la cultura.
7.                    
La dinámica de los territorios y polos industriales y de servicios.
8.                    
La dinámica de los territorios rurales.
9.                    
La dinámica de los territorios de reparación y compensación.
10.                 
Los territorios con base económica, turística y residencial.
11.                 
Los territorios con baja densidad de población y gran potencial económico.
12.                 
Los territorios con altos riesgos de depredación ambiental y de violencia y captura por los grupos IC.
13.                 
Las Ciudades dentro de la Ciudad.
14.                 
De los enclaves mineros y petroleros a las Zonas Especiales Mineras y Petroleras (ZEMP).

Al igual de lo que acontece con el marco fiscal de mediano plazo MFMP (tres años), el Gobierno debería estar en la obligación legal de presentar ante el Congreso y la opinión pública un marco territorial de mediano plazo MTMP, que incluya la evolución de la PNOT de los derechos especiales en el territorio y en el espacio en materia de adjudicación de licencias ambientales, concesiones mineras y petroleras, viales, de puertos y aeropuertos, del espacio electromagnético y del ordenamiento del uso del espacio aéreo[35].

El rezago voluntario de los sistemas de información fundamentales para instrumentar un cambio, ha sido una de las grandes manipulaciones de las élites gobernantes  (catastros desactualizados, falta de empalme entre notariado, registro y catastro, poca sistematización de delitos y procesos judiciales en espera, rezago del SCN en las cuentas de patrimonio y los flujos de ingresos entre los agentes, la carencia de series históricas sobre procesos de privatización y tamaño del sector privado y el Estado,...)

     3.4   Consolidación del Estado Social de Derecho

Es urgente consolidar el Estado social de derecho en los términos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con el fin de “ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia, promover los derechos humanos y garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia para todos los colombianos y colombianas, como bases para consolidar la paz y la convivencia pacífica”. También es urgente crear esquemas de gobernabilidad en todo el territorio para “garantizar la convivencia pacífica, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la desarticulación de las redes de criminalidad y economía ilegal.[36]”  
Sin embargo, este esfuerzo será insuficiente y fallido si el proceso de paz no se construye como un pacto ético-político que elimine la Co, Ca, Coop E, que establezca un equilibrio entre la justicia transicional  y la proporcionalidad de la justicia, que elimine la impunidad y el desequilibrio entre los poderes del Estado y el uso de la justicia para fines políticos. También, que sinérgicamente se  cree un sistema tributario justo y eficiente, en los términos que lo hemos propuesto, para corregir al mismo tiempo la pobreza y la desigualdad dentro de los márgenes de acción realistas que hemos analizado.

3.5   Buen gobierno

La  estrategia “idealista” que propone el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  de buen gobierno está orientada a garantizar la configuración y consolidación de un Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz. Un gobierno que asegure “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”. El enfoque de buen gobierno es el de un Estado como instrumento de redistribución de recursos y oportunidades, esto es, de cierre de brechas. Por supuesto, todo esto en un contexto de estabilidad y responsabilidad macroeconómica y fiscal, como ha sido la larga tradición de nuestra historia económica moderna[37].
Esta estrategia me parece idealista, engañosa e insuficiente, si no se combate la Co, Ca, Coop E y la impunidad generalizada. Si se llega al final del camino a un proceso de paz que sólo institucionalice la cooptación de las FARC, y que asegure que permanezcan actuando y con más poder, legitimadas y lavadas, las fuerzas de ocupación de la democracia (políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, latifundistas, funcionarios y militares descarriados,...) poco se habrá avanzado en este único e importantísimo esfuerzo de paz que ha adelantado el presidente Santos y su Gobierno, y será una frustración para los colombianos.
Por ello creo que es preferible una Asamblea Constituyente a un Referendo  para aprobar los acuerdos de paz. 

   4. la lucha contra la Co, Ca, Coop E y la impunidad y la falta de la PNOT han sido los grandes olvidados del proceso de paz de La Habana.                

   4.1 La lucha contra la Co, Ca, Coop E y la impunidad: Los viejos problemas a resolver.  

    La Co, Ca, Coop E. y la impunidad generalizada.
    La elevada línea de base de la Co, Ca, Coop E y la fragmentación social, que es más alta que en otros países de AL.
    La visión alucinante de la búsqueda del “Dorado”, no superada, o sea de que hay que extraer o depredar los recursos naturales, la visión extractiva.
   El pacto implícito y cultural que existe entre la élite gobernante y buena parte del pueblo necesitado para manejar el Estado con criterio clientelista, financiado por el capitalismo rentístico minero-energético y el narcotráfico, que podrán llegar a su fin si prosperan los acuerdos de La Habana.
   La incomprensión de las élites gobernantes que la redistribución moderna del ingreso y el patrimonio, el poder y los riesgos, es una lógica de derechos y deberes, y no de subordinación política para el saqueo de lo público.
   La incomprensión de que el la PNOT es el mejor instrumento para el control social del territorio.   

Entre los principales riesgos de la nueva cooptación, vale la pena citar:  
                                 i.            No romper la “cadena de custodia” de la economía de mercado con privilegios (exenciones fiscales, privatización P/P y concesiones).
                                ii.            No romper la “cadena de custodia” política que mantiene la Co, Ca, Coop E.
                              iii.            Ausencia de estrategia integral para romper la Triple Sociedad y crear una sociedad civil.
                              iv.            Ausencia de estrategia fiscal, cultural, social para disminuir la desigualdad: sinergia entre distribución ingreso y patrimonio, poder y riesgos.
                                v.            Prioridad a nuevos sectores líderes que reemplacen las rentas minero-energéticas (agricultura, desarrollo rural, industria, logística internacional, salud y parques naturales).
                              vi.            Romper las barreras políticas y regionales que impiden establecer derechos de propiedad plenos y poner impuestos a las grandes propiedades rurales.
                             vii.            Reforma de la cooptación en los tres poderes del Estado.
                           viii.            Riesgos de la Co, Ca, Coop E una vez firmados los acuerdos de paz por las fuerzas de ocupación de la democracia, los “falsos arrepentidos” y los buscadores de rentas en las reparaciones,…
                              ix.            Ausencia de estrategias para mitigar el daño sicológico y moral al pueblo colombiano en 50 años de conflicto (salud mental).
                                x.            Política nacional para mitigar el daño ambiental dentro de la PNOT.
                              xi.            Ausencia de voluntad política y de recursos para fortalecer las Pymes.
                             xii.            Presión insostenible de las finanzas públicas, con bajos precios de commodities en los próximos años.
                           xiii.            Incapacidad política para instrumentar una reforma tributaria estructural y combatir la Co, Ca, Coop E, particularmente la evasión y la “inmunidad” fiscal.
                           xiv.            Fracaso de la gobernabilidad con base sólo en el modelo de las minorías étnicas, religiosas, LGBTI… y no por el concepto de ciudadanía: la lógica de derechos y de deberes.
                             xv.            Riesgos del clientelismo corrupto repartiendo subsidios para auto perpetuarse.

     4.2  creación del Ministerio del Ordenamiento Territorial.

Insisto de nuevo en la creación de este Ministerio, que le dé unidad territorial a las políticas nacionales y desarrolle los acuerdos de La Habana[38]Basado en experiencias internacionales, si se quiere regular con visión estratégica concertada de largo plazo PP la ocupación del territorio y del espacio nacional, es indispensable integrar la visión macroeconómica y sectorial de las políticas PP con otra regional, que sea trasversal y proactiva.

No hay sinergia entre las políticas sectoriales escasamente regionalizadas y no existe un ente regulador al más alto nivel con visión estratégica territorial como la DATAR en Francia- que articule en el territorio las políticas PP de diferentes órdenes territoriales.

Creando el Ministerio del Ordenamiento Territorial (MOT), se podrán coordinar en el territorio nacional  las políticas sectoriales de los ministerios, los proyectos del sector privado, de los municipios y departamentos, y así asegurar la armonía de los POT municipales y departamentales.

Fuente: Revéiz, E. (2013). El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Económicas., pág. 289.

La organización institucional que propongo incluye tres direcciones del Ministerio. La primera, tiene que ver con la coordinación interministerial para la gobernabilidad y el manejo del territorio. La segunda, debería tener funciones de análisis prospectivo, de realización de estudios, observación territorial, evaluación y seguimiento de la PNOT y su relación con los POT departamentales y municipales, presentar al Congreso cada 2 o 3 años la evolución del MTMP en su relación con el MFMP. La tercera, debe incorporar la actual institucionalidad del IGAC, vinculándola en forma armónica con todas las políticas regionales del país.

Con la creación del ministerio, se lograría la armonía de los instrumentos jurídicos para el Gobierno del Territorio: prospectiva, propiedad y concesiones, ocupación y uso de la tierra, participación ciudadana, coordinación del marco regulatorio de los diferentes órdenes territoriales, a más del cierre financiero de las estrategias territoriales.

Igualmente, se armonizarían aspectos claves como la política de transporte multimodal, la descentralización (SGP y SGR), las políticas de innovación y de competitividad, el manejo de los territorios marítimos.

Al integrar el IGAC a la estructura del Ministerio, se aseguraría que los sistemas de información que provee este instituto sean debidamente estructurados y administrados, que contribuyan a resolver los conflictos de propiedad que existen en torno a los baldíos de la Nación y a los ejidos de los municipios, y que la política fiscal se equipare en materia de tributación rural y urbana.





[1] Revéiz, Édgar. El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial, Op. cit., pág. XI.
[2] Pecaut, Daniel. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Feb  2015.
[3] Rousseau, Jean-Jacques. El Contrato Social. Editorial Tecnos S.A., 1988.  Barcelona. Pág. 84.
[4] Idem. 
[5] Idem.
[6] Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 2015.
[7] RCN Radio. Amnistía debe ser para todos: Angelino Garzón. 05/11/2013. http://m.rcnradio.com/noticias/amnistia-debe-ser-para-todos-angelino-garzon-99174
[8] Gallón, Giraldo. La importancia de no intercambiar impunidades. El Espectador. 12 de junio de 2014.
[9] De Currea-Lugo, Víctor. Los errores de la justicia transicional. El Espectador. 17 de noviembre de 2014.
[10] Reyes, Yesid. Impunidad. El Espectador. 9 de mayo de 2014.
[11] El Tiempo. Acusados injustamente del crimen de Galán no aceptan excusas. 31 de enero de 2015.
[12] Ver clasificación de Worldaudit.org en: http://www.worldaudit.org/democracy.htm. Contempla cuatro grupos de países evaluados según 4 indicadores political rights, civil liberties, Press Freedom y Corruption que, sumadas, definen el ranking del país. Sobre 150 países en 2015, Somalia ocupa el puesto 146; Guinea-Bissau 121; Malí 75; Liberia 87; Colombia 81; México 70; Pakistán 109; Federación Rusa 131; Argentina 66; Venezuela 140; Luxemburgo N/A; Estados Unidos 14; Francia 18; Italia 29.  
[13] Emilio, Estiú. La filosofía kantiana de la historia. En: Kant, Emmanuel. Filosofía de la Historia. 1785. Editorial Nova. Buenos Aires (versión argentina, 1958) pág. 26.
[14] Revéiz, Édgar. Democratizar para sobrevivir. Op. cit., pág. 336.
[15] Springer, Natalia. Las opciones de los paras. El Tiempo. 15 de abril de 2005.
Springer se basó en las cifras del profesor de historia Mario Aguilera compiladas en Credencial.
[16] Ver análisis completo en Revéiz, Édgar. El Estado como Mercado. Op. cit., págs. 206-212 y en El Estado Lego y la Fractura Social. Op. cit., págs.423-526.
[17] Asobancaria, a través de su presidenta María Mercedes Cuellar, ha propuesto incentivar el retorno de los capitales en el exterior a través de una amnistía tributaria para resolver el problema fiscal del Gobierno Santos 2014 con un mecanismo como el utilizado en la administración Betancur de garantía de liquidez de los Títulos de Ahorro Nacional emitidos por el Gobierno, pero cuyo manejo fiduciario estaba a cargo del Banco de la República, que permita el ingreso de los capitales de los colombianos en el exterior. Y, al mismo tiempo, establecer normas rígidas contra los paraísos fiscales como las establecidas en Estados Unidos para obligar a tributar a los colombianos que tienen dineros en dichos paraísos o en la banca de los países más avanzados.
Cuellar, María Mercedes. Estructura Tributaria, progresividad y equidad. En: Debate de Coyuntura Económica y Social. Hacia una nueva reforma tributaria. Fedesarrollo. 28 de agosto de 2014.
Junguito, Roberto y Rincón, Hernán. La Política Fiscal En El Siglo XX En Colombia. Borrador de Economía No. 318. Agosto de 2004.
[18]Revéiz, Édgar. El Estado como Mercado. Op. cit., pág. 72.
[19] Semana. Los 50.000 millones de dólares que algunos colombianos guardan en el exterior. 26 de noviembre de 2014. http://www.semana.com/economia/articulo/los-50000-millones-de-dolares-que-algunos-colombianos-guardan-en-el-exterior/407188-3
[20] Piketty, Thomas. Op.cit., La redistribution moderne: une logique de droits, pág. 766.
[21] Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 2015.
[22] Piketty, Op. cit. pág. 766.
[23] En este caso, se intercambia la compensación de los daños sufridos por el bloqueo con los daños que sufrieron ciudadanos norteamericanos con las expropiaciones durante la Revolución en 1959.
[24] Hasta noviembre de 2014 los paramilitares habían entregado bienes por 200.000 millones, pero políticos condenados por nexos de la AUC debían 1,3 billones. Las reparaciones de la guerrilla se negocian en La Habana.
El Tiempo. Fallo contra Mancuso agita capítulo de la “paraeconomía”. El Tiempo. 16 de noviembre de 2014.   
[25] Las cabeceras tenían para junio de 2014 25,6% y el resto de los municipios, las áreas rurales, 41,6% en 2013.
DANE. Pobreza Monetaria Año Móvil Julio 2013-Junio 2014. Boletín Técnico. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_mon_jul13_jun14.pdf
[26] Alvaredo, Facundo y Londoño, Juliana. Altos ingresos e impuesto de renta en Colombia, 1993-2010. En: Revista de Economía Institucional. Vol. 16, No. 31. Universidad Externado de Colombia. 2014. pág. 157-194.
[27] Kalmanovitz, Salomón. El dilema monetario. El Espectador. 9 de marzo de 2015.
[28] Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 2015.
OCDE. Economic Survey of Colombia 2015. Bogotá 19 de enero de 2015. Estudios económicos de la OCDE. Colombia 2015. Reformas para un crecimiento económico más inclusivo. Pág. 12. http://www.oecd.org/countries/colombia/economic-survey-colombia.htm
[29] (Revéiz, 2015).
[30] Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Plan Nacional de Desarrollo. Todos por un nuevo país. Versión preliminar para discusión
del Consejo Nacional de Planeación.   Departamento Nacional de Planeación.
[31] Revéiz, Édgar. El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial. Op. cit. pág. 154.
[32] SNR: Sistema Nacional de Regalías; SGP: Sistema General de Participaciones.
[33] Los ejes simbólicos articuladores son
–Caribe: Próspero y sin pobreza extrema,
–Pacífico: Equidad, integración y aprovechamiento sostenible de mercados,
–Centro-Oriente: Conectividad para la integración,
–Centro-Sur: Desarrollo del campo y conservación ambiental,
–Llanos: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano,
–Eje Cafetero: Talento humano innovador en territorios incluyentes.
[34] Revéiz, E. (2013). El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Pág. XVIII-XIX.
[35] Ibid., pág. 36.
[36] Op. cit. Plan de Desarrollo. Pág. 8.
[37] Ibid., pág. 9.
[38] Ibid., pág. 288-290.