ENTREVISTA AL DOCTOR ÉDGAR REVÉIZ POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La siguiente entrevista fue publicada en la Revista de la Procuraduría General de Colombia y se reproduce en esta nueva versión del Blog. Las opiniones aquí expresadas solo comprometen al autor. Agradezco la posibilidad de reproducirla en el Blog  

La entrevista fue realizada por Carmen Lucía Bazzani Correa [1]

[1] Economista, Magister en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira,  docente Investigadora, asesora y consultora en diseños y ajustes metodológicos de investigación y guías metodológicas, investigadora en el Instituto de Estudios del Ministerio Público –IEMP.

Texto de la Entrevista

El doctor Édgar Revéiz es investigador, profesor universitario, miembro de la Academia Colombiana de las Ciencias Económicas y actualmente su secretario general. Aunque arquitecto de profesión es economista por vocación, con postgrado en desarrollo económico, planeación económica, economía regional y urbana. Entre muchos cargos, ha sido consejero técnico principal y asesor de las Naciones Unidas en África y América Central, director del CEDE, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y profesor visitante de varias universidades norteamericanas y europeas. Es autor de más de una docena de libros y cuenta con la publicación de más de 100 artículos en diversas revistas nacionales e internacionales.

Con la presente entrevista pretendo rendir homenaje a un profesional que, con brillantez, tenacidad y templanza, ha hecho planteamientos y teorías originales orientadas a la búsqueda de un mejor país con un Estado incluyente, respetuoso de los derechos humanos y con libertad de la sociedad. Sus obras principales son Democratizar para sobrevivir (1989), El Estado como mercado (1997), El desenlace neoliberal, tragedia o renacimiento (2003), El Estado regulador de riesgos (2007), El Estado lego y la fractura social (2007). Actualmente prepara un libro El Estado estratega y el ordenamiento territorial en Colombia.

Gracias, Profesor Revéiz, por brindarnos la oportunidad de entrar en  su espacio de pensamiento y reflexión y compartir con nosotros estos momentos.

1. Profesor, ¿cómo percibe la evolución del fenómeno de la corrupción y la cooptación en Colombia?

En Colombia no existen estudios seculares sobre la corrupción, no hay estudios a largo plazo sobre el tema. No se sabe cómo fue la corrupción en el período de la independencia y tampoco en el período republicano. Solo hay estudios de caso y pocos de tendencias, por lo que es muy difícil tener una idea concreta sobre la evolución de la corrupción.

Sin embargo, en los libros que he escrito, especialmente en el que titulo Democratizar para sobrevivir, hago un recorrido que va desde el Frente Nacional en los años 50 hasta hoy. Durante ese período sí se puede hablar de una tendencia, que se resumiría de la siguiente forma: el Frente Nacional fue un sistema de cooptación, de monopolio del poder entre los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, para repartirse rentas, privilegios, contratos, etc., a través de la presidencia, lo que definí como capitalismo político, en donde la competencia económica no era económica sino política. Es decir, no se imponían las empresas que fueran más eficientes y con mayores posibilidades, sino las que recibían del Estado rentas, contratos, privilegios cambiarios, tributarios, etc.

El concepto de capitalismo político es clave porque con el explico la mentalidad de privilegio en Colombia, en donde los puestos se heredaban. Claro que la idea de la herencia de los puestos y la compra de ellos venía desde la época colonial, pero es inaceptable ahora dentro de un sistema democrático y de economía global.

El ejercicio de ese capitalismo político exigía un fuerte poder presidencial porque, como lo escribí en los libros que mencioné, se necesitaba de un maestro de ceremonias que era el presidente de la República, quien adjudicaba y determinaba a quién otorgar los beneficios y eso influía profundamente sobre el sistema de justicia. Por lo tanto, la justicia no era independiente del poder ejecutivo. El sistema de cooptación requirió siempre que los poderes ejecutivo, judicial y legislativo fueran manejados por el maestro de ceremonias –el presidente-. Por eso era muy importante quién ganara la presidencia para perpetuar las hegemonías políticas.

El concepto de capitalismo político lo desarrollé antes de la caída del Comunismo y de la Constitución colombiana de 1991 y se ha mostrado válido y universal porque, ahora con la crisis internacional en los Estados Unidos, el sistema capitalista está funcionando como capitalismo político. Por ejemplo, los presidentes Bush y Obama salvaron el sistema bancario y las grandes empresas del automóvil, no dentro de un sistema competitivo, sino con un criterio político. La decisión económica fue política. Entonces, en el capitalismo político la asignación de los recursos no la efectúa el mercado, sino un juego combinado de privilegios y concesiones, como lo analicé para el Frente Nacional.

Cuando hay un sistema de capitalismo político y un país no crece suficientemente (1), el sistema de privilegios no puede incorporar toda la nueva población, sobre todo cuando las tasas de crecimiento poblacional son muy altas. Colombia en los años 1951 a 1964 crecía a una tasa del 3%, su estructura agraria era atrasada e injusta y no había innovación. La cultura de la población colombiana es diferente a la de Estados Unidos. En Colombia se busca capturar al Estado, existe un exceso de demanda por el Estado, mientras que en Estados Unidos se busca crear empresa privada, hacer dinero y negocios.

En Colombia, al no poder el Estado abastecer a la comunidad con puestos de trabajo, se fue generando una fractura social y creando las diferentes sociedades, la cooptada C, la no cooptada o excluida NC, y la ilegal criminal IC, que definí y desarrollé en mis libros, más recientemente en El Estado lego y la fractura social”.

2. Profesor, ¿qué son los mesocontratos?

El concepto de mesocontrato está íntimamente ligado con el significado peculiar de la competencia dentro del capitalismo político en Colombia. Este concepto es diferente al que se tiene en los Estados Unidos o en el Japón. En Estados Unidos compiten el individuo y la empresa, ahora los lobbies de los grandes grupos de la industria militar, petrolera y farmacéutica; en el Japón, por su ética nacionalista fuerte, el empresario y los trabajadores son solidarios y compiten como empresa-nación. En Colombia, durante el Frente Nacional, grupos económicos vinculados con intereses regionales, (cafeteros, algodoneros, azucareros, textileros, etc.) competían por privilegios y creaban pactos o mesocontratos con parcelas de Estado para capturar instituciones públicas en alianza con los políticos. Ese modelo cambió con la expansión del narcotráfico, la triple sociedad, la cooptada C, la no cooptada o excluida NC y la ilegal criminal IC, que compiten ahora para apoderarse de la justicia, las instituciones públicas y los entes territoriales.

Los mesocontratos son, pués, acuerdos o pactos informales ad-hoc (2), que se hacen entre estas tres sociedades, en forma legal o ilegal con compartimentos estanco del Estado y de los entes territoriales para obtener rentas y privilegios de la comunidad.

El mesocontrato es muy complejo, su definición no es solo política y económica sino también un hábito mental y cultural, un know How simbólico en lo jurídico, económico, financiero y social que facilita a estas tres subsociedades capturar el Estado, los territorios, los contratos y manipular el poder.

Es la expresión de la captura del Estado.

Haciendo un paralelo con la genética, los mesocontratos pueden ser egoístas o instrumentos de cooperación. Cuando la sociedad ilegal criminal aliada con los políticos corruptos buscaron “refundar” el Estado con el Pacto de Ralito, quisieron hacerlo en beneficio propio y por fuera de la ley sin visibilidad, legalidad y legitimidad. Por el contrario, un ejemplo de cooperación positiva fue el mesocontrato del Gobierno con la Federación Nacional de Cafeteros para administrar el Fondo Nacional del Café, que trajo grandes beneficios a la sociedad colombiana porque reguló la economía nacional, el sector externo, impulsó la zona cafetera y potenció el desarrollo social y participativo.

3. ¿Cómo inciden los mesocontratos en el fomento y desarrollo de la corrupción?

No todos los mesocontratos contribuyen a profundizar o a agravar el problema de la corrupción y de la cooptación. Hay mesocontratos que pueden fortalecer el Estado Social de Derecho, pero hay otros que lo único que hacen es agotarlo y por ende debilitar la institucionalidad, por lo que es necesario e importante estudiar los mesocontratos y determinar cuáles de ellos vulneran o fortalecen el Estado Social de Derecho. Eso es fundamental.

En mis libros he hecho un análisis profundo del mesocontrato agrario, el mesocontrato de la vivienda y el desarrollo urbano; el mesocontrato laboral; el mesocontrato político-clientelista; el mesocontrato de la guerra y de la paz, el mesocontrato del crédito de fomento y las operaciones de salvamento, el mesocontrato fiscal, regional y del plan de desarrollo; el mesocontrato cambiario; el mesocontrato de las importaciones; el mesocontrato cafetero; el mesocontrato con el FM/BM; el mesocontrato de la justicia y la extradición; el mesocontrato de los medios de comunicación; el mesocontrato de la seguridad social y el mesocontrato de la descentralización.


El examen profundo de los mecanismos de funcionamiento de estos mesocontratos, su grado de captura por las tres sociedades permiten definir el en forma sistémica el grado de corrupción que hay en Colombia. Creo que sería un instrumento de trabajo para los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría.


Un ejemplo de estos mesocontratos que perjudicó enormemente al país y que beneficiaba a políticos corruptos y organizaciones delincuenciales fue el Pacto de Ralito que vulneró el Estado Social de Derecho. Cada uno de los participantes en este pacto, tenía una o varias opciones, como los contratos de futuros que les permitía sacar ventajas para hacerse reelegir, capturar presupuestos de municipios y departamentos, adueñarse de tierras a través de falsificación de escrituras de predios, etc.


Pero lo más devastador es cuando los corruptos han pretendido apoderarse de las instituciones como aconteció con la frustrada reforma de la justicia que alcanzó a aprobar el Congreso. Digo, sumamente devastador porque se ha convertido en costumbre durante los últimos 25 años cambiar las penas en cada período presidencial para negociar con un grupo ilegal distinto, ya se llame guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, Bacrim o políticos corruptos. Cuando se cambia la jerarquía de las penas, un niño difícilmente puede establecer el valor moral preciso de lo que es malo y de lo que es peor, ya que se negocian cada 4 u 8 años, en los períodos presidenciales, los valores morales. Es decir, los ciudadanos no tienen una guía de largo plazo (50 – 100 años) sobre lo que se puede hacer. No se identifica moralmente una escala de valores para calificar los delitos de acuerdo a su gravedad.


Este concepto lo definí como tasa de cambio moral en mis libros, El Estado como mercado y El Estado lego y la fractura social:” … la aplicación de la teoría económica convencional al entendimiento de la evolución de la justicia. Con esta tasa se quiere significar el cambio relativo en la preferencia social que han tenido los gobiernos de los últimos 25 años respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos: narcotráfico, subversión, cuello blanco, terrorismo, secuestro, patrimonio económico. Este último delito se toma como numerario o base de la comparación. Se confronta luego con la eficacia en la Administración de Justicia y con variables internacionales”. (Revéiz 1997, 2007)


En estos libros defino las tres sociedades y sus redes, la fractura social y la tasa de cambio moral:


- La Sociedad no cooptada –NC. Han sido los trabajadores independientes, los empresarios nacientes y pequeños, el sector solidario, los campesinos que trabajan en la producción de alimentos y los marginados que realmente están sometidos a las rudas reglas del mercado salvaje. No se benefician de rentas-privilegios y tienen bajo grado de contratación con el Estado. Esta sociedad tiende a engrosar las filas de los movimientos populistas, son aspirantes a recibir algo del Estado. Desde la perspectiva jurídica tienen una alta evasión de impuestos.

- Sociedad cooptada -C. Se beneficia de rentas-privilegios y tiene alto grado de contratación con el Estado, usa y controla el Estado. Son grupos económicos, funcionarios públicos de los distintos entes territoriales, contratistas del Estado en materia de obras públicas, empresarios del sector agrícola de bienes transables, sector financiero, sector del trasporte y multinacionales. Hoy la sociedad cooptada se concentra en las grandes concesiones petroleras y mineras y en los grandes contratos de obras públicas. La sociedad cooptada no pudo hacer crecer el país y al no abordar la población nueva dio lugar a la sociedad no cooptada.


- Sociedad Ilegal Criminal –IC. Empezó primero con el nacimiento de la guerrilla, luego del narcotráfico, después del paramilitarismo y recientemente de las bandas criminales -Bacrim y también de la gran corrupción de la política.

Los años 1985 y 1986 fueron un atractor de caos como se dice en el teoría de la complejidad de esta sociedad. Los narcotraficantes comenzaron a hacer terrorismo y los terroristas, narcotráfico. En estos años confluyó la crisis económica y social, la expansión del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, la corrupción del establecimiento y de la clase política y el sobrecupo de C, NC, IC, lo que propició una fuerte migración de la población hacia la sociedad ilegal criminal IC.

Estas tres subsociedades tejen hoy un conjunto de alianzas cruzadas inéditas y están poniendo en peligro la democracia y el Estado Social de Derecho. Ellas, en cierta manera, se apoderaron de la democracia. Marcel Gauchet habla de “la democracia contra sí misma”, yo pienso que se comportan como una fuerza de ocupación de la democracia.

En mi libro El Estado lego y la fractura social desarrollé el concepto de distancia al poder para la captura del aparato del Estado. La fractura social de C, NC, IC tiene como rango fundamental la competencia de estas subsociedades por la centralidad o sea por estar más cerca del presidente caudillo para captar rentas y privilegios.

Esta ocupación del espacio del poder debe corregirse.

4. ¿Qué Puede hacerse desde el Ministerio Público para mejorar esta situación?

Es necesario insistir que en Colombia han existido 3 fases del capitalismo político y que en ellas se ha profundizado cada vez más la corrupción. Estas fases son:

• El capitalismo político, que definí con la vigencia del Frente Nacional.

• El capitalismo de eficiencia, que surgió con la globalización y con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991: el proceso de modernización del Estado, las privatizaciones de algunas empresas del Estado, las concesiones de obras públicas y el modelo de descentralización que, infortunadamente, agudizaron la corrupción por la autorregulación neoliberal.

• El capitalismo mafioso, que surgió con la expansión exponencial de la sociedad ilegal criminal _-IC, que venía gestándose desde la década de los 80 y sus episodios más visibles fueron la toma del Palacio de Justicia, la corrupción del sector financiero durante la crisis económica de 1982-1986, el surgimiento del paramilitarismo y el aumento de la guerrilla y del narcotráfico que vulneraron el Estado Social de Derecho.

Identificadas estas tres fases podría sugerirse que el Ministerio Público debe pasar de analizar casos específicos, de denunciar y judicializar casos emblemáticos a estudiar el fenómeno de la corrupción como un sistema y generar estructuras coherentes para efectuar los análisis de riesgo de la corrupción preventiva.


Ahora, hay muchas medidas que se pueden adoptar no necesariamente dependiendo del Ministerio Público. Es necesario tener voluntad política y la participación de todos los actores nacionales. Por ejemplo, es necesario una ley que regule la competencia y controle los monopolios, como lo sugerí en mi libro Democratizar para sobrevivir (1989).


Es de mucha importancia proteger a los ciudadanos y a los usuarios de los sistemas de información sofisticada y absorbente que existe hoy en donde se puede obtener información sobre su historia crediticia, su perfil de consumidor, etc. También es preciso, aunque parezca jocoso, “coger presos a los que están en las cárceles”. Muchas personas que están en ellas siguen delinquiendo desde allí y encuentran la forma de obtener beneficios. Esta medida no aumenta el déficit fiscal.

Otra forma de poder solucionar en parte el problema de la corrupción en Colombia es realizando contratos de sistemas, no de proyectos. Es decir, no contratar el proyecto de la red vial de la calle 26 o de la carrera 10. Más bien, contratar el sistema vial de la ciudad. La idea sería pasar de concesiones de proyectos a concesiones de sectores o sistemas. Ante el fracaso rotundo de los contratistas de obras públicas en las grandes vías colombianas, en el transporte urbano, los puertos, los aeropuertos, se buscaría contratar sistemas entre el Estado colombiano y los Estados que ofrezcan las mejores alternativas y garantías para poner en marcha llaves en mano dichos sistemas.

Con esta nueva visión de la contratación no solo se disminuye la corrupción sino que se reactiva la economía nacional y mundial, se genera conocimiento, aprendizaje e incorporación de nuevas tecnologías. Otro aspecto importante para solucionar la corrupción es el manejo de la jerarquía de penas. Tristemente las penas aplicadas en Colombia no guardan consistencia con la gravedad del delito cometido. La intensidad de las penas está invertida y no existe consistencia entre la pena aplicada y el daño causado. Cómo se puede entender que un genocidio pueda ser penalizado por la ley de justicia y paz con siete años de prisión y un hurto reincidente en un supermercado tenga la misma pena.

Los líderes y ejecutores de delitos muy graves obtienen penas muy bajas con relación a la gravedad de los daños ocasionados por la comisión de su delito, debido al gran poder e influencias que tienen, mientras que aquellos que cometen delitos menores se ven sancionados con penas más duras porque no tienen ni el poder ni las influencias que poseen los primeros.


Es fundamental establecer una escala de valores en los delitos para establecer penas coherentes. Se requiere, asimismo, un combate a nivel de Estado contra la corrupción. Es necesaria la unión de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en la lucha contra la corrupción porque ha llegado ésta a tal punto que está vulnerando al Estado Social de Derecho, la legitimidad de las instituciones y la democracia se vuelve contra sí misma.


El sistema colombiano está capturado en parte por los corruptos y debe ser combatido por las fuerzas morales del país.


Para combatir la corrupción y la cooptación debe utilizarse la meritocracia y el control ciudadano y el del Estado. Los ciudadanos con mayor capacitación, más pensantes y mejor formados deben romper su esquema de dependencia de los políticos como vía para promover su ascenso político y social. No se entiende cómo personas muy capacitadas asesoran a políticos corruptos, en vez de buscar reemplazarlos en el poder.


Yo propongo crear un sistema de seguros para quienes aspiran a cargos en corporaciones públicas. Estos seguros garantizarían indemnizaciones a la comunidad por los daños futuros que estas personas puedan ocasionar a la sociedad. El mecanismo que debe utilizarse es el mercado. Así, si el personaje es corrupto en una primera oportunidad y ocasiona daños a la sociedad, en una segunda oportunidad al querer aspirar a otro cargo público, las aseguradoras aumentarían su prima, lo que haría que el personaje tomara una de dos decisiones: o paga la suma y actúa de forma correcta o simplemente no paga la póliza por su elevado costo.


La sociedad tiene derecho a conocer la fisonomía de los delincuentes que generalmente se esconden detrás de las cámaras. Esto vulnera el derecho de protección a los ciudadanos.


Necesario realizar una semana de la empresa pública en sus diferentes órdenes territoriales y de la relación de ésta con la empresa privada. En esta semana las empresas públicas deben mostrar los avances de su gestión, el manejo de los presupuestos de contratación y todos los ciudadanos podrían tener acceso y derecho a esta información. Asímismo, debería establecerse una legislación sobre las consecuencias que tendrían para los funcionarios los resultados de esta evolución.

5. Cómo visualiza la evolución de la corrupción y cooptación en Colombia hacia el año 2030?

Veo hacia el futuro la posibilidad de un gran deterioro del medioambiente. Con la crisis de la reforma a la justicia y el hecho de que en dicho proceso se hayan involucrado los tres poderes del Estado, la justicia se debilitó mucho. El Congreso perdió legitimidad y debe ser revisado el sistema de cooptación como método de elección de magistrados y funcionarios del Estado. En mis libros Democratizar para sobrevivir y el Estado como mercado, analicé los sistemas reales de iniciativa, control-acumulación que se usan entre los poderes para romper la neutralidad y el equilibrio entre ellos. Fundamental hacer un análisis profundo de este asunto.


Temo que la sociedad ilegal criminal –IC se ha reforzado en Colombia. A pesar de que se tienen noticias de que los sembrados de coca han disminuido, los grupos al margen de la ley se están fortaleciendo y están incrementando sus actuaciones en contra de la población civil y del Estado.


Percibo una mayor captura por parte de la sociedad ilegal criminal de las fuentes de la locomotora energética y minera, pese a que la Fuerza Pública está concentrada en la protección del sector petrolero.


Es impostergable implementar una política de ordenamiento territorial del orden nacional.


 

Pie de página

1. Hace referencia al crecimiento económico.

2. Se refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso y, por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa, pues,  para referirse a algo que es adecuado solo para un determinado fin. En sentido amplio, ad hoc puede traducirse como específico o específicamente.