LA TRIPLE SOCIEDAD Y EL CRECIMIENTO EN COLOMBIA

Indice

Esta Entrega:
1. El Modelo Evolucionista Emergente de la Triple Sociedad en Colombia.
1.1. El Modelo Parcial con Variables de Generación I y II
1.2. El Modelo General

2. El Desarrollo y la Triple Sociedad antes de la Apertura y de la Nueva Constitución de 1991.
2.1. La Metodología y los Datos.
2.2. Las Grandes Tendencias del Modelo de la “Creación Destructora” (1980-1990).

Se tratará en el próximo blog:
3. La Triple Sociedad después de la Globalización de los Mercados (1991–2000)
3.1. La Metodología y los Datos
3.2. Las Grandes Tendencias del Modelo de la “Destrucción Creadora” (1991 – 2000)
3.3. El Entrelazamiento de las Variables de Generación I, II y III



1. El Modelo Evolucionista Emergente de la Triple Sociedad en Colombia.

Con base en el enfoque evolucionista hemos hecho un modelo de la sociedad colombiana con las variables de I y II generación. Se coteja el resultado con las variables de III generación de nuestro modelo IAILLV (Índice de Adaptación de las Instituciones a la Legalidad, la Legitimidad y la Visibilidad)(Reveiz El Estado –Lego y la Fractura Social, en edición 2007).

• Se analiza el desarrollo colombiano entre 1980 y 2000 con base en la evolución mostrada por C, NC, I-C y su correlación con las variables de Generación I-ingreso, inversión, empleo...-,de Generación II-descentralización, distribución y justicia, violencia..- y de Generación III-variación, herencia y selección-.

• Los indicadores de Tercera Generación (Ver libro “El Estado Lego” 2007) son:

a. La Variación
1. Desempeño Económico (Tasa de Crecimiento PIB) e Indicadores de Gestión Pública.
2. Coeficiente de Variación del Ingreso y el IDH.
3. Diversificación Adaptativa y Evolución en Red.
4. Estado de Derecho o de Naturaleza.
5. Conexiones Perversas de las Sociedades y de las Redes (C, NC, IC) entre sí y con el Sistema Internacional.
6. Memetics.

b. La Herencia
7. Condiciones Iniciales (+ o -) antes (1989) y después (1997).
8. Facilitación Evolucionista.
9. Pool de Mesocontratos Prioritarios no Resueltos (CCC).

c. La Selección Natural
10. Captura del Estado.
11. Choques Externos: Extinciones y Supervivencia.
12. Ocultación.

• En las sociedades nacionales y locales emergentes los agentes maximizan su bienestar mediante el arbitraje de intereses de las sub-sociedades, redes o familias C, NC ,I-C forzados por la fragmentación social ,la captura del Estado y la violencia, la exclusión y la pobreza , la corrupción y el clientelismo .

La Cooptada C está orientada y encadenada al control clientelista del Estado; la No Cooptada o excluida NC vive sujeta- ella sí- a las reglas de los mercados y del capitalismo salvaje ; la Ilegal- Criminal IC actúa con códigos ilegales, ilegítimos e invisibles que son maniobrados para coaccionar al estado y ejercer violencia sobre los ciudadanos con miras a redistribuir la propiedad y el ingreso ,el poder y los riesgos

• El concepto de distancia al poder o sea la demanda por centralidad para estar más cerca del Presidente-Caudillo para obtener rentas y privilegios ajusta la precaria gobernabilidad.


1.1. El Modelo Parcial con Variables de Generación I y II

La crisis de los 90’s en Colombia se explicó con tres enfoques: a) La responsabilidad obedece a la aplicación del CW; b) Surgió de la aplicación parcial y distorsionada del CW; c) La crisis hunde sus raíces en el conflicto social, la violencia y el narcotráfico que se agravó con algunas de las medidas del CW.

El último enfoque tiene mayor poder explicativo. Sin embargo, la causalidad que sugiere Cárdenas (2002), es necesaria pero no es suficiente.

Según él, el crimen y la violencia produjeron el deterioro del capital -o de la infraestructura-, que disminuyó la productividad y se convirtió en bajo crecimiento. El flujo es:

Crimen y violencia -->; deterioro del capital (o de la infraestructura) social -->; disminución de la productividad -->; bajas tasas de crecimiento.

Nuestro orientación liga en las condiciones iniciales no sólo el narcotráfico sino la captura del Estado por C, la criminalidad de IC y la politización de la administración de justicia por C y la clase política. La causalidad es:

Captura del Estado, criminalidad y politización de la administración de justicia -->; violencia -->; deterioro del capital físico, humano y social -->; disminución de la productividad y colapso de las instituciones (aumento costos de transacción) -->; bajas tasas de crecimiento.

La gobernabilidad tiene en cuenta que la sociedad está fracturada (C, NC, IC). Cada subsociedad está compuesta por una o varias redes que tienen diferentes objetivos y conductas. Los individuos no maximizan su bienestar con las mismas restricciones y conductas. Cada red es parte del Árbol Institucional con sus propias reglas de exclusión y barreras a la entrada y a la salida.

El nivel de resolución de la información obligó a que el modelo general fuera estudiado en los períodos (1980–1990) y (1990–2000), el primero en 1997 y el segundo en 2006..

Hay tres versiones del modelo: la general que se especifica con seis ecuaciones. La estimada para el período (1980–1990) que involucró el 50% de los rubros del PIB de las Cuentas Nacionales y hacerlas consistentes con nuestras categorías. La versión (1990–2000) abarcó el 90% del PIB en las nuevas categorías. Usó también el IDH.

La metodología tiene la siguiente secuencia:


1.2. El Modelo General

El modelo general especificado en las seis ecuaciones con variables de Generación I y II expresa las siguientes relaciones:

La primera ecuación expresó que la economía crece con tasa autónoma de a0y, además, como función de las actividades y1, y3; la violencia y la descentralización deprimen la economía. La segunda y tercera ecuación expresan la repartición desigual del crecimiento (Δe) de la actividad económica. La cuarta ecuación supone que se “hace uso” de los “servicios” de los “narcotraficantes” –a través del a TCMR- como función inversa del crecimiento de la economía. La violencia (ecuación 5) es función de la evolución desigual de los ingresos y1, y2, es estimulada por los narcotraficantes, paramilitares y la guerrilla. Finalmente, la descentralización depende de la evolución de los ingresos, del contrabando, el narcotráfico y la violencia.

El modelo tiene seis ecuaciones y todos los coeficientes son positivos:

 
2. El Desarrollo y la Triple Sociedad antes de la Apertura y de la Nueva Constitución de 1991.

2.1. La Metodología y los Datos.

El modelo estimado para el período 1980–1990 es una modificación de la versión general (Revéiz 1997, 411). Relacionó el comportamiento de los ingresos y del empleo con la fractura de C, NC, IC. Se construyó un proxy del IDH para el período.

El índice se estructuró con los indicadores tradicionales -ingreso per cápita, coeficiente GINI, educación, salud y pobreza…- y se construyeron indicadores de la violencia, la justicia y la descentralización. Con estos últimos se estimó el grado de legitimidad, legalidad y visibilidad del Estado para estimar los vínculos entre las instituciones y el crecimiento económico.

Se ligó este conjunto de variables con C, NC, IC. Se construyeron las matrices socio-económicas e institucionales, que mostraron la correlación de fuerzas de estas redes con el desarrollo económico (Revéiz 1989). Se mantuvieron las hipótesis básicas.

La Tasa de Cambio Moral de la ecuación 4 del modelo es el primer paso para la medición de la politización de la justicia; el segundo paso incorpora la impunidad, o sea, la eficiencia; en el tercer paso se agrega la compatibilidad con las normas internacionales ( ver Tercera parte libro El Estado –lego y la Fractura Social 2007).

La Información

Se construyeron tres variantes de agregación de C y NC.

Los Ingresos de la sociedad cooptada (C): Las actividades de C surgen de la participación del Gobierno en la economía y sus regulaciones que crean rentas-privilegios. Involucra las actividades directamente ejecutadas por el Gobierno, otras de contratos del Estado y las directamente realizadas por el sector privado sin reflejar la competencia.

- Variante 1. Incluyó los gastos de funcionamiento en personal del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y los Auxilios Parlamentarios. Agregó a los contratistas de las Obras Públicas, a través del cash flow de Invías. Incluyó las utilidades de los GGE. El promedio de la serie totaliza el 3% del PIB.
- Variante 2. Incluyó el excedente bruto de explotación nacional de las Cuentas Nacionales, restándole el de los sectores de NC -industriales, comercio, servicios- y el de sectores con gran presencia de las empresas extranjeras. El promedio de esta serie totalizó 30% del PIB.
- Variante 3. Se sumó a la variante 1, la agricultura de bienes exportables, el sector financiero y el transporte. El promedio de la serie totalizó 19% del PIB.

Los Ingresos de la sociendad no cooptada (NC): Encerró todas las actividades formales que no fueron agrupadas en y C, todas las informales no ilegales.

- Variante 1. Se tomó como Proxy la suma de los salarios generados por la pequeña y micro empresa, los salarios de los independientes y otros (Hugo López 1993). El promedio de la serie sumó 11% PIB.
- Variante 2. Envolvió la remuneración de los asalariados y el excedente bruto de explotación de los sectores de NC definidos en la variante dos. El promedio de la serie integró 20% del PIB.
- Variante 3. Unió la remuneración de los asalariados y el excedente bruto de explotación de la producción de bienes agrícolas no exportables, los servicios personales y domésticos. El promedio de la serie sumó 15% del PIB.

Los Ingresos de IC: Cercó una sola variante para todas las actividades ilegales.

Se tomaron los ingresos de los narcotraficantes, contrabandistas y guerrilleros. Los ingresos de los narcotraficantes se tomaron de la serie de Kalmanovitz que fue trabajada por Thoumi (1994). Aunque no era la más confiable, era la más larga. Esta serie se proyectó hasta 1992, con una valoración lineal de la variable. Significa la disminución del nivel de ingreso de los narcotraficantes en 1990 y la modulación de la pendiente de la serie en 1991 y 1992. Se subestimaron dichos ingresos.

Los ingresos de los contrabandistas se tomaron de los estudios de Steiner y Fernández (1994) -la estimación de la sobrefacturación de las exportaciones y la sub-facturación de las importaciones-. Dejó de lado el contrabando que se realizaba por fuera de los puertos.

El ingreso de los guerrilleros se valoró usando los cálculos de las utilidades de la CNG 1994 realizados por Echandía y reportado en el Tiempo. Se calculó la utilidad per cápita y se multiplicó por el número de miembros de la guerrilla. Con este método sólo se captó el aumento de pie de fuerza y no se recogió el efecto del cambio de “negocio” de la guerrilla hacia el secuestro y el boleteo, el gramaje y el narcotráfico.

La suma del ingreso de las tres sociedades (C, NC, IC) en la variante 1 alcanzó 30% del PIB; en la variante 2 el 67% y en la variante 3 el 50%. La variante 3 era en ese momento la proximidad conceptual posible en lo social, lo económico y lo político.

Los indicadores de desarrollo: fueron usados el ingreso monetario per cápita, la tasa bruta de ingreso a la educación primaria y secundaria, el número de médicos y camas de hospital por cada cien mil habitantes, la malnutrición infantil, la mortalidad antes de los cinco años y la expectativa de vida al nacer, con datos del BM.

Se construyó una serie de GINI con las evaluaciones recopiladas por Londoño en 1992 y las elaboradas por Urrutia en 1993. Estos indicadores se agregaron en un indicador sintético de desarrollo con “el método de los componentes principales” (1). La variable agregada calculada resultó satisfactoria estadísticamente –la varianza explicada alta y los coeficientes de la combinación lineal similares relativamente- por lo cual se decidió usarla.

Los indicadores de la violencia: los indicadores utilizados como Proxy del nivel de la violencia fueron el número de los delitos contra la seguridad, contra la vida y la honra, contra la libertad y contra el patrimonio (Echandía 1999). También se calculó un indicador agregado de la violencia por el método de los componentes principales.

Los indicadores de la justicia: Como Proxy del nivel de justicia se utilizó la impunidad, la eficiencia del gasto público en justicia, la eficiencia y la confianza en el aparato judicial .

Se calculó un indicador agregado por el método de los componentes principales. Aunque éste explicó bien la varianza de los indicadores, le dio peso exagerado a la confianza en la justicia. Se utilizó porque la disminución en la confianza del aparato judicial -medida por el número de sumarios iniciados- bajó dramáticamente en los últimos años. Tal disminución explicó en ese entonces el aumento de la eficiencia del aparato judicial.

Los indicadores de la descentralización: con la escasa información disponible en ese entonces se construyó el índice.

El Modelo Instrumentado y la Sustentación de las Hipótesis

En el período 1980-1990 se presentó en forma desagregada los indicadores de violencia y justicia para distinguir el impacto de ambas sobre las instituciones informales y formales (2). La morfología de las tres subsociedades se configuró con el análisis de las rentas y los privilegios de sus redes y agentes (Cuadro 31, libro “EL Estado Lego”), la identificación de quienes estaban sometidos al mercado y el estudio de las redes de IC, que usan la coacción y el crimen para redistribuir la propiedad y el ingreso, el poder y los riesgos.

• Con la primera ecuación se quiso expresar que la conducta de C, NC, IC y de sus agentes –con cada colectivo vertical- es un proceso de adaptación complejo y de lucha evolutiva que determina la capacidad potencial (yp) de la economía. La generación del ingreso involucró procesos de la co-evolución entre C e IC que se beneficiaron mutuamente de la debilidad de la justicia. Cada sub-sociedad -y sus redes- fueron un árbol de exclusión que consumió significativos recursos defensivos -u ofensivos- para protegerse -o atacar- de la voracidad de las otras. Ha existido un espacio –territorio- neutro entre las redes, en donde la conducta de los agentes tiene una lógica difusa (fuzzy logic). Ha sido y es difícil distinguir el ingreso legal del ilegal, legítimo del ilegítimo, visible del invisible. Los agentes de estos espacios neutros tienen menor probabilidad de supervivencia por cuanto no se encuentran claramente protegidos por IC o cooptados por C (3).

La segunda y la tercera ecuación mostraron que la conducta de los ingresos de C, NC, IC se relacionó en forma peculiar con los indicadores de generación I. La cuarta, quinta y sexta ecuaciones revelaron que la dinámica desigual de los ingresos de C, NC, IC estuvo vinculada con los indicadores de generación II, violencia y justicia. La descentralización dependió de la dinámica de los ingresos de C, NC, IC, así como de la violencia y la justicia.

Al tener en cuenta el desarrollo político, económico y social del período 1980-1990, se especificaron en detalle las variables y los indicadores de generación I y II:

Y1= Nivel de satisfacción de C: se tomó como indicador el nivel de ingreso y se incluyeron los rubros descritos para C.

Se incluyeron las utilidades/ventas de los 4 grandes GGE -Santodomingo, Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño y Sarmiento Angulo-. Dio una aproximación de los ingresos generados por las actividades protegidas por el Gobierno, que estaban encadenadas y tenían gran capacidad de contratación con el Estado. Se sumó también las actividades públicas de los contratistas de obras públicas del Estado al utilizar el cash flow de INVIAS-entidad clientelista- como Proxy de sus ingresos.

Y2= Nivel de satisfacción de NC: se tomó como indicador el nivel de ingreso. Incluyó los marginados de los diferentes estratos económicos, el mundo campesino, los trabajadores independientes y no sindicalizados, los pequeños y medianos empresarios, las comunidades indígenas y afrocolombianas, entre otros. Las empresas Multinacionales hacen parte de C.

El ingreso de NC se midió como la suma del ingreso de los trabajadores del sector competitivo: las grandes, medianas y pequeñas empresas que no tienen subsidios del Estado, las microempresas y el sector informal no ilegal criminal.

Y3= Nivel de satisfacción de los narcotraficantes, contrabandistas, guerrilleros y paramilitares: se tomó también el ingreso como indicador de satisfacción y se incluyeron los rubros descritos en IC.

e= Índice de Desarrollo Humano: se midió con los indicadores de I generación arriba descritos.

V= Nivel de violencia: se midió a través de un índice agregado de las variables descritas. Se utilizaron indicadores de impunidad, eficiencia de la justicia, eficiencia del gasto público en justicia y de confianza de la población en la Administración de la Justicia.

r = Nivel de descentralización: se midió con un indicador agregado de las siguientes variables: a) la descentralización del ingreso como el ratio entre los departamentos con ingreso bajo y medio sobre los departamentos con ingresos altos -Antioquia, Viejo Caldas, Cundinamarca, Bogotá y Valle-; b) la descentralización de los ingresos tributarios como la evolución de la SGP entre los departamentos y municipios con respecto a los ingresos tributarios totales de la nación; c) la descentralización guerrillera y paramilitar como el ratio entre los departamentos que no tienen presencia de esos grupos sobre los departamentos con tradición guerrillera o paramilitar (4).

Las hipótesis del modelo se sustentaron en los siguientes hechos que configuran lo que siguiendo a Schumpeter hemos denominado para Colombia la “creación destructora” ,por la gran expansión de la industria del narcotráfico en alianza de C e IC:

• La economía creció muy influenciada por las actividades del narcotráfico y3 por el influjo de los narcodólares que se reciclaron en la construcción principalmente. La tasa de crecimiento de Colombia entre 1980-1990, fue de 3.7% cuando la de A. L. fue de 1.5% -su década económica perdida- en el mismo período.

El PIB creció al 2.6% entre 1980-1985 y a partir de este año atractor de caos creció al 4.6% entre 1986-1990. El PIB de los bienes transables creció al 1.9% y al 5.7%, en tanto que el de los no transables se expandió al 3.1% y 3.6%. El ahorro privado siempre estuvo por encima del 13% PIB y la inversión privada presentó guarismos superiores al 11.6% estimulada por el ingreso de los fondos del narcotráfico. La inflación se disparó entre 1986-1990, ya que el índice de precios al consumidor pasó de 19.54% a 30.97% (Revéiz 1997, 339).

Los sectores de industria y servicios –particularmente la construcción y el financiero- crecieron a tasas de 5.0% y 3.1% cuando en el conjunto de A. L. crecieron a tasas de 1.2% y 1.7% (World Bank).

• La Violencia se convirtió en Grave Obstáculo para el Crecimiento.

En 1985, 173 municipios tenían presencia de organizaciones armadas; en 1991, 437 sobrellevaban dicha presencia. Por lo anterior, el crecimiento del gasto militar retiró recursos al ahorro productivo.

Así, el gasto militar a comienzos de la década de los 80 era de 1.4% del PIB -sin incluir a la Policía- moderado cuando se lo comparaba con otros países de A.L.. Con la violencia inercial, narcotráfico, guerrilla y delincuencia organizada cambió en los años de 1992 y 1993, alcanzó guarismos elevados 3.5%. En 2004, el gasto total en seguridad sumó el 5% (5).

Aunque la expansión del narcotráfico se correlacionó positivamente con el crecimiento de algunas zonas, su expansión nacional arruinó los sistemas productivos como lo mostró la crisis del sector agropecuario y ganadero. Propició el uso extensivo de los recursos naturales, la economía de enclave y originó fuertes movimientos de población. Ya en 1985,comenzó el desplazamiento con 27.000 personas llegando hasta 412.553 en 2002 (Portafolio 2006m). En 1990 ,Colombia ya producía 40.100 hectáreas de coca sobre las 211.700 de los países Andinos , en 2003 producía más de la mitad.

• Fue juicioso formular la hipótesis que existió una repartición desigual del ingreso entre C, NC, IC, entre las Entidades Territoriales y los hogares:

a) Existían diez Departamentos cuyo producto por habitante era inferior a US $700 anuales y dos que tenían un PIB per cápita superior a US $5.000.
b) En el orden urbano ,la situación social se agravó.
Con el NBI, la población pobre en las siete (7) grandes ciudades pasó de 16.17% en 1986 a 11.46% en 1990. El índice de LP pasó de 40.7% en 1986 a 42.44% en 1990 y 43.74% en 1992. El número de los hogares por debajo de la línea de indigencia pasó de 6.51% a 8.80% en el área urbana, y de 28.84% en 1988 a 26.60% en 1992,en el área rural. En cuanto al porcentaje de la población por debajo de la línea de indigencia pasó de 6.51% a 8.80% en las siete (7) grandes ciudades.
c) En el orden regional, la Región Central tenía grados de indigencia menores que las demás: la población bajo la línea de indigencia era en 1993 de 22.93%, en tanto que en la Región Atlántica alcanzó 33.10%, en la Oriental 35.67% y en la Pacífica 36.12%.
d) En el orden nacional 40% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza.

• Fue fundamentada la hipótesis de que la violencia se reactivó por la evolución desigual de los ingresos entre C (y1) y NC (y2), particularmente en el área rural. Igualmente, por la concentración de las oportunidades de inversión en algunos enclaves del territorio, ricos en recursos naturales.

En efecto, los municipios más violentos se encontraban entre 1980-1990 en la estructura rural (6). Se comenzó a tomar conciencia que los conflictos sociales y la violencia son más frecuentes en las áreas de mayor dinámica económica –por las vacunas, la extorsión, el chantaje y el secuestro-. Serios estudios mostraron que existía relación directa entre el número de asesinatos y el crecimiento del PIB en los departamentos. Otros, encontraron correlación entre la violencia y el aumento de la producción de algunos cultivos comerciales, como el banano. El DNP registró que las tasas de homicidio más elevadas se encontraban en aquellos sitios donde se desarrollaba la producción de petróleo, oro, esmeraldas o en donde se ampliaba la frontera agrícola.

La violencia fue claramente estimulada por los narcotraficantes, la guerrilla y los paramilitares, con entrelazamiento de complejas alianzas (7). Los cultivos de coca se concentraron en la estructura rural dinámica de colonización, particularmente de frontera--Caquetá, Arauca, Meta, Casanare, Putumayo, Guaviare y Vichada- y colonización interna -Antioquia, Bolívar y Norte de Santander-.

• Todo pareció indicar que la descentralización tuvo una relación compleja con el conjunto de las variables de las ecuaciones 1 y 5. Deprimió la economía, en un primer término, como se constató con la crisis fiscal del orden nacional y con el bajo nivel de ejecución de los fondos de cofinanciación. Obedeció a la baja capacidad de absorción local.

El ex Ministro de Hacienda Perry afirmó más tarde, que:

 “Se nos fue la mano en la Constituyente. Determinamos un crecimiento en las transferencias, en particular hacia los municipios, exageradamente rápido y no se previeron mecanismos más eficaces para asegurar la eficiencia del proceso. El país va a tener que ponerle cura a eso y va a tener que reformar la Constitución en ese campo” (Perry 1995).

Pareció razonable la hipótesis que la descentralización deprimió la economía en el mediano plazo. La bonanza petrolera de Arauca, a finales de los 80, mostró que


  este departamento no creció en forma diferente a lo acontecido con aquellos que no tuvieron bonanzas.

La descentralización creó incentivos al clientelismo y la corrupción y fortaleció el poder local. Explicó, la oposición del Gobierno Central a ella. Aumenta el nivel de satisfacción de NC (veredas, minorías étnicas, departamentos y municipios con bajo PIB per cápita). El Estado y la guerrilla compitieron por el control y el monitoreo de los recursos en el orden local, tratando de llenar el espacio de influencia que se habían tomado los narcotraficantes en los 80’s.

Los hallazgos se sintetizaron en el siguiente gráfico:

La estimación del modelo se presenta:

Las variantes del modelo se estimaron por MCO. Se estimó cada ecuación por separado porque no hubo suficiente información para estimar el modelo por ecuaciones simultáneas. Los efectos sobre los coeficientes son mínimos .

Variables

Yp: Ingreso potencial. ry: descentralización ingreso potencial.

E: Indice de Desarrollo Humano. rt: descentralización ingreso tributario.

V: Nivel de violencia. rg: descentralización ingreso guerrilla.

J: Justicia.

r: Descentralización.

y1: Ingreso sociedad cooptada.

y2: Ingreso sociedad no cooptada.

y3: Ingreso sociedad ilegal criminal.

Los cuadros anteriores resumieron de los principales resultados:


• Las tres variantes mostraron que algunas relaciones son estables. Se repiten al hacer análisis de “sensibilidad “ con las tres formas de agregación de C y NC. Se halla, pues, un “núcleo duro” de las conductas, pese a las debilidades estadísticas.

Las tres relaciones son: a) el ingreso de C estuvo estrechamente relacionado con la estructura productiva y su aumento generó progreso en el bienestar -en el sentido de las variables de Generación I- y amplió la capacidad productiva de la economía; b) los ingresos de C, NC, IC se relacionaron positivamente con el desarrollo; c) el aumento de la capacidad productiva se relacionó negativamente con la descentralización.

• La primera relación indicó que el acrecentamiento del esfuerzo empresarial de C se relacionó con el aumento de la capacidad productiva y con el bienestar de la población.

• Las actividades de C fueron productivas. Las que se orientaron a la búsqueda de las rentas-privilegios circularon en la economía como ingresos legales y legítima o ilegítimamente ganados. Potenciaron la demanda agregada. El aumento de esta demanda incentivó la producción y satisfizo las necesidades de IC, promoviendo gran complementariedad entre C e IC y la evolución tendencial de su ingreso fue paralela.

• El impacto social de las obras de infraestructura -barrios con servicios, educación, carreteras…- de C fue desigual. La ampliación de la infraestructura productiva fue polarizada. La expansión de las actividades ilegales -guerrilla, paramilitares y narcotráfico- obligó al Estado a fortalecer su presencia en zonas de muy bajo NBI y a dar prelación a la inversión y al gasto social (PNR, DRI, ley 12/86). Las tendencias mostraron que C -al tener el control de muchos instrumentos de la política económica- hizo un manejo prudente y sensato de las crisis económicas. Más no de las crisis societales. Nunca se buscaron ME..

• La segunda relación mostró lo esperado para C e IC. Para NC se anticipó que su importancia fue sólo funcional, y no generadora de ingresos para financiar el desarrollo. El mecanismo de generación de los ingresos de C, NC, IC hizo que cada una participe en el aumento del propio bienestar de sus redes. No tuvieron estrategias complementarias o sea que no hubo un Proyecto Nacional.

Sus fines fueron distintos e incluso contrapuestos. IC destruyó infraestructura en el orden local, pero en algunos casos amplió la frontera del país. NC desarrolló formas de acción comunitarias que permitió el mejor funcionamiento de los mercados con el apoyo de las Ong’s y de la economía solidaria. Además, varios gremios-regiones-sectores pasaron a integrar esta sociedad a partir de 1991, por la desaparición de las rentas-privilegios. C pudo integrar algunas zonas aisladas al país para extender el mercado como la Zona Bananera.

• La tercera estimación confirmó la estrecha relación que existe entre el crecimiento de la capacidad productiva y la descentralización.

Mostró la inercia que tiene el modelo centralista, que generó el crecimiento hasta la década de los 70’s. Ante los cambios estructurales de la sociedad -surgimiento de IC como actor independiente y descentralizado- el Estado comenzó a adecuar la estructura al nuevo modelo. El proceso condujo a la Reforma Constitucional de 1991,que fortaleció la descentralización política, administrativa y financiera sobrepasando el modelo de la descentralización del gasto de los 80 (PNR, DRI, ley 12/86…)

• Se encontró que la justicia se relacionaba de forma negativa con el nivel de ingreso agregado, con la capacidad productiva y el nivel de desarrollo. Esta relación es nueva y paradójica. Estudios anteriores habían correlacionado la violencia en el orden nacional y local con el crecimiento económico, nunca la crisis de la justicia con el desarrollo.

El narcotráfico se había tomado las instituciones.


2.2. Las Grandes Tendencias del Modelo de la “Creación Destructora” (1980-1990).


La estructura de los riesgos –el precio por unidad de riesgo- que enfrentan las ramas y los agentes de C, NC, IC es inversamente proporcional al grado de captura que tienen del Estado y de la criminalidad que ejercen (Cuadro 31 y Cuadro 32 del libro “El Estado Lego” 2007…). Estos riesgos se modificaron con la Apertura y con la Nueva Constitución de 1991 tras haber propiciado la temible expansión del narcotráfico. Igualmente el punto de quiebre entre captura y criminalidad en estos cuadros se volvió de lógica difusa (fuzzy logic).

En el período 1980-1990 y sobretodo a partir de 1985-1986 años de atracción de caos:

- El ingreso de C y de IC -acoplados- crecieron más que NC. En C, el ingreso de los GGE compensó la disminución de los Auxilios Parlamentarios. Fue notable el repunte del crecimiento de los GGE (y de C) entre 1989 y 1994, ligado al fuerte aumento del gasto y de la inversión pública durante el Gobierno de Gaviria.

Los GGE cambiaron su estrategia después de la Apertura. Además de beneficiarse de las rentas y de los privilegios fiscales –pues perdieron ventajas de protección en el comercio exterior-, buscaron el beneficio de las Concesiones estratégicas por parte del Gobierno: el control del ahorro financiero institucional y de las tecnologías de punta.

- El ingreso de IC predominó sobre C con respecto al desarrollo. C tuvo gran influencia sobre la violencia y la justicia. Las relaciones entre C e IC manipularon la gobernabilidad política y económica. La justicia débil y bajo coacción fue condición necesaria de la expansión de IC y de los privilegios de C. Se presentó un trade-off entre el crecimiento/desarrollo y la justicia: a menor eficacia de la justicia bajo coacción, mayor fue el crecimiento que se dio por la ventaja competitiva de los Carteles de la Droga. En su conjunto, la sociedad se comportó como si hubiera existido un “pacto silencioso ad hoc” para mantener el auge de la economía.

Por ejemplo, en el orden urbano, las autoridades de la planificación y la zonificación hicieron grandes concesiones a los urbanizadores y mafiosos para rentabilizar sus proyectos -normas urbanas laxas, mayor densidad- y el lavado de dinero. Iguales concesiones se efectuaron en materia de aduanas, medio ambiente, etc.

Paradójicamente no se registró un trade-off entre el crecimiento/desarrollo y la violencia.

Se reveló una nueva lógica de evolución social: la relación negativa entre el crecimiento/desarrollo y la justicia.

Dicho hallazgo concordó con el hecho que algunos países prospectos del desarrollo con mayor crecimiento mostraban mayores niveles de corrupción. Entre 1980 y 1992 estos países crecieron a las siguientes tasas: Indonesia 4%; Pakistán 3.1%; Venezuela -0.8%; Brasil 0.4%; Filipinas -1%; India 3.1%; México -0.2%; Malasia 3.2%; Tailandia 6%; China 7.6%; Colombia 1.4%. La calificación que daban los periodistas e industriales de EUA sobre los países con mayor grado de corrupción arrojó los siguientes guarismos: Colombia 3.44; México 3.18; Italia 2.99; Tailandia 2.79; India 2.78; Filipinas 2.77; Brasil 2.70; Venezuela 2.76; Pakistán 2.25; China 2.16; Indonesia 1.94. Tradicionalmente en Colombia se había relacionado crecimiento con violencia.

El estudio reveló que la generación de los ingresos de la C e IC-legítima o ilegítimamente ganados- originó los siguientes hechos:

- El ingreso de C estuvo relacionado positivamente con la estructura productiva y su aumento generó acrecimiento en el bienestar -con las variables de generación I- y amplió la capacidad productiva.

- El ingreso de C y en menor grado el de IC tuvieron gran influencia sobre el funcionamiento de la justicia y el nivel de la violencia.

- El aumento general de los ingresos de la Triple Sociedad se correlacionó positivamente con la desconcentración de la producción, de la guerrilla y de la descentralización tributaria.

- NC fue frágil porque no tuvo poder económico ni político. La mayoría de los colombianos no participaron del desarrollo. Los gremios-regiones-sectores eran parte de C antes de la Apertura; después por la pérdida de sus privilegios formaron parte de NC.

En el orden internacional. El crecimiento económico de la década de los 80’s fue más dependiente de IC. Igual ocurrió con la descentralización. No fue posible articular en el orden internacional los procesos políticos, económicos, de DDHH y ambientales para llevar a cabo una lucha sinérgica y combatir el narcotráfico. Las Certificaciones se dieron independientes y sin tener en cuenta la sinergia de las decisiones: el FMI y el BM en materia Económica, EUA, la UE y la ONU en materia de Narcotráfico. Las Ong’s internacionales comenzaron a luchar por la defensa de los DDHH ,sin gran eco en el orden nacional hasta la Caída del comunismo.

En el orden interno. La descentralización política y fiscal –con la Elección Popular de Alcaldes ley 78 de 1986, la Ley 24 de 1988 sobre la Descentralización de la Educación,la Ley 57 de 1989 con la creación de la Financiera de Desarrollo Territorial, la Ley 29 de 1989 y la Ley 10 de 1990 con la Descentralización de la educación y la salud entre otras- comenzó a convertirse en el “nuevo pacto de legitimidad interna”.

Aunque la descentralización pudo disminuir el crecimiento económico en el corto plazo -al no utilizar economías de escala y por los costos de aprendizaje-, superadas estas restricciones se pensó que el crecimiento global sería mayor en el mediano plazo.

Lo que no ocurrió.

La desconcentración productiva fue lenta –liderada por el narcotráfico y por la explotación petrolera y minera- y no hay estudios que prueben que la descentralización de las competencias y los recursos afectó positivamente el crecimiento. IC siguió y reforzó el patrón de expansión de la descentralización y de los enclaves energético y buscó rentas por la coacción que profundizó el conflicto militar. IC –narcotráfico, guerrilla, paramilitares y políticos corruptos- se localizó y “secuestró” las zonas donde las ventajas competitivas internacionales eran las más idóneas para los empresarios legales e ilegales. Es decir, estas ventajas determinaron el patrón de la localización de IC. El Estado llegó tardíamente a ejercer su control, orientado vigorosamente hacia ellas el gasto público y profundizando el conflicto.

No se demostró que los recursos hubieran sido mejor utilizados en el orden nacional que en el regional y local. La globalización de la crisis en Colombia mostró que era indispensable una estrategia de Ordenamiento del Territorio –territorio, población, seguridad y recursos- que protegiera los intereses de la sociedad civil para que ésta no quedara “secuestrada” por IC. El modelo vigente comenzó a ser el de la redistribución forzada del ingreso de C, NC, IC por la corrupción y la violencia (Cuadro 47 del libro “El Estado Lego” 2007).

No ocurrió, no se mejoró la justicia ni se rescató la confianza ciudadana.

 La segunda parte de este articulo estara disponible en el siguiente blog,  

 
Referencias

1. Cálculos propios con base en DANE (1995).
2. Crear un índice agregado aceptable no fue posible por las dificultades de obtener información confiable.
3. Darwin desarrolla el concepto de territorio neutro en la lucha de las especies y coincide que las especies de los territorios neutros corren el riesgo de ser aniquiladas porque el tamaño de su población es débil Darwin (versión 1992, 228).
4. Medida por el número de frentes
5. Un cálculo conservador hecho en 1992 llegó a la conclusión que el ahorro nacional desviado o destruido por la Guerra Interna sobrepasaba 5.76% del PIB. Los gobiernos habían avanzado en la Apertura y en la reforma del Estado, pero poco en materia de seguridad y paz. Revéiz et al. (1994).
6. La estructura rural atrasada (103); colonización (69); campesinado medio (84); agricultura comercial y empresarial (31); municipios con estructura urbana (24).
7. a) De los 437 municipios que tenían presencia guerrillera en 1991, 287 (66%) no tenían otros grupos. En 88 (20%) se detectaron cultivos ilegales y/o laboratorios. En 30 (7%) se detectaron grupos de autodefensa. En los 27 restantes (6%) además de guerrilla había grupos de autodefensa y cultivos o laboratorios. El 4.17% de los municipios con presencia guerrillera eran ciudades mayores y áreas metropolitanas, 7.64% ciudades intermedias; 27.78% municipios pequeños; 60.42% núcleos rurales aislados. b) Los grupos de autodefensa, cuya área de influencia coincidía con la guerrilla, tenían presencia en 80 municipios, 88% de ellos en zonas deprimidas. c) Había en 1991 189 municipios con cultivos ilícitos y/o laboratorios, 85% en zonas rurales de escaso desarrollo.
8. Las restricciones de información también implicaron que no se realizaran correcciones a los estimadores de MCO.

La Distancia al Centro del Poder

Introducción

El concepto y el algoritmo de la "' Distancia al Centro del Poder"" es fundamental para comprender la evolucion de la crisis actual en sus dimensiones Etico-politica,Clasica, Sistemica ,de Confianza y Legitimidad. Que tanto y con que mecanismos, los Estados son capturados por los 1318 bancos y grupos financieros que,segun la investigación del Swiss Federal Institute of Tehnology, representan el 20% de los ingresos globales y tienen estrechos vinculos,en promedio,con 20 compañias y solo 147 de ellas capturan 40% de las ganancias globales (El Espectador 22 noviembre de 2011).De que manera Wall Street influye sobre el Gobierno ,el Congreso y los Reguladores en USA,segun los trabajos de Stiglitz y de mucchos investigadores. De que manera,con que regularidaes y algoritmos logró crearse la Tunis Connection,descubierta en una valiosa encuesta sobrelas redes franco-tunesinas ligadas al gobierno dictatorial de Ben Ali,brillantemente descrita en el libro de Bredoux y Magnaudeix 2011,comentado por Mediapart, con que configuración se estructuró la concentracion autoritaria de la pobreza y del poder en Egypto, Libia Siria que desencadenó ""la Primavera Arabe"'?

O,cual es la Distancia al Poder delos lobbys legales e ilegales en los paises de America Latina que conducen a altos indices de pobreza, miseria y concentracion de la riqueza,el ingreso, el poder y los riesgos?
Cual es la situación de la mujer en el mundo, particularmente en los paises islamicos y que se espera en el futuro?

He revisado los trabajos de Hofstede (1991) y he realiado una analogia, paralelismo o metáfora con el de William Alonso (Location and land Use 1970) para reflexionar sobre el tema. La distancia al poder es fundamental para dilucidar la existencia de la sociedad cooptada (N), no cooptada (NC), IC (Ilegal Criminal) y de los mesocontratos y opciones.


La distancia al poder resulta del fitness cultural de un país, de su software mental (Hofstede 1991). La cultura no es una combinación de las propiedades de un “ciudadano promedio” ni de una “personalidad modal”. Es el conjunto de reacciones de los ciudadanos con su propia programación mental (software).

La distancia al poder se puede analizar desde el ángulo de la cultura y de la conducta de las organizaciones, o desde el ángulo de la captura y amenaza del Estado por parte de C, NC, IC.

En el caso de Amárica Latina (A.L.) la distancia al poder se materializa en la imagen del Caudillo –el Centro– que es española e hispanoamericana, tal vez de origen árabe donde no se ha instituido una legitimidad suprapersonal (Paz 1998, 330).

La imagen de la autoridad mexicana, por ejemplo, se inspiró del patriarca y del macho, el Señor Presidente y el Caudillo. El Caudillo es heroico, épico es el hombre que está más allá de la Ley, que crea la Ley. El Presidente es el hombre de la Ley: su poder es institucional. En A. L. el caudillismo ha sido y es el verdadero enigma del sistema de Gobierno latinoamericano. El caudillismo, concebido como el remedio histórico contra la inestabilidad, es el gran productor de inestabilidad en el continente. La inestabilidad es consecuencia de la ilegitimidad. Después de cerca de dos siglos de Independencia de la Monarquía Española nuestros pueblos no han encontrado todavía una forma de legitimidad (Paz 1998, 331).

En Colombia el capitalismo político fue diferente. Aunque existió el caudillismo, la democracia formal –tras largas hegemonías conservadoras y liberales– se aclimató con el Frente Nacional. En este modelo cooptado el Estado es débil –el Sistema de Justicia y el Congreso– frente a los grupos de poder pero la institución presidencial es fuerte pues actúa como el árbitro dispensador de privilegios –Lleras Camargo, Lleras Restrepo, Pastrana Borrero, López Michelsen–, el “maestro de ceremonias” –Turbay Ayala, Betancur– o el “guía turístico” –Pastrana Arango–, “reformador ilustrado autoritario” –Gaviria, Uribe–, según el talante moral de cada Gobierno. Tras la intensificación del conflicto armado a mediados de los 80’s –guerrilla, narcotraficantes y paramilitares– y el fracaso de los procesos de paz de los Gobiernos, con la Administración Uribe se instauró una “democracia autoritaria” –que va más allá de la Ley y que crea la Ley– cuya prioridad es la seguridad democrática (Revéiz 1989, 1997, 2007). Como en el conjunto de America Latina (A. L.) no se ha creado una legitimidad estable, pues la sociedad está fracturada en C, NC, IC.

Las ideas expuestas a continuación han sido recogidas en la publicacion del libro El Estado Lego y la Fractura Social,

1. La Distancia Cultural y de la Conducta de las Organizaciones.

La metodología que creó Hofstede en los 80’s para estudiar el software mental de la cultura de las organizaciones, es útil para analizar a Colombia (1). Incluye la distancia al poder y la desigualdad social, el individualismo versus el colectivismo, el grado de machismo en la Sociedad y la elusión de la incertidumbre (2).

a. La Distancia al Poder y la Desigualdad en la Sociedad.

Mide diferentes ángulos de la desigualdad en la Sociedad, “más igual que otros”. Es una de las dimensiones –olvidada hoy por el neoliberalismo– clave para fundamentar el consenso social. El índice de distancia al poder (IDP) incorpora las diferencias sobre las Normas generales, la familia, la escuela y el sitio del trabajo. Pesa la diferencia –en países y culturas– entre pares de padre-hijo, profesor-estudiante, jefe-subordinado, autoridad-ciudadano (Hofstede 1991).

La distancia al poder se puede definir hasta qué punto los miembros menos poderosos de las instituciones y las organizaciones de un país esperan y aceptan que el poder esté desigualmente distribuido (Hofstede 1991). En el campo político y de las ideas, una débil distancia al poder significa que el uso de la violencia en las políticas domésticas es raro y que los gobiernos son pluralistas y basados en los resultados de las mayorías. Una amplia distancia al poder lleva a que los conflictos políticos domésticos frecuentemente conducen a la violencia, y que los gobiernos son autocráticos u oligárquicos basados en la cooptación (Hofstede 1991).

Una débil distancia al poder significa –entre otras– que las personas piensen que las desigualdades deben ser reducidas mientras que una amplia distancia al poder significa que las personas piensan que las desigualdades son esperadas y deseadas. Una débil distancia al poder significa que los padres tratan a los hijos como iguales en tanto que una gran distancia al poder hace que los padres les enseñen a los hijos obediencia. Una débil distancia al poder hace que la jerarquía en las organizaciones signifique desigualdad de los roles, establecida por conveniencia. Una gran distancia al poder significa que la jerarquía en las organizaciones refleja la desigualdad existencial entre los de arriba y los de abajo. En una débil distancia al poder la descentralización es consensual y en una amplia distancia al poder la centralización es popular.

En una débil distancia al poder los privilegios y los símbolos de estatus son desaprobados. En una amplia distancia al poder los privilegios y los símbolos de los dirigentes son esperados y populares (Hofstede 1991).

El resultado del PDI para 50 países y 3 regiones varió entre 104 –mayor distancia al poder: Malasia, Guatemala, Panamá, Filipinas, México, Venezuela, Países Árabes, Ecuador, Indonesia– y 11 –menor distancia al poder: Finlandia, Noruega, Suecia, República de Irlanda, Nueva Zelanda, Israel y Austria–. Colombia ocupó el puesto 17 de gran distancia al poder con 67 puntos cercano al Salvador, Turquía, Bélgica, Perú y Tailandia.

b. El Individualismo versus el Colectivismo.

Las sociedades individualistas no sólo practican el individualismo, lo consideran superior a otras formas de software mental. Esta conducta mental es válida en la etapa neoliberal, ya que puede existir economía globalizada con conductas diferentes de los individuos, dependiendo de los grupos o de las subsociedades. En los mismos colectivos coexiste la mentalidad tradicional con la moderna y la contemporánea.

La nueva dimensión del individualismo –según Hofstede– tiene que ver con las sociedades en las cuales los lazos entre los individuos se han perdido: cada uno se ocupa de sí mismo, primero de él mismo o de ella misma y de su familia inmediata. El colectivismo –su opuesto– tiene que ver con las sociedades en las cuales las personas desde su nacimiento hacia delante se integran en un fuerte y coherente grupo, el cual en el transcurso de su vida continúa a protegerlo en contraprestación de una lealtad incuestionable (Hofstede 1991). En el caso de Colombia se entiende a que hay no sólo poder del Estado sobre el individuo sino de la subsociedades, C, NC, IC, aunque la economía esté globalizada.

Esta conducta cultural se midió en 1980 con el índice de individualismo (IDV) para 50 países y 3 regiones. EUA sacó el primer puesto de individualismo con un puntaje de 91 –Suecia y Francia 71, España 51 (20° puesto)– y Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y Guatemala ocuparon los puestos 49, 50, 51 52 y 53 con IDV entre 13 y 6. Este bajo índice de individualismo sustenta nuestra visión de que C, NC, IC fortalecen el clientelismo y que la familia ampliada persiste pese a la globalización (Hofstede 1991).

c. Diferencias entre la Masculinidad y la Feminidad en la Sociedad.

Se midió para 50 países y 3 regiones el índice de masculinidad de la Sociedad-MAS. A diferencia del índice de individualismo, la masculinidad no se relacionó con el grado de desarrollo económico ya que se encontraron países ricos y pobres masculinos y femeninos.

Colombia –con rango 11/12– tuvo un puntaje de 64 en este índice –el más alto fue Japón con 95 y los más bajos fueron Suecia y Noruega con índices de 8 y 5–, en este caso EUA tuvo un índice de 62 cercano al de Colombia.

Estudios más recientes muestran que Colombia avanzó en el índice de potenciación del género IPG172 –ranking 31– frente a EUA –ranking 8– mientras permanece retrasado en el IDH –Colombia ranking 57 y EUA 3– y el índice de desarrollo relativo al género IDG –Colombia 51 y EUA 3– (PNUD 1999) (3).

d. Eludir la Incertidumbre.

Eludir la incertidumbre es el mayor o menor grado en que los miembros de una cultura sienten la amenaza por la incertidumbre o por las situaciones desconocidas (Hofstede 1991, 113). Esta visión fue superada por la revolución neoliberal que llevó a que el Estado Benefactor cediera el paso al Estado Regulador de Riesgos (Revéiz 2007).

Eludir la incertidumbre no debe ser confundido con la aversión al riesgo. Incertidumbre es al riesgo lo que la ansiedad es al temor. Temor y riesgo están orientados sobre algo específico: un objeto en el caso del temor, un evento en el caso del riesgo. El riesgo se expresa a menudo como un porcentaje de probabilidad que un evento particular pueda pasar (Revéiz 2007). La ansiedad y la incertidumbre tienen ambos sentimientos difusos.

La ansiedad no tiene objeto. La incertidumbre no tiene una probabilidad vinculada a ella. Tan pronto como una incertidumbre se expresa como riesgo, cesa de ser fuente de ansiedad. Más que reducir el riesgo, esquivar la incertidumbre se dirige a reducir la ambigüedad (Hofstede 1991).

En el índice de eludir la incertidumbre entre 50 países y 3 regiones, Colombia tuvo un UAI –Uncertainty Avoidance Index-de 80 y EUA de 46, siendo el más alto Grecia con 112 y el más bajo Singapur con 8 (Hofstede 1991).

La incertidumbre se refirió a las Normas generales, a la familia, a la escuela y al sitio de trabajo. Vale la pena destacar que la baja elusión de la incertidumbre está caracterizada entre otras cosas por “la incertidumbre es una característica de la vida y cada día está aceptada como llega” y “no debería haber más reglas que las que son estrictamente necesarias”. La alta elusión de la incertidumbre se caracteriza por “la incertidumbre inherente a la vida se toma como amenaza continua que debe ser combatida” y “existe necesidad emocional de reglas, aún si éstas nunca funcionan”. Por eso las críticas al TLC.

La conclusión muestra que Colombia tenía en 1980 alta distancia al poder (17 sobre 53), alto grado de control del grupo sobre los individuos, alto índice de masculinidad –machismo– (11 sobre 53) y una cultura en la cual existe un sentimiento de amenaza por la incertidumbre y las situaciones desconocidas que provienen del terrorismo y la seguridad.

2. La Distancia al Poder como la Captura del Aparato del Estado.

a. La Teoría y el Modelo de Ocupación del Espacio del Poder.

La fractura social C, NC, IC tiene como rasgo fundamental la competencia por la centralidad, o sea por estar más cerca del Presidente –Caudillo– para obtener las rentas y los privilegios.

La lógica de la centralidad del poder funciona como los modelos de competencia y el equilibrio de los hogares por el uso de la tierra en las ciudades, la centralidad (Alonso 1970) (4).

Las subsociedades C, NC, IC y sus redes compiten por estar más cerca del poder presidencial –dado el sistema institucional colombiano–. Al igual que preexisten preferencias de la localización de los hogares con relación al centro de las ciudades, existen preferencias de la localización de los grupos y las redes de C, NC, IC con relación al centro de poder.

Estas preferencias están determinadas por la distancia al poder del país: una amplia distancia al poder lleva a que los conflictos políticos domésticos frecuentemente conducen a la violencia, y a que los gobiernos sean autocráticos u oligárquicos basados en la cooptación. La curva de precios del poder a una distancia del centro –como la curva de precios de la tierra en las ciudades con un sólo centro– tiene forma similar a la campana de Gauss (Granelle 1970) (5). Si el poder es muy concentrado el precio del poder cerca del centro será muy alto y la curva tendrá un perfil elevado. Si la distancia al poder disminuye –el uso de la violencia en las políticas domésticas es raro y los gobiernos son pluralistas– se produce la disminución del precio del poder cerca del centro y se eleva en la periferia, o sea en los “strapontins” del teatro social, en nuestro caso para el tercer sector.

Una reversión en el sistema de apertura –que fomente la cooptación– producirá un efecto de congestión en la ocupación del espacio del poder desplazando la curva de precios hacia arriba y ampliando nuevamente el perímetro del Estado como ocurre con los perímetros urbanos (Granelle 1970).

El modelo funciona así:

y = pz + P(t)q + k(t)

La ecuación de presupuesto de una red o grupo GGE, narcotráfico, guerrilla, contrabando, gremios, políticos, tercer sector…es la siguiente:

y: ingreso.

pz: precio compuesto de bienes y servicios incluido el ahorro.

z: cantidad del grupo de bienes.

P(t): precio del poder a la distancia t del Presidente “maestro de ceremonias”. Equivale en el Modelo de Alonso a la cantidad de tierra a la distancia t del centro de la ciudad.

q: cantidad de poder. Equivale a la cantidad de unidad de espacio.

k(t): costos de transacción para tener acceso directo al Presidente. Incluye costos de pagos a los jueces, de ocultación de los expedientes, pago de intermediarios políticos. Equivale en el Modelo de Alonso a los costos de transporte –commuting costs– a la distancia t.

t: distancia al núcleo de poder. Equivale en el modelo a la distancia al centro de la ciudad.

Grafico 1. Distancia al centro del poder

Se obtiene un espacio de oportunidades –locus of opportunities– o una superficie de indiferencia S(z, q, t) en donde Alonso estudia los perfiles en tres dimensiones con relación a las coordenadas z, q y t (Alonso 1970, capítulo 2). Muestra entonces –con la superficie de indiferencia conocida– que si se conoce el precio del alquiler P0 que un hogar i acepta pagar en t 0 –en nuestro caso el precio que un grupo o red acepta pagar por poseer un espacio de poder cerca al centro– se puede establecer para el hogar –la red o el grupo– una curva de demanda que determina el precio P que se acepta pagar a cualquier distancia del centro. Así, las curvas de demanda de diferentes hogares –redes o grupos en nuestro caso– permiten su localización y por ello mismo los precios que pagarán los grupos y las redes en cualquier punto de la superficie del poder.

En la periferia de la ciudad –del espacio de poder en nuestro caso– el precio de la tierra ocupado por los hogares –en nuestro caso el precio de poseer un espacio de poder por parte de un grupo o red– es igual al precio del terreno agrícola –en nuestro caso el tercer sector, el de menor poder– porque la agricultura representa el único uso posible que se le da a la tierra y el tercer sector la actividad de NC que no tiene ningún grado de captura sobre el Estado y que muestra la menor rentabilidad económica.

Cuando una red o grupo escoge una localización hace un arbitraje entre el espacio de poder que él ocupa, los gastos para tener acceso directo al poder deseado con sus respectivos costos de transacción y los otros gastos de la canasta de bienes y servicios, incluida la inversión.

Ahora se presenta “el juego de ocupación del espacio del poder”. Espacio que tiene dueños u operadores –landlords en las ciudades– que ofrecen una cantidad de espacio decisorio localizado a una distancia del centro a un precio dado. Ese espacio de poder incluye espacio de decisión –mesocontratos y opciones– que son cada vez más rebuscados a medida que se aproxima al centro. Entre esos espacios decisorios los más cercanos al centro son la capacidad de agilizar la extradición –el Presidente puede aplazarla por un acto administrativo–, la capacidad de frenar una Reforma Agraria o de no dejar reparar las víctimas del desplazamiento, los privilegios de las conseciones bancarias o de los servicios públicos a 1/3 del precio de la bolsa, el freno a las investigaciones judiciales, las exenciones tributarias y los subsidios directos…

La escala de gradación de estos espacios es la misma de la línea de exclusión, captura, corrupción y criminalidad antes y después de la globalización. Los delincuentes que amenazan el Estado y pagan por su captura están en la base inferior de los cuadros –las redes de IC– y tratan de lavar los delitos de la parte derecha.

Las redes y grupos que menos capturan el Estado –o que tienen pequeños privilegios como el imperativo constitucional y el salario mínimo– están en la parte superior del cuadro y en la periferia del poder. El precio de oferta y la capacidad ofrecida por los operadores o dueños del espacio político –los landlords en la ciudad– deben equilibrarse con la demanda de las redes y grupos de poder –GGE, gremios y sindicatos, tercer sector, políticos, narcotraficantes, guerrilleros, contrabandistas, delincuentes de cuello blanco…– Resulta una configuración que ocupa el espacio político a partir del centro. Los GGE y los gremios, los delincuentes de cuello blanco se encuentran cerca del centro y después en la periferia ocupan espacio los sindicatos, el tercer sector, los campesinos que venden productos no transables, en general NC1 (6).

El juego de ocupación del espacio del poder se ilustra con la localización de 7 jugadores. Existe una ilimitada oferta de espacio político, económico y de negocios representada por mesocontratos y opciones. Esta oferta tiene 4 localizaciones de distancia al centro t1, t2, t3, t4, en donde t4 es la más lejana. Estas cuatro parcelas de poder –o de terreno en la ciudad– son poseídas por 4 operadores del Estado L1, L2, L3, L4 (7) –landlord en la ciudad–.

Cada uno de estos operadores busca maximizar el precio de su parcela de poder –de tierra en el caso urbano–. Subastan su parcela de poder –su tierra– entre grupos de poder que desean ocuparlas –GGE, gremios y sindicatos, tercer sector, políticos, narcotraficantes, guerrilleros, contrabandistas, delincuentes de cuello blanco–. En este modelo simplificado –y en el escenario institucional más pesimista– sólo 4 jugadores logran ocupar el espacio: GGE, narcotraficantes, guerrilleros, contrabandistas y delincuentes de cuello blanco. En la ocupación prevalecerá la rentabilidad del sector. Los sectores más rentables GGE (f) se localizarán más cerca del centro en t1, los gremios (i) en t2, los funcionarios públicos (b) en t3 y los grupos no cooptados (nc) en t 4. Se logra así una situación de equilibrio, cuando la economía es legal. El modelo se modifica cuando se deteriora la Tasa de Cambio Moral λ e IC ocupa un lugar hegemónico en el poder como aconteció en el Gobierno Samper. En ese Gobierno los GGE (f) –que financiaron la primera vuelta de la campaña– fueron desplazados por IC –el cartel de Cali– que financió 6 millones de dólares de la segunda vuelta presidencial. En las campañas de 1990-1994 quedó una “cripta” en la Fiscalía de 42.000 cheques girados por IC a los políticos con una inversión aproximada de 233 mil millones de pesos –291 millones de dólares– y los políticos condenados dentro del proceso 8.000 sumaron cerca de 500 mil votos equivalentes al 8% de la votación del Senado en 1994 (López, Claudia 2006).

El modelo se vuelve inestable por la selección adversa y el riesgo moral. La selección adversa resulta de la imperfección de la información. Los agentes con más riesgos, tenderán a asegurarse más. El operador del Estado no conoce toda la información sobre el agente comprador, en este caso el narcotraficante o sus intermediarios. Por ello hay la posibilidad de que cubra su riesgo, o que se descubra. En el primer caso el grupo narcotraficante, por encontrarse a la misma distancia del poder que un grupo financiero deberá pagar una prima k> 1. Igualmente aplica el riesgo moral. Los agentes que ya están asegurados reducen los incentivos para evitar o prevenir un suceso arriesgado. Ha ocurrido en el actual proceso electoral de Colombia con dos grupos favorables (7) al Presidente Uribe. Colombia Viva tiene 10 congresistas, 27 alcaldes y 44 concejales. Apertura Liberal tiene 5 congresistas, 24 alcaldes y 444 concejales. Ambos tienen un potencial electoral de 2 millones de votos equivalente al 20% de la última votación del Senado. Estos dos grupos se sentían tan fuertes apoyando la reelección del Presidente que no tomaron las medidas para purgar de sus listas candidatos vinculados con el narcotráfico y los paramilitares. Estaban tan asegurados que bajaron sus incentivos para prevenir los riesgos de la sanción social y electoral (López, Claudia 2006).

Referencia

1. Este estudio clásico partió del análisis de valores con base en una encuesta de la multinacional IBM, que le sirvió para comparar valores-cultura-país-indicadores.

2. Para Octavio Paz la figura del padre –el centro– se bifurca en la dualidad de patriarca y de macho. El patriarca protege, es bueno, poderoso y sabio. El macho es el hombre terrible, el padre que se ha ido y que ha abandonado su mujer y los hijos. Paz (1998, 331).

3. Incluye indicadores como los escaños ocupados por mujeres en Parlamentos, las mujeres en puestos ejecutivos y administrativos, las mujeres en puestos profesionales y técnicos y el PIB real per cápita de las mujeres en términos de PPA en dólares PNUD (1999).

4. Haremos una analogía entre el modelo de equilibrio de los hogares por el uso de la tierra en la ciudad con el equilibrio de las sociedades, redes y grupos C, NC, IC por el uso del poder centralizado.

5. Las curvas de indiferencia representativas de la conducta de cada hogar –red o grupo en nuestro caso– se asimilan a rectas de pendiente p que es el precio atribuido por cada hogar –grupo o red en el caso del poder– a una unidad de su tiempo en el curso de sus desplazamientos más frecuentes. Para C y NC la parte del presupuesto que puede ser dedicada a una economía de tiempo no siempre puede crecer y llega el momento en donde el precio de la unidad marginal de tiempo decrece Granelle (1970, 70). Para IC no se aplica esta teoría porque tiene un exceso de recursos –el windfall del narcotráfico– que le permite satisfacer sus necesidades sin restricción de recursos.

6. En las ciudades las tierras urbanas cerca del centro único están ocupadas por las sedes de los bancos y las compañías de seguros, las grandes multinacionales… y en la periferia de la ciudad los campesinos productores de bienes agrícolas para el consumo de la ciudad

7. Se puede asimilar a las empresas electorales que capturan parcelas de Estado, los senadores que controlan institutos, los paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes que controlan territorios o instituciones locales.

La Tasa de Cambio Moral

La Justicia Social y la Administración de Justicia en la Triple Sociedad: la Tasa de Cambio Moral.

Esta nueva entrada del blog corresponde a una parte de uno de los capítulos del libro El Estado Lego y la Fractura Social del 2007 que no incluye el análisis presente de la crisis mundial económica y de corrupción, ni de los "indignados", ni  la primavera arabe, pero los anuncia. La exclusión, la captura del Estado, la politización de la justicia y la criminalidad son los instrumentos reales complementarios al mercado que usan las sociedades C (cooptada), NC (no cooptada), IC (ilegal-criminal) para redistribuir el ingreso y la propiedad, el poder y los riesgos, con ellos constriñen el crecimiento.

Modelo General.

El siglo XXI se inició con la doble y confusa crisis entre la Justicia Social y la Administración de Justicia.
Durante buena parte del siglo XX, los conceptos teóricos y las políticas estatales estuvieron relativamente bien delimitados. Se discutió acerca de la deuda social que el Estado tenía con los grupos pobres de la población, como si se hubiera acumulado un flujo de deuda que debería traerse a valor presente para saldar los compromisos con tales grupos.

Se adoptó también, en el orden internacional, la estrategia de focalizar los subsidios hacia los pobres. Los Estados-Nación pobres y emergentes adoptaron esta cultura, al solicitar a los países industrializados con quienes habían tenido pasadas relaciones coloniales e imperialistas compensar los daños ocasionados –un flujo de deuda nacional implícito– adicional a la deuda soberana.

Las reglas de la globalización neoliberal arrasaron con estas reivindicaciones. El desarrollo social debe en adelante conseguirse por mecanismos de mercado. En el Documento de Barcelona se discute sobre desarrollo económico y no sobre desarrollo social.

Visión del Mundo que está en Marcha. El total mundial de las remesas de dinero de los emigrantes obtenidas en condiciones de mercado alcanzaron la cifra de 63.000 millones de dólares en 2000 (28.400 procedentes de EUA) y ya son superiores al total de la ayuda externa mundial pública, que alcanzó sólo los 58.000 millones de dólares (Huntington 2004, 326).

Justicia Social.

El Desenlace Neoliberal (1) mostró en lo pertinente a la Justicia Social que:

– Las políticas del CW hicieron desaparecer la noción de deuda social en el Estado-Nación y en el orden internacional.
– Se incrementó la brecha entre la teoría y los medios puestos en marcha para instrumentar las políticas de lucha contra la pobreza.
– El reto de los contenciosos sociales de los hogares está sin resolver y sigue siendo idéntico al que existía antes de la Apertura: desigualdad, pobreza, movilidad y bienestar.
– Existe una bifurcación continental en el desarrollo social: los Países Asiáticos muestran un avance superior al de los Países de América Latina –A.L.–, del Este Europeo y del Africa.
– Las sociedades se fracturaron por efectos de la captura del Estado, de la extinción de la naciente Sociedad Civil y de la expansión de IC. La globalización del comercio se hizo a más rápida velocidad que la globalización de la justicia y de la tributación. Ante el aumento del costo de transacción de obtener rentas comerciales, los grupos que capturan el Estado concentraron sus esfuerzos en la captura de las exenciones tributarias y de la Administración de Justicia.
– La tributación indirecta sustituyó los impuestos directos, para financiar el déficit fiscal que se origina por la voracidad y la codicia de la clase política. Esta situación creó un riesgo global de huelga fiscal en muchos Estados-Nación (Revéiz 2004, 178). La fractura social generó un injusto y piramidal sistema tributario con variantes según las culturas:

En el Estado de Naturaleza, las redes se estructuran verticalmente y con funciones predatorias acumulativas. Así, la sociedad no cooptada, que no controla el Estado, se especializa en funciones informales y su ilegalidad se concentra en la evasión tributaria. En ella convergen todos los grupos discriminados y marginados de la sociedad y aquellos que tienen menor poder de negociación frente al Estado. Es la de mayor importancia cuantitativa. La sociedad cooptada, que captura el Estado, evade impuestos como la anterior, pero al mismo tiempo obtiene privilegios y exenciones tributarias, resultantes de la captura misma. Crea barreras a la entrada y a la salida, frente a la sociedad no cooptada, pues estar en ella y controlar el Estado produce altos beneficios. La sociedad ilegal criminal realiza las funciones predatorias de las anteriores, pero al mismo tiempo obtiene beneficios mediante el uso de la violencia y la coacción, que extrae de las sociedades no cooptada y cooptada. Es la de mayor riesgo en materia de seguridad, pues está enfrentada al Estado y, a la vez, la de menor importancia cuantitativa; pero también la que usa tecnologías criminales más avanzadas. Uno de los grandes problemas tributarios es establecer la probabilidad de tránsito que tienen los agentes económicos para pasar de una a otra según los incentivos macroeconómicos, políticos y judiciales que ofrece el sistema.

– El desempleo se convirtió en los 90’s en el principal reto para la gobernabilidad de los Estados-Nación. En las sociedades comunistas, el seguro de desempleo era el empleo ineficiente. Muchas sociedades democráticas no tienen seguro de desempleo. De allí, la indigencia. Durante los últimos 20 años, el trabajo se convirtió tanto en factor de producción autorrealización personal (un proyecto humano voluntario), como en un factor (precio de la fuerza laboral) sometido a la competencia. Muchas personas prefieren estar desempleadas que empleadas, o no participar en la fuerza laboral porque el mercado no colma sus aspiraciones.

En las sociedades fracturadas, la redistribución del ingreso y de la riqueza se genera por tres vías: el mercado, el Estado –a través del Presupuesto Nacional y de la tributación– y la violencia. Una sociedad fracturada tiene varias visiones de los derechos de propiedad. Las preguntas fundamentales son: ¿cómo emergen histórica y antropológicamente las relaciones de los derechos de propiedad?, ¿cómo las reglas invisibles, ilegítimas e ilegales se convierten en derechos? Y ¿cómo contrastan estas reglas con las instituciones formales de la perspectiva Constitucional, que incluyen visibilidad, legitimidad y legalidad (Niederle 2004).

En la cooptada-C, hay diversidad de enfoques entre los compañeros deruta: la clase política actúa como si el Estado le perteneciera, los grupos económicos y los lobbies, como si tuvieran derechos de propiedad sobre la política económica y social; los sindicatos actúan como si fueran dueños de lo social.

En la no cooptada-NC, el sector informal actúa como si tuviera derechos de posesión sobre el espacio público; los indígenas tienen derechos de propiedad sobre las reservas ecológicas y sobre la justicia en sus territorios (1)

En la ilegal criminal-IC, por los contenciosos no resueltos sobre el sector agrario, la guerrilla y los paramilitares consideran que tienen derechos de propiedad sobre las tierras rurales y sobre la administración local.
 
La Administración de Justicia.
 
La crisis de la Administración de Justicia se visualizó hasta los 90’s como la lentitud en los procesos, medida por indicadores de gestión y su eficiencia (tercera parte).
Después de los 90’s surgieron enormes contenciosos, por el efecto combinado de la intempestiva Caída del Comunismo y los atentados terroristas del 9-11 de 2001:

– La violación de los Derechos Humanos –DDHH y del Derecho Internacional Humanitario– DIH en el orden nacional e internacional.
– La difusión de la corrupción en los Estados-Nación, como resultado de su captura y criminalidad en los acelerados y oscuros procesos de privatización, que se hicieron sin las regulaciones necesarias para asegurar la competencia (2).
– Se consumó la violación del principio de separación de los poderes del Estado Nación, para combatir el terrorismo internacional y para aplicar –o impedir– la instrumentación del CW, aún en los Estados más democráticos.

Algunos autores interpretan el caso de los presos de Guantánamo como patente violación de la separación de poderes:
Bajo esta perspectiva debemos ver a Guantánamo no como un fenómeno inconexo, sino como un gran componente de un sistema revolucionario, con el que el Gobierno de Bush ha derribado dos pilares de La Ilustración y de la propia Constitución de los Estados Unidos: la aceptación de la tortura y el rechazo del debido proceso. Este doble ataque legal sólo fue posible gracias a uno tercero, el que cancelaba la separación de los poderes. Un único tema recorre todo el registro documental de la Guerra contra el Terrorismo: el ilimitado poder del presidente para hacer caso omiso de los tratados, las convenciones y las Leyes en tiempo de guerra (Rose 2004).

No son casos aislados los enfrentamientos del poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo para adoptar decisiones compensatorias en la política económica y social. En Colombia, ante los severos ajustes concertados entre el Gobierno y el FMI, la Corte Constitucional tomó la decisión de fijar los ajustes del salario mínimo, lo que consideró compatible con el Estado Social de Derecho.

– La politización de la Administración de Justicia se extendió con la captura del Estado, la corrupción y la criminalidad. Muchos gobernantes son incapaces de asegurar el contrato de protección con el pueblo. Para restablecerlo –así sea de manera frágil– se efectúan cambios frecuentes en las Normas (Constitución, Leyes, Decretos) y en la Administración de Justicia (Código Penal y frecuentes indultos y amnistías). La justicia se convirtió en el principal instrumento de gobernabilidad. Con el concepto de Tasa de Cambio Moral hemos formalizado su evolución y medido su inestabilidad y parcialidad política (véase tercera parte).

La Justicia Social, la Administración de Justicia y el Crecimiento.

Su análisis está en obra negra en el mundo globalizado y en los sistemas de múltiples equilibrios.
Se ha hecho un gran esfuerzo para revisar las teorías y los modelos sobre la Justicia Social y la Administración de Justicia. Nos permitió progresar en un enfoque propio sobre la Tasa de Cambio Moral y su papel en la gobernabilidad política.

Los aspectos más destacables son los siguientes:
– Las estrategias de Justicia Social y la eficiente Administración de Justicia son la médula para alcanzar el desarrollo sostenible con la visión de múltiples equilibrios. Muchos países que tuvieron elevadas tasas de
crecimiento económico (Indonesia, Chile…) y que no resolvieron los contenciosos de la Justicia Social y la Administración de Justicia (casos Suharto, Pinochet…) entraron en profundas crisis muchos años después y
vieron cómo se empantanó su desarrollo.
 
En los 60’s, el Gobierno Suharto (3) en Indonesia apoyado por EUA perpetró una enorme masacre de musulmanes y en el marco candente de la Guerra Fría su posición geopolítica le permitió dar seguridad a la IDE, logrando sostenido crecimiento económico. Acumuló un importante contencioso en materia de DDHH, corrupción y seguridad societal –el fundamentalismo islámico– que hizo estallar una profunda crisis a finales de los 90’s.

Tras el colapso de la Crisis Asiática (2000), la comunidad internacional se vio obligada a crear un programa, The Partnership for Governance Reform, destinado a corregir los graves desequilibrios acumulados durante 35 años (4). Chile, en América Latina, requirió 20 años (1970-1990) para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 6%. Las tasas de crecimiento 1970-1980 y 1980-1990 fueron de 2% y 3,6%, respectivamente (Landerretche 2003).

El Gobierno de Pinochet liberalizó la economía y equilibró los mercados (1973 y 1986), al tiempo que creó un fuerte desequilibrio en los DDHH y en el desarrollo social. Este legado arriesgó hacer estallar el consenso interno, las instituciones y el desempeño económico, con un rezago de 25 años (véase la viabilidad del ALCA y del TLC). Con mayor razón si ahora se demostró la corrupción personal de Pinochet y su familia.

Otros casos-límite, incluidos los de EUA, Colombia, Bolivia y Rusia, se detallan adelante.

– La no-exclusión favorece la dinámica de crecimiento. En los últimos años se desarrolló una extensa literatura sobre la pertinencia de la no-exclusión como condición necesaria para el crecimiento sostenido. Enfoque que no es compartido por quienes consideran que la no-exclusión es punto de llegada más que de partida. La teoría moderna del crecimiento está bien formulada en los modelos de Barro (1974, 1976, 1989), Barro y Sala-i-Martin (1992, 1992b) y Sala-i-Martin (1994, 1997) y se basa en el principio de sustituir sacrificio presente por bienestar futuro (González 2003a).

– La sucesión de causalidad más apropiada para explicar el crecimiento es: la exclusión, la captura y la criminalidad –el crimen y la violencia– producen el deterioro del capital o de la infraestructura que a su vez disminuye la productividad total de los factores (PTF). Esta se traduce en bajas tasas de crecimiento y desempleo (5)
– La mayoría de los autores considera que los costos de la corrupción son mayores que los beneficios. La corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo (6)

Bardhan definió la corrupción:

En la mayoría de los casos, la corrupción tiene que ver con la forma como se utilizan los cargos públicos con el fin de obtener ganancias privadas. Para conseguir este propósito, el funcionario –el agente– a quien el público –el principal– le ha confiado una tarea realiza algún tipo de actividad censurable y difícil de monitorear por parte del principal..
 
Nuestra visión sobre la sucesión de causalidad para explicar el impacto negativo de la corrupción sobre el crecimiento es:

La corrupción retira recursos productivos a la inversión pública, que deben ser reemplazados por la sociedad para realizar el mismo proyecto por medio del alza de impuestos o con recursos sustraídos a otros proyectos rentables. Contribuye también a fortificar a los rentistas improductivos dentro de las redes C e IC. Mantiene privilegios y consolida los monopolios. Fomenta la fractura de la sociedad y aviva los conflictos entre las sociedades C e IC, con la NC, que sí está sometida a la competencia. Aumenta el gasto en la justicia y deteriora su credibilidad cuando ésta no puede contrarrestar las prácticas corruptas. La desprotección de los derechos de propiedad disminuye la IDE y la inversión nacional, de modo que se incrementan el desempleo y la pobreza.

La reflexión histórica y antropológica sobre la Justicia Social y la Administración de Justicia nos permitió concluir que:

La Evolución Adaptativa de la Justicia hace parte del Juego Político.

Dicha evolución se analizó en el marco de la autoorganización de las tres sociedades –redes y familias– C, NC, IC. Estas tienen distintas conductas y demandas en lo tocante a la Justicia Social y a la Administración de Justicia. En el caso límite de Colombia el juego político se escenifica en los tres sistemas de justicia superpuestos (véase supra).

La Fractura Social influye sobre la Calidad y la Eficiencia de la Justicia Social y sobre la Administración de Justicia.

Se genera por el estatus diferencial y discriminatorio de los actores frente al sistema tributario. A su vez, el mercado crea incentivos para pasarse de una red a la otra. Después de la Apertura, los alicientes favorecen a la actividad ilegal criminal IC y a la sociedad C.
La Evolución del Sistema de Justicia (como el Crecimiento y el Desarrollo (7)) no es un Proceso Log-lineal, existen Bifurcaciones (Gráfico 31). Dicha evolución –en co-variación con el desarrollo económico– está determinada en buena medida por la cultura. La crisis de la Administración de Justicia tiene múltiples causas vinculadas a la politización (Tasa de Cambio Moral, falta de transparencia del Estado, impunidad, crecimiento del narcotráfico, crecimiento de redes ilegales criminales), la criminalidad (delitos contra la vida y la propiedad) y la captura del Estado (privilegios, sobornos, concentración del ingreso y las tierras) (8)

Entropía Institucional, Impunidad y Gasto Público. Determinados por la cultura de los países (9)
La Politización de la Justicia favorece la Impunidad. Se realiza por la vía de las reglas del juego inestables en la justicia –indultos, amnistías frecuentes y cambio en los costos relativos de cometer los delitos–, lo que a su vez frena la IDE (véase Tasa de Cambio Moral).
La Justicia y los Sesgos entre la Democracia Formal y la Real. A partir de la visión de Norberto Bobbio, se hizo la lectura en la primera fase de globalización del comercio y después de la crisis del 9-11 de 2001) (Revéiz 2004).

Los Modelos de la Justicia.

Se hizo el esfuerzo de examinar en forma conjunta las condiciones iniciales, la fractura social desigual, los conceptos de visibilidad, legalidad y legitimidad y la politización creciente de la justicia, de tal suerte que se pueda captar la diversidad cultural de cada país.

En el orden judicial, se observa que los rasgos teóricos y culturales más característicos son:

– Mayor velocidad de la globalización del comercio frente a la justicia y a la tributación. Esto influye en la evolución y autoorganización del sistema de justicia, por ejemplo la dispersión de los precios del petróleo o de las tarifas de los impuestos entre los Estados-Nación es menor que la dispersión de las penas sobre los principales delitos: patrimonio económico, secuestro, cuello blanco, subversión, narcotráfico y terrorismo.

Desde el ángulo del ciudadano y del emprendedor, el sistema institucional y el de justicia son muy complejos y espesos (Gráfico 4).

Por efectos de la inestabilidad política y jurídica, se realizan frecuentes reformas a la justicia –Constitución, Leyes y Decretos– y al Código de Procedimiento Penal, que no dan mensajes claros a los ciudadanos y empresarios. Existe fuerte asimetría de la información con respecto a la manipulación de dichas Normas (sometimiento a la justicia, amnistías e indultos frecuentes). La Justicia Social presenta un problema similar: las frecuentes reformas tributarias impiden que el emprendedor y el ciudadano tengan reglas claras para sus planes de negocio y proyectos de vida.

La identificación de las fuentes del poder y de la justicia tiene altos costos de transacción para el ejercicio de la democracia.
Saramago puso el dedo en la llaga:
La cuestión principal que todo tipo de organización humana se plantea, después de que el mundo existe, es la del poder. Y el principal problema es identificar quién lo ostenta, de verificar por qué medio lo obtuvo, el uso que hace de él, los métodos que utiliza, y cuáles son sus ambiciones (10) (Saramago 2004).

- Las condiciones iniciales de la Conquista en América como empresa comercial, definieron la evolución y la autoorganización de la violencia y la justicia en las diferentes culturas americanas.
En Nueva Zelanda y en EUA, la mayoría de la población nativa no sobrevivió al colonialismo europeo. En los Países de A. L., pese a las grandes masacres indígenas, se produjo un importante mestizaje y un peculiar sistema de justicia.
En los primeros países, el nuevo orden y el nuevo sistema de justicia se estructuraron como novedad –innovación– sin restricciones. En el caso de Colombia, la justicia ha sido un pacto entre el antiguo orden y el nuevo orden. Con la violencia existen los tres sistemas de justicia citados: el sistema institucional universal, la justicia indígena y la “justicia” ilegal criminal. La forma de organización de estos últimos grupos, sus pactos económicos y los botines que obtienen con el desplazamiento, las masacres, el robo de tierras y el narcotráfico recuerda las estructuras de la Conquista:

Por otra parte, estaba el factor económico, la Conquista era una empresa comercial donde había convenios económicos claramente establecidos, que fijaban la participación que sobre el botín tendría cada uno de los integrantes. Un ejemplo de estas distribuciones lo podemos encontrar en la mencionada expedición de Fernández de Lugo, en la que se estipularon las partes así: para cada rodelero 1 parte, 1½ para cada arcabucero o ballestero, 2 para los que llevaban cabalgadura, 3 para el médico, 4 para los capitanes de escuadra, 5 para el teniente general, 10 para don Pedro Fernández de Lugo, quien además tendría ventajas posteriores como gobernador (Vejarano et al. 2004). 

El mestizaje tiene la ventaja de aumentar la diversidad a largo plazo, frente a los costos de transacción del ajuste societal a corto y mediano plazo como el aumento del gasto social y la Administración de Justicia. Vale mencionar los enormes costos de crecimiento económico que se originaron por las guerras raciales de los Balcanes en los 90’s, tras un período de estabilidad –guerra aplazada– durante la era comunista. Así, Colombia ya pagó los costos de transacción del mestizaje, con las guerras y conflictos de los siglos XIX y XX. Las condiciones iniciales son favorables para el siglo XXI pues la Constitución de 1991 ya es pluricultural y pluriétnica.

EUA no ha pagado los costos societales del mestizaje. De ahí, la gran preocupación que existe en el futuro sobre los escenarios competitivos futuros de este país: Estados Unidos cosmopolita, imperial, o nacional(Huntington 2004). Francia, por ejemplo, por haber ocupado territorios en sus expansiones imperialistas y tras la política de descolonización de los 60’s, pagó moderadamente los costos de transacción del mestizaje con mayor número de matrimonios mixtos que EUA.

La exclusión surge o se genera en sociedades en donde coexisten varios órdenes de autoorganización. Es un grave freno a la competencia. Walras tenía la preocupación de que la competencia funcionaba siempre que el Estado fuera propietario de la tierra. El monopolio privado de la tierra, que es el principal factor de producción, no favorece la competencia. No hay competencia sin distribución (11). El problema agrario es el Talón de Aquiles de las sociedades andinas.

– La fractura social influye en la morfología de la justicia, el tipo y la cantidad de los delitos. En una cultura en donde las redes IC son muy importantes, los delitos atados con la violencia, el crimen y la violación de los Derechos Humanos será preponderante como el caso de Colombia. En donde las redes (familias) C tengan tamaño relativo demasiado amplio, los delitos de corrupción del Estado y de los lobbies privados
tendrán enorme jerarquía. En donde las redes NC sean muy grandes, se puede esperar que los delitos violentos menores, contra el patrimonio y de evasión de impuestos tengan importancia.

Si la Sociedad Civil está consolidada, el perfil de los delitos se agrupará más en la delincuencia común y en la captura del Estado que en la evasión de impuestos o en la violencia criminal y la violación de los Derechos Humanos como en Francia y EUA. En el plano internacional, los parámetros de la justicia que aún no están estandarizados, funcionan con doble peso y doble medida como en el caso del conflicto Israel-Palestina.

– Tratamos de darle unidad a los conceptos de visibilidad, legitimidad y legalidad. Wolfe y Bobbio definieron la visibilidad. Bobbio tomó de Wolfe el concepto doble Estado: al lado de un Estado Visible existe un Estado Invisible:
Es bien conocido que la democracia nació bajo la perspectiva de erradicar para siempre de la sociedad humana el poder invisible, para dar vida a un Gobierno cuyas acciones deberían haber sido realizadas en público.
 
Más adelante Bobbio definió la idea central:
El Gobierno de la democracia es el Gobierno del poder público en público (Bobbio 2001).

De Maurice Allais tomamos el concepto liberal de la legitimidad del ingreso:
Los ingresos son legítimamente ganados, cuando resultan de un sistema competitivo. El principio de legitimidad de los ingresos se vincula con el hecho de que hayan sido obtenidos mediante un servicio efectivamente prestado en situaciones de libre competencia. Los no legítimamente ganados son aquellos obtenidos mediante barreras a la entrada y a la salida en los mercados que generan efectos redistributivos: aduanas, cuotas, aranceles, subsidios desmedidos al crédito y a las importaciones, rentas coyunturales debidas a la inflación, etc. (Revéiz 1997, 35).

Del Estado como Mercado adoptamos el concepto de legalidad del ingreso: es relativo y se aplica en cada Estado-Nación de acuerdo con su propio sistema institucional por la ausencia de globalización de la justicia (Revéiz 1997).

Un fuerte antagonismo surgió por la ruptura de los objetivos y los intereses compartidos en el mundo occidental, con ocasión de la invasión a Irak y la gobernabilidad política de los Derechos Humanos:
Los americanos consideran que no hay legitimidad democrática por encima del Estado-Nación. Los europeos, al contrario, piensan que ésta depende de la voluntad de una comunidad internacional (Fukuyama 2002).

Un análisis sobre las paradojas entre la legitimidad y la legalidad del ingreso en las diferentes culturas antes y después de la Caída del Comunismo se encuentra en Revéiz (1997, capítulo 1). Ahora hemos hecho el esfuerzo de compaginarlas con la visibilidad, en correspondencia con la fractura social.

– La politización de la justicia se propagó en muchos Estados-Nación por la captura del Estado, la corrupción y el narcotráfico. Se vive una crisis ético-política de las oligarquías dirigentes, que utilizan el poder para protegerse de las investigaciones sobre la corrupción. En el pasado, era manifestación de la democracia recortada y elitista, en la que se aplicaba la justicia con criterio de clase, grupo, estrato o clientela, “la justicia es para los de ruana”.

La justicia se ha manipulado en un sinnúmero de casos para proteger presidentes, parlamentarios, jueces, grandes empresarios (ver supra).

– El estudio morfológico de las bifurcaciones de la captura y de la criminalidad es útil para entender el desarrollo de la justicia en el largo plazo (Gráfico 25 y Gráfico 31). Las preguntas relevantes son: ¿Se aumenta la criminalidad cuando se incrementa la captura del Estado, o se recorta la democracia económica y política? ¿La captura genera con rezago criminalidad, para modificar de nuevo la redistribución del ingreso que la captura originó? ¿Con qué rezagos se genera violencia, base para constituir empíricamente un Banco de Comportamientos Culturales?

 
No se pueden dar respuestas definitivas, pero las reflexiones son útiles para construir una teoría del desarrollo con múltiples equilibrios.

Modelos:

El análisis general comprende:

Modelo 1. El Marco de Análisis de la Gobernabilidad, en su Relación con la Justicia.

Se basa en las categorías de la exclusión (sociedad NC), la captura del Estado (sociedad C) y la criminalidad (sociedad IC). Resulta de las condiciones iniciales y de la fractura social.

Esta estructura se consolida cuando la sociedad crea incentivos para impedir la visibilidad, la legitimidad y la legalidad de los negocios privados, de la fuente y usos de los ingresos y de la riqueza.

Los instrumentos para lograr una Sociedad Civil que no esté fracturada son el crecimiento económico, la Justicia Social y la Administración de Justicia.

Modelo 2. La Sociedad Triple, sus Redes, la Captura del Estado y su Visibilidad, la Criminalidad antes y después de la Globalización.

Incluye el conjunto de las categorías y los factores a través de un juego de matrices que correlacionan en filas las 13 redes (familias) de las sociedades C, NC, IC, clasificadas de la menor a la mayor violación de la competencia económica y de la democracia política. A la vez, en columna se contrasta con las 17 políticas económicas y sociales y con las actuaciones de los agentes clasificadas según las categorías de exclusión, captura y criminalidad (Cuadro 31 y Cuadro 32).

El resultado es una matriz triangular. Las redes de la base de la matriz son las que más perpetran violaciones a la competencia, a la democracia y a la Ley; en las columnas de izquierda a derecha, las actuaciones de los agentes también se clasifican en función ascendente de violación de la Ley y el mercado.

La matriz faculta el análisis de la exposición de las instituciones a los diferentes macro factores o riesgos. Se mide el precio por unidad de riesgo que tiene cada institución –las 25 instituciones o ramas de las filas– para que no haya arbitraje. Debe llegarse al mismo precio por unidad de riesgo.

Modelo 3. La Tasa de Cambio Moral.

Es la aplicación de la teoría económica convencional a la evolución de la justicia. Con esta tasa se quiere significar el cambio relativo en la preferencia que han tenido los gobiernos de los últimos 25 años, con respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos: narcotráfico, subversión, delitos de cuello blanco, terrorismo, secuestro, patrimonio económico. Este último delito se toma como numerario o base de la comparación. Se confronta luego con la eficacia en la Administración de Justicia y con variables internacionales (Revéiz 1997, 450). Las categorías se sintetizan en:
 
Tasa Cambio Moral Institucional-TCMI, Tasa Cambio Moral Real-TCMR, Indice
Tasa Cambio Moral Real Efectiva-ITCMRE (Tercera Parte).

Modelo 4. Gobernabilidad y Bifurcaciones en las Líneas de Captura y de Criminalidad del Estado.

La historia económica permite estudiar la evolución adaptativa del sistema de la justicia, para descubrir las regularidades temporales con o sin rezagos que aparecen entre las líneas de captura (βi) y las líneas de crimi
nalidad (αi). Todo ello, contrastado con la politización de la justicia y la Tasa de Cambio Moral Real Efectiva (λi) (Gráfico 25. Las Bifurcaciones, la Línea de Captura y de Criminalidad de las Redes y Gráfico 31. La Justicia y la Gobernabilidad en Colombia).

Modelo 5. Calificación de la Trayectoria de la Justicia según el Grado de Politización y las Líneas de Captura y Criminalidad.

El análisis histórico y de los estudios cuantitativos permite calificar la justicia en el largo plazo, según la politización y la eficiencia de la justicia, la criminalidad y la captura (Cuadro 35).

El Modelo Local.

Dicho modelo se ilustró con el caso de Colombia. Se partió de la base (modelo 1 general) de que Colombia reúne la morfología peculiar de tres sociedades. Y de que el despliegue de la sociedad-Estado surgió de la institución-premio de la Encomienda. De ella también brotó su sistema de Justicia Social y de Administración de Justicia.
 
 

 
Conforme a la influencia de las condiciones iniciales sobre la evolución de las instituciones (proposición 2), la institución-premio de la Encomienda fue fundadora de la captura del Estado y de la ética de la cooptación con la creación de la Federación Nacional de Cafeteros FNC en 1927 y del Frente Nacional 1958-1986 (Revéiz 1989, 74). También fue fundadora de la ética de la concesión –baldíos y concesiones bancarias antes de los 90’s (12) y privatizaciones y concesiones en todos los sectores– que facilitó la instauración del modelo neoliberal.

Al conferir a las instituciones el factor predominante de la calidad del desarrollo a largo plazo, se muestra que la Encomienda como principal estrategia colonial hispánica –diferente de la anglosajona que hizo tabla rasa de lo existente–(13), definió la autoorganización y la fractura del Estado y sus instituciones. Dio comienzo a las diferentes generaciones de los encomenderos con variantes –generaciones– de concesiones y peculiares sistemas de la cooptación y de la captura del Estado (primera parte).

Los CCC resultantes de la Encomienda cimentaron instituciones claves como las concesiones de baldíos y de las tierras y los conflictos sobre la tierra durante el siglo XX y hasta hoy. Estuvieron en el origen de la estructura gremio-región-producto, que ejerció un gran poder de regulación de la política macroeconómica entre 1950 y 1990. Estructura que se explica por la mayor especialización de la economía en el orden regional que en el nacional. Las reformas del CW rompieron este modelo de capitalismo político (14)

El Modelo Local.





En la búsqueda de un análisis integral de la justicia, se presenta una calificación de la trayectoria de la justicia entre 1927 y 2003, según su grado de politización y líneas de captura y criminalidad (Cuadro 35) (ilustra los
modelos 3, 4 y 5 generales).

En el modelo se reúnen las teorías, hallazgos e indicadores que revelan cómo la Administración de Justicia –en parte la Justicia Social– afecta el desarrollo colombiano.

El principal indicador de la Justicia Social es la concentración de la tierra (9); y los indicadores de la Administración de Justicia son el Indice de la Tasa de Cambio Moral (1), la investigación y sanción de entidades públicas (2), la instrucción de sumarios e impunidad (3), el crecimiento del narcotráfico (4), el crecimiento de redes de guerrilla y paramilitares (5), los delitos contra la vida y la propiedad (6), la línea de captura (7) y la capacidad de los agentes para sobornar el Estado (8).

El examen del conjunto de las redes y las variables por períodos permitió –a partir de las opciones y el código de comportamiento cultural que tienen los grupos dirigentes y los ciudadanos frente a la justicia– tener una visión global del contencioso de la justicia.

La indagación por los períodos permitió registrar que todos los resultados de las redes cooptadas e ilegales-criminales se encuentran en los rangos entre 0 y 40. Los períodos de más bajo puntaje son el de la violencia (1927- 1958) y el del crecimiento del narcotráfico y de los carteles de la droga (1985-1990). Los períodos del Frente Nacional Largo (1958-1982) y el posterior a la promulgación de la Nueva Constitución de 1991, registraron un mejoramiento leve de la Administración de Justicia.

La conclusión global del análisis por períodos es que el sistema osciló entre la ausencia de institucionalidad para construir un régimen de justicia eficiente, igualitario y sin impunidad (0) y la intencionalidad baja y permisiva para lograrlo.

El análisis de la bifurcación en Colombia de las líneas de criminalidad y de captura del Estado se hizo entre 1900 y 2003. Se incorporaron los episodios más dramáticos de la violación de los DDHH y del DIH, en contraste con las Reformas Constitucionales, Leyes y Decretos que, sin proponérselo, favorecieron la criminalidad y la captura. Se examinaron también las crisis que cambiaron las relaciones de poder entre las sociedades y redes C, NC, IC (Gráfico 31).

 
Referencias

(1) En Colombia existen tres sistemas legales e ilegales de justicia, geográficamente superpuestos: el sistema institucional, que se aplica efectivamente en un 70% del territorio; el “sistema ilegal de justicia” de los grupos armados al margen de la Ley (guerrilla, paramilitares), que tenía presencia en 622 municipios en 1995; y el de las comunidades indígenas, que en el 2002 se componían de 785.356 personas, quienes representaban el 1,8% de la población del país y se dividían en 82 etnias diferentes. Ellas contaban con territorios legalmente reconocidos y delimitados, de propiedad comunal de 308.161 km2, casi el 27% del territorio nacional. Véase Banco Mundial (2003, 695 y subsiguientes, capítulo 28).

(2) Veinticinco presidentes de América Latina han sido investigados por escándalos de corrupción durante esa década: de Paraguay, Juan Carlos Wasmosoy (1993-1998), Raúl Cubas (1998-1999) y Luis González Macchi (1998-2003); de Ecuador, Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000); de Guatemala, Jorge Serrano Elías (1991-1993) y Alfonso Portillo (1999-2004); de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000); de Nicaragua, Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (desde 2002); de Honduras, Rafael Callejas (1990-1994); de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992); de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1974-1979, 1989-1993); de Colombia, Ernesto Samper (1994-1998); de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000); de Argentina, Carlos Saúl Menem (1989-1999); de Bolivia, Hugo Bánzer (1997-2001); de El Salvador, Alfredo Cristiani  (1989-1994); de República Dominicana, Leonel Fernández (1996-2000); de Panamá, Myreya Moscoso (1999-2004); de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez (1998-2002). Véase Portafolio (2004a). De éstos, 14 no pudieron terminar su mandato.

(3) En términos macroeconómicos, un número substancial de políticas, de regulaciones y Leyes fueron capturadas por intereses creados, compinches de Suharto, lo que derivó en la corrupción de numerosas políticas durante el “nuevo orden”. Véase Partnership for Governance Reform in Indonesia (2001).

(4) La Asociación (World Bank, United Nations Development Program, UNDP, and the Asian Development Bank, ADB) definió 10 sectores: Judicial reform, Civil service reform, Electoral reform, Legislative reform, Civil society, Corporate governance, Police reform, Anti-corruption, Information and media, Decentralization.

(5) Hemos armonizado el enfoque de Cárdenas, que insiste en el impacto del crimen y la violencia, con el de Jorge Iván González, que reclama el papel del impacto de la exclusión sobre el crecimiento. Véanse Cárdenas (2002) y González (2003a)

(6) Véase análisis bibliográfico de Jorge Iván González (2003a).

(7) Véanse Adelman (2002) y análisis en Revéiz (2004, 82-85).

(8) Véase Cuadro 35.

(9) Rubio (1998). También véase Rubio (2004).

(10) Traducción libre.

(11) Walras (1936a y 1936b).

(12) Revéiz (1989, 48).

(13) Acemoglu, Daron, Jonson and Robinson (2001). Y Acemoglu (2004).

(14) Ocampo y Revéiz (1980. 329). Véase también Revéiz (1989, 151– 230), capítulo II: El Capitalismo
Político en Colombia: las Luchas políticas y el modelo de acumulación cooptado (1950-1986).