Posconflicto, Democracia o Cooptación
1. Nuevo país, viejos problemas.
1.1. Cooptación o Democracia.
“El
territorio de Colombia como su sociedad están fragmentados, cooptados y son
excluyentes. Nuestro Estado está cooptado por grandes lobbies y grupos legales e ilegales. La fuerza unificadora es la
corrupción, su “pegante” simbólico ad hoc
principal. La violencia, la codicia, la corrupción, la política de los
señores de la guerra y el cambio climático son amenazas para la democracia, la
unidad nacional y el territorio.”[1].
El reto es
romper lo que Pecaut llamó ¨Una lucha armada al servicio del statu quo social y
político¨[2], o sea las
prácticas y mecanismos que sirvieron de “cadena de custodia” a la clase
política corrupta para impedir el cambio democrático. Por ejemplo, el ritual de condenar toda
protesta democrática como ligada a los grupos subversivos para impedir
cualquier cambio justo. Dependiendo
de los mecanismos de administración de justicia y de justicia social que se
escojan (que no perpetúen la impunidad),
el país podrá escoger un rumbo democrático. Este rumbo será más legítimo y
eficiente si se realiza dentro del marco de un Pacto por la Paz, con amplia
participación de la sociedad civil como lo han propuesto algunas fuerzas
políticas.
No debe
olvidarse que la historia colombiana ha sido de cooptación para mantener el
statu quo social y político, dentro de una economía estable:
El posconflicto resultante de los acuerdos de
La Habana deben entenderse en el marco evolutivo de Cinco grandes episodios de la cooptación que ha tenido Colombia: el
intento de la Regeneración (1885-la Guerra de los Mil días) que, de hecho, fue
un Frente Nacional abortado entre los conservadores y liberales moderados; el
Frente Nacional (1958-1974) que fue la Ca y Coop del Estado por los partidos
Conservador y Liberal, con la exclusión de otras fuerzas políticas y sociales;
la Constitución de 1991 que fue, de facto , la cooptación del M-19 y otras
fuerzas insurgentes, el Quintil-Lame, y el EPL; la cooptación ad hoc del narcotráfico desde la década de los
90’s, que entregó a los paramilitares y
guerrilleros, el poder local; el proceso de paz de La Habana (2013), que, a mi
juicio, es una tentativa de cooptación de las FARC para obtener una “paz justa
y duradera”.
1.2.
El proceso de
paz: pacto político o ético-político.
El posconflicto debe reconstruir
la conciencia simbólica de lo público,
que se encuentra en su peor momento por la Co, Ca, Coop E y por la involución
de la democracia en el orden internacional.
Los mercados desplazaron la ética,
y las estrategias del posconflicto no surgen como antes de momentos ético-políticos sino de momentos políticos que resultan de los más fríos intereses de la guerra, el dinero y la concentración del
poder. Los intereses suplantaron los
valores. Como el proceso, a mi juicio, es más de cooptación que de
fortalecimiento democrático, el margen de acción es restringido. La pregunta
fundamental es, si el objetivo principal será modificar el modelo de Autorregulación y de Capitalismo Mafioso dominado por el sector financiero,
los políticos corruptos y los contratistas de obras públicas, o fortalecer un sistema
de valores mixto (Estado, mercado y sociedad civil) que utilice plenamente el
número de instrumentos de política económica, social y ambiental, de que estos
últimos disponen.
Debe contenerse el abuso del y en el Gobierno – del
Congreso y la Justicia – y su inclinación
a “degenerar”[3],
como lo había advertido Rousseau. Señaló, dos
vías por las cuales un Gobierno
degenera: cuando se hace más
restringido o cuando se disuelve el Estado. Se restringe cuando sus miembros
pasan de ser muchos a pocos, es decir, cuando se transforma de democrático en
aristocrático y de aristocrático en monárquico[4].
O, lo que sucede hoy, de formalmente
democrático a oligárquico. Rousseau opinó también sobre dos posibles formas de disolución del Estado,
aplicable a los tres poderes: cuando el gobernante no administra el Estado
según las leyes y usurpa el poder soberano. En este caso, el Estado se disuelve
y se constituye otro en su interior,
compuesto solamente por miembros del Gobierno que ejercen una tiranía. En
términos posmodernos, el pacto
clientelista rompió el pacto social.
La otra forma de disolución ocurre
cuando los miembros del Gobierno usurpan
por separado el poder, que sólo deben ejercer corporativamente, lo que
constituye no sólo infracción a las leyes, sino el desorden y el caos. Los
ciudadanos, al recobrar su libertad natural, se ven forzados pero no obligados a obedecer[5]. En términos posmodernos, se
establecieron en Colombia dos poderes fragmentados
y competitivos: el que se constituye
al interior del Estado, legal pero clientelista, ya que hay elecciones pero
no representa la legitimidad institucional. El segundo, el de los Señores de la Guerra (fuerzas de ocupación
de la democracia), que controlan por la violencia territorios e
instituciones, que “gobiernan” separadamente con la Co, Ca, Coop E. Fragmentación que debe prioritariamente ser corregida en el llamado posconflicto.
1.3.
Justicia
transicional vs. proporcionalidad de la justicia.
Dos contenciosos
de los viejos problemas, deben resolverse.
¿Qué tipo de justicia se les debe
aplicar a las fuerzas que participaron en el conflicto cometiendo actos
ilegales y criminales e incluso de lesa humanidad? Las he llamado fuerzas de ocupación de la democracia (los
políticos corruptos, los narcotraficantes, los paramilitares, los guerrilleros,
las Bacrim, los empresarios y latifundistas financiadores de la violencia, los miembros
de la fuerza pública que cometieron delitos de lesa humanidad, los falsos
positivos,...).
El hecho que
se sepan o confiesen los delitos, no constituye la pena, como inexactamente
se ha entendido en la cultura colombiana. Si no hay castigo por los crímenes
graves y de lesa humanidad, la llamada justicia transicional se convierte en
impunidad. Las amnistías y los indultos- la primera borra los procesos y la
segunda condena y perdona- han sido 88 entre
1820 y el 2001
sin frenar la violencia inercial[6] y
la mentalidad depredadora. Debe haber pena para todos, incluida la clase
política corrupta que tuvo en la guerrilla su “cadena de custodia” para impedir
por subversivas muchas reivindicaciones sociales o políticas legítimas.
Concebir la confesión como
pena abre la posibilidad de amnistiar, por simetría, a los políticos
ligados al paramilitarismo…[7]De
allí, la importancia de no “intercambiar impunidades”[8].
Es la
diferencia marcada de un proceso de paz como momento-político – que se basa en el frío negocio de la redistribución de las ventajas
y de los costos políticos, económicos y territoriales – de un proceso
ético-político, en que se respetan y
potencian valores morales. En el primero, hay negociación – quién sabe, si
arrepentimiento – en el segundo, hay primero arrepentimiento y, sin conocer el
resultado final, después la negociación. Lo cual sería congruente con la teoría
de la justicia de Rawls.
Por otro lado, en las últimas décadas hemos tenido tres visiones
morales de la justicia y tres justicias territoriales, que deben ser
corregidas.
La primera,
consintió de manera ad hoc la violencia en nombre de la justicia
social. Fue el periodo épico revolucionario de los 60´s del siglo pasado,
que no tuvo respuesta ni sanción contundente del Estado, pero sí aceptación
implícita de grupos de la población.
La segunda,
ante el aluvión de la violencia, se imploró por la administración de
justicia influenciada por la ideología neoliberal de despreciar la
desigualdad y aceptar los privilegios. Muchos de los jueces estaban dedicados a
proteger las coerciones de los banqueros contra los usuarios, al tiempo que los
tres poderes cerraron los ojos frente a las acciones ilícitas que se hacían¨ en
defensa de la seguridad ciudadana¨.
La tercera,
al registrar elevados costos humanos y fiscales, se recurrió a la justicia
transicional, la impunidad calculada para los Señores de la Guerra, que
permitiera perdonar sin límites a todas las fuerzas de ocupación de la
democracia (políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares,
guerrilleros, Bacrim,...), como lo ha propuesto el ex presidente César Gaviria.
Esto mal gobernado permitirá permanecer en el poder a dichas fuerzas, en vez de
dar espacio a otras fuerzas honestas, en otro ciclo político del eterno
retorno en la historia de la cooptación nacional.
El
sistema territorial de justicia deja de lado el espíritu republicano de
universalidad de la justicia, es un pacto entre el antiguo orden y el
nuevo orden. Con la violencia inercial han coexistido tres sistemas
territoriales, que es necesario modificar: el sistema institucional
universal cooptado, que atraviesa fuerte crisis de legitimidad y
eficiencia; la justicia indígena más estable; y la “justicia” ilegal-criminal con sus
pactos económicos y botines que consigue con el desplazamiento forzoso, las
masacres, el robo de tierras y el narcotráfico recordando las estructuras mentales
de la Conquista.
Debe
hacerse un análisis imparcial de las fallas que ha tenido la justicia transicional
estudiada en Sudáfrica y Ruanda[9]. En Sudáfrica, casi todas las recomendaciones sobre rehabilitación y
reparación, propuestas por la Comisión de la Verdad, fueron ignoradas.
Se realizó un único pago de reparación de US$5.000 a las víctimas; la Agenda de
reformas económicas y sociales no se instrumentó y la violencia dejó un
promedio de 50.000 muertos al año. En Ruanda – donde los hutus
asesinaron a cerca de 800.000 personas en 100 días en 1994 –, un Tribunal
Internacional creado para examinar los crímenes por el genocidio sólo emitió
condena en 62 casos y gastó más de 2.000 millones de dólares. Los errores deben
hacer pesar los mecanismos en el caso de Colombia, ya que hubo falsos
testigos, falta de debido proceso y prelación de la
reconciliación sobre la justicia.
1.4 El ajuste adaptativo de la justicia: la impunidad, el desequilibrio de los poderes, las amnistías y la Tasa de Cambio Moral.
El posconflicto ofrece la posibilidad de
realizar una reforma global a la justicia, que cauterice estos viejos
problemas. Deben cambiarse más las
personas que las instituciones. Una renovación total de la élite. La impunidad en la administración de la
justicia con relación a los delitos contra la vida, la honra y la propiedad de
los ciudadanos, se convirtió en catástrofe
sistémica en Colombia y en muchos países. En Colombia existe 90% de
impunidad en los delitos.
La impunidad en la
administración de la justicia.
La impunidad
califica situaciones en que la administración de justicia deja de aplicar o aplica incorrectamente las normas que en
materia penal regulan la investigación, juzgamiento y sanción de conductas
descritas en la ley penal como delitos[10]. La
reforma debe incluir el periodo
pre-constitucional o pre-legal en que los políticos corruptos manipulan la
confección de la ley por intereses personales o de grupos criminales – la fabricación de la impunidad y el tráfico
de sentencias – que hace perder legitimidad política a las normas.
La
Relación de la justicia con el ciudadano:
La impunidad es horizontal y transversal.
Horizontal, se
refiere a los grandes, medianos y pequeños delitos impunes; a los grandes
delitos impunes, caracterizados por los genocidios de IC y de los sectores
descarriados de las fuerzas armadas (los falsos positivos), el despojo violento
de la propiedad rural de los campesinos que encubiertamente garantizaron muchos
notarios.
Transversal, se
refiere a los genocidios y delitos que están en la conciencia de la historia
republicana, y se han convertido en verdaderas “criptas”, quitándole confianza y legitimidad a la clase política. El asesinato de
Rafael Uribe Uribe el 15 de octubre de 1914, que capturó a dos carpinteros como
autores materiales, pero nunca llegó a identificar los autores intelectuales. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán
ocurrido el 9 de abril de 1948, que inició la época de La Violencia bipartidista, identificó el autor material, pero nunca los autores intelectuales. El
asesinato de Luis Carlos Galán, tras múltiples amenazas por los carteles de la
droga, se consumó el 18 de agosto de 1989 y sólo está preso el político Alberto
Santofimio como autor intelectual.
Las familias de quienes fueron injustamente
acusados del crimen de Galán, al crearles pruebas falsas con el fin de desviar
la investigación, 25 años después esperan las disculpas públicas del Fiscal
General de la Nación[11].
Jaime Pardo Leal, quien había denunciado alianzas de la clase política con el
narcotráfico y el paramilitarismo, fue asesinado el 11 de octubre de 1987. Con
este hecho, se inició el genocidio de 4.000 miembros de la UP en las dos
décadas siguientes según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La perversión de los mecanismos de la justicia y la política: el
rompimiento del equilibrio de los poderes del Estado, las amnistías sin
arrepentimiento y reparación, la Tasa de Cambio Moral.
La ruptura del equilibrio de
poderes del Estado.
Tras la globalización se han
fortalecido los regímenes democráticos[12],
pero al mismo tiempo se ha vulnerado el principio del juego de contrapoderes: se ha convertido en un fenómeno mundial,
que facilita e incentiva la Co, Ca, Coop, E. Contradice el principio que “el equilibrio entre el poder, que siempre
tiende a extralimitarse con egoísmo, y la ley, que lo refrena y opera como
agente moralizador, se llama justicia”[13].
La gobernabilidad va más lejos que
el pacto amañado o la mascarada – mermelada – entre el Ejecutivo y el Congreso.
La primavera Árabe, los Indignados en España, Syriza en Grecia, Estados Unidos,
Brasil,… muestran la importancia que tienen los poderes del Estado de concertar
directamente con la sociedad civil, y no necesariamente a través de sus
intermediarios corruptos y cooptados.
Las élites gobernantes de Colombia
y otros países utilizan tres mecanismos
regulatorios ad hoc de la justicia
para defender sus intereses, sortear las crisis y perpetuarse en el poder.
a.
La concentración del poder
presidencial y su control sobre el Congreso y la justicia a través de la Co,
Ca, Coop E, el poder clientelista y el uso del presupuesto nacional. Desde 1989, describí esta práctica
en Colombia bajo el concepto de “Reglas ad
hoc que producen efectos de
control-anulación” entre los tres poderes del Estado, a favor del Ejecutivo[14]
b.
El manejo político de las amnistías
después de feroces guerras para borrar los delitos de genocidios, corrupción y
robo de tierras. La impunidad de los gobiernos y de la clase
dirigente ha sido la forma privilegiada de regulación social durante los
últimos 180 años. Se ha materializado en el otorgamiento de 88 indultos y
amnistías entre 1820 y el 2001. Un indulto o amnistía cada dos años, el
más corto de todos los ciclos económicos sociales y políticos. Haciéndose
extensivo a los delitos comunes, no ha conseguido la paz sino que la impunidad
ha incentivado la sofisticación de la violencia, convirtiéndola en una
alternativa rentable y ha diluido los fundamentos de la autoridad del Estado[15].
c.
La Tasa de Cambio
Moral, que formulé en 1997, ha sido el principal mecanismo regulatorio
usado para la elección o reelección de los presidentes de la República durante
los últimos 25 años.
¿Sobrevivirá en el posconflicto?
La Tasa de Cambio Moral.
Édgar
Revéiz
El Estado
como Mercado (1997). pág. 450
El Estado
Lego y la Fractura Social. (2007). pág.458
Fragmento
TASA DE
CAMBIO MORAL: Es la
aplicación de la teoría económica convencional al entendimiento de la evolución
de la justicia. Con esta tasa se quiere significar el cambio relativo en la
preferencia social que han tenido los gobiernos de los últimos 25 años respecto
a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos:
narcotráfico, subversión, cuello blanco, terrorismo, secuestro, patrimonio
económico. Este último delito se toma como numerario o base de la comparación.
Se confronta luego con la eficacia en la Administración de Justicia y con
variables internacionales.
Sus mecanismos y efectos han sido:
Primero, la Tasa de Cambio Moral es
un componente de la economía política de
la justicia. La oferta de cambio de las penas a
narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos corruptos por los
candidatos a la elección presidencial (Betancur 1982, Gaviria 1990, Samper
1994, Pastrana 1998, Uribe 2002, Santos 2014) se convirtió en un “mercado de la
justicia”, ya que facilitó y aseguró el triunfo de los candidatos sin que la
paz se hubiera podido obtener[16].
Segundo, la Tasa de Cambio Moral es en Colombia un mecanismo de ajuste de la economía en recesión, sustituto de la
devaluación. La élite
gobernante utilizó a la justicia por lo menos en tres coyunturas (la Apertura
del Gobierno de Gaviria, la negociación con los paramilitares después de la
crisis económica de 1999, el Gobierno de Uribe y la negociación de La Habana)
como instrumento de ajuste del sector externo para reactivar la economía[17].
Las amnistías cambiarias y patrimoniales de
los 90’s, unidas a la política de sometimiento a la justicia en favor de los
capos del narcotráfico, la eliminación de la extradición y la protección al
sector financiero operaron como un crawling peg moral o Tasa de Cambio Moral, cuando las instituciones
desfallecían. Medidas que propiciaron la prodigalidad de capitales, ya que se borró la frontera entre la legalidad y la
ilegalidad. Tras esta decisión se expandió aceleradamente la economía del
narcotráfico en detrimento del interés nacional[18].
Igual expediente empleó el Gobierno de Uribe
cuando promovió la Ley de Justicia y Paz, que le confirió exageradas ventajas
jurídicas a los paramilitares, sin contraprestación ni compensación justa a las
familias afectadas y al país. El uso de este instrumento está limitado por
el desprestigio que los paraísos fiscales tienen después de la crisis
financiera de 2008. Para financiar el posconflicto el Ministro de Hacienda
deberá presentar una estrategia clara y viable de poner impuestos a los 50.000
millones de dólares de colombianos guardados en los paraísos fiscales[19].
1.5 Justicia social y administración de justicia.
Cómo responder, de otro lado, a la doble y confusa
crisis que surgió entre la Justicia Social y la Administración de
Justicia, su juego dialéctico, las dos caras de Janus o la coincidentia oppositorum que
tiene la peculiaridad de ser una visión complementaria de la misma realidad. O
sea ¿cómo manejar estrategias integradas y mecanismos apropiados para lograr
justicia social y administración de
justicia?
La justicia
social, se reforzó en los años 50’s con las teorías del desarrollo, que se
instrumentaron a través del gasto público y, en muchos casos, con fallidas
políticas sociales. Se confirió después prelación a mejorar la administración
de la justicia en vista de su ineficacia, por la acumulación de un inmenso
número de delitos sin fallos. La confrontación entre los bloques geopolíticos,
el capitalista y el comunista, entre 1950 y 1990, concedió prelación a la
justicia social como instrumento de cambio político interno de los
Estados-Nación. Tras la caída del comunismo la justicia social se transmutó
en administración de justicia. Ya no era necesario usar estratégicamente la
justicia social para contrapesar la amenaza comunista.
Se introdujo de
manera formal o ad hoc un paso legal más para acceder a la justicia
social, por la impresionante expansión de los derechos sociales frente a
las limitadas capacidades estatales y privadas para satisfacerlos, en condición
de equilibrio fiscal. Se crearon sistemas sociales de salud y educación pública
de baja calidad y con racionamiento para acceder a ellos.
En la Constitución de 1991, la justicia social se construyó desde el
ángulo de la lógica de los derechos.
Más delante Piketty formalizó esta concepción, así: “la redistribución
moderna está construida alrededor de una lógica de derechos y del principio de
igualdad de acceso a un cierto número de bienes considerados fundamentales”
[20]. Sin embargo, no se estableció y practicó en los
grupos de interés y en la ciudadanía la simetría
en el cumplimiento de la lógica de las obligaciones para financiar estos
bienes fundamentales (pago de impuestos sin evasión fiscal, eliminación de los
privilegios y de la inmunidad fiscal, proliferaron los déficits fiscales,…)[21].
En el posconflicto coinciden los viejos problemas de la
deuda social y los nuevos de la reparación del conflicto. El resultado global será
el déficit fiscal en un escenario de pérdida de ingresos fiscales por la caída
de los precios internacionales minero-energéticos, la menor tasa de crecimiento
de la economía y las mayores demandas sociales, políticas y ambientales que, de
hecho, genera el posconflicto.
Quiero recordar que la mal llamada “deuda
social” obedece a diferentes factores:
- Es
resultado del pensamiento humanista y de la filantropía que busca
respetar la dignidad humana y los Derechos Humanos, mejorar el bienestar
de la población y su IDH, en beneficio del bien común.
- Es,
al mismo tiempo, corolario de la justicia social, preconizada por
Rawls con los principios de igualdad de oportunidades y de la
diferencia, que buscó restablecer la legitimidad del juego en el
sistema capitalista.
- O,
desde el ángulo de Nietzsche, la justicia como igualdad, que es un trueque
que nace del instinto de conservación cuando no hay superioridad
netamente reconocible en el conflicto, ya que la confrontación llevaría a
enormes pérdidas reciprocas sin resultado positivo, y se impone la
cooperación. Nuestro proceso de paz de La Habana.
- Está,
en muchos casos, manipulada por políticos y empresarios buscadores
de rentas públicas con gran influencia en los presupuestos de las
naciones, que intentan sacar ventajas de los conflictos con la carga
ideológica de la deuda social. La estructura clientelista en
Colombia.
- Desde
el ángulo de la lógica de los derechos, “la redistribución moderna
está construida alrededor de una lógica de derechos y del principio de
igualdad de acceso a un cierto número de bienes considerados fundamentales[22]” sin que se estableciera y practicara en los grupos de interés
y en la ciudadanía la simetría en el cumplimiento de la lógica de las
obligaciones (pago de impuestos sin evasión fiscal, eliminación de los
privilegios y de la inmunidad fiscal,…) Piketty
formuló la primera parte de la oración basado en el
caso europeo, en donde hay responsabilidad del ciudadano en la
tributación. En América Latina, particularmente en Colombia, es importante
la segunda parte de la oración por la fuerte estructura de la Co, Ca, Coop
E y la evasión fiscal.
- Es
también una compensación de las élites mundiales (dejarse poner
impuestos) con los Estados-Nación y los pobres por haberse enriquecido con
la Co, Ca, Coop E, al concentrar y centralizar el poder financiero mundial
y empobrecer los países con la crisis de 2008.
- Los
Estados de la etapa del desarrollo tenían más capacidad de poner impuestos
a los ricos (al 1% de Stiglitz y al 0.01% de Piketty) que los Estados
posmodernos que deben pedirles permiso para poner impuestos, ya que los
Estados se privatizaron.
- Obedece
también a las reparaciones justas originadas por las pasadas y
recientes guerras internacionales, por las guerras internas, las
expropiaciones, los desplazamientos de la población, o los graves daños
originados por los bloqueos internacionales como el que hizo Estados
Unidos a Cuba por 50 años[23].
- Las
reparaciones que debe proveer la fuerza
de ocupación de la democracia (políticos corruptos,
narcotraficantes, paramilitares[24],
guerrilleros, latifundistas, funcionarios y militares descarriados,...) a
los más de cinco de millones de colombianos que se han declarado víctimas
del conflicto se convertirán en déficit fiscal, lo que augura graves
dificultades económicas en los próximos 10 años, ya que la ayuda
internacional será limitada por la crisis mundial.
Fuente: Revéiz,
Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de las élites y el
sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de Ciencias
Económicas. 2015.
1.6.
Polémica en torno
a la prioridad conferida a la desigualdad o a la pobreza.
El posconflicto
es una oportunidad para revisar la estrategia de lucha contra la pobreza, en la
cual se ha avanzado en Colombia. La pobreza se redujo de 41,6% a 29,3 % entre julio de 2008 a junio de
2014, con fuerte diferencia entre las cabeceras y el resto de los municipios. La
pobreza extrema también descendió de 15,8% en 2008 a 8,4% en 2013, también con
fuerte variación urbano-rural[25]. Esta
exitosa estrategia se podrá ver frenada por la caída de los precios
internacionales del petróleo y, en parte, deberá ser financiada con impuestos a
los estratos más ricos o con deuda pública, según las propuestas de Piketty (el
impuesto al patrimonio y a los dividendos). El grado de maniobra se reducirá
considerablemente en los próximos diez años mientras las políticas de
diversificación de la economía pudiesen tener efecto.
Según los
análisis de Juliana Londoño et al,
existe margen de acción para mantener una política más suave de reducción de la
pobreza y para iniciar la reducción de la desigualdad:
1) el ingreso está altamente concentrado: el 1% más
alto captó más del 20% de ingreso total en 2010, el mayor nivel de desigualdad
en cualquier año reciente de la muestra WTID;
2) los individuos de altos ingresos son, en esencia,
rentistas y propietarios de capital;
3) mientras que las encuestas de hogares muestran que
la desigualdad ha disminuido desde 2006, los resultados basados en impuestos
muestran que la concentración en la parte superior se ha mantenido estable;
cuando los coeficientes de Gini de las encuestas se ajustan para tener en
cuenta los ingresos más altos reportados en la declaración de impuestos, la
desigualdad es más alta y la reducción de la desigualdad es menos pronunciada;
2.
Márgenes de
acción de Colombia en el posconflicto.
¿Puede
Colombia llegar a ser un país “normal”, o de “Buenas Prácticas” en términos de
la OCDE? Se
analizan los márgenes de acción y el uso de los mecanismos apropiados:
2.1
Democracia o Cooptación Política.
Los problemas
analizados entre los puntos 1.1 y 1.6 son de tal magnitud y complejidad que
precisan de un nuevo Pacto Social, o sea del mecanismo de una Asamblea
Constituyente, más que aprobación por Referendo. En mi concepto esta Asamblea
deberá recoger y profundizar los avances de la Constitución de 1991, con una
primera misión de limpiar el ejercicio de la política.
2.2
Política macroeconómica:
El informe de la OCDE “Colombia 2015”, reconoce cierta solidez
macroeconómica (control de la inflación ajustada a las metas del Banco de la
Republica, desempleo en descenso, tasa de crecimiento de la economía aceptable)
y prioriza recomendaciones como 1) mantener una fuerte estructura
macroeconómica; 2) monitorear el desarrollo del mercado de la vivienda y el
Plan PIPE (Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo) y los subsidios a
los préstamos hipotecarios así como las
exenciones que se hacen al ahorro en propiedad raíz y; 3) instrumentar gradualmente
la consolidación fiscal, en línea con la regla fiscal del Gobierno, por el
aumento de los recaudos de los impuestos.
El escenario relativamente optimista de la OCDE, no refleja la gravedad
de la situación.
El año 2015, es en realidad un año de prueba de esfuerzo y de ajuste
del modelo macroeconómico – necesaria diversificación de la economía y
eliminación de la desigualdad –, por la caída dramática de los precios del
petróleo a 50 USD$, el alto déficit estructural en cuenta corriente (4,6% del
PIB con el dólar a $1.800 y 5,8% del PIB con el dólar a $2.565[27]),
el aumento vertiginoso de los precios reales de la vivienda que se duplicaron desde
2005, la fuerte devaluación y el elevado nivel del crédito de consumo. El
incremento de la deuda externa del Gobierno y el alto servicio de ésta, que en
2015 alcanzará más de 2 puntos del PIB.
Se requiere, además, una reforma tributaria estructural que en esta
ocasión deberá afectar necesariamente a quienes capturan el Estado y tienen sus
capitales en los paraísos fiscales. Además, prioridad inaplazable, el combate
frontal de la Co, Ca, Coop E en los diferentes órdenes territoriales, que minó la confianza de la población en sus
dirigentes[28].
Difícilmente, se podrá pasar de una tasa de inversión de 28,8% del PIB (Línea
de base 2013) a 30,5% del PIB en 2018 ya que con la disminución de los precios
del petróleo, la principal afectada es la inversión.
2.3
Política fiscal:
El núcleo central del nuevo Pacto Social es la reforma tributaria
estructural y el manejo limpio de los presupuestos públicos, en los diferentes
órdenes territoriales. El siguiente cuadro resume las propuestas de la OCDE, que asumimos
como necesarias, adicionadas de nuestras propuestas personales.
Las regularidades
tributarias de Colombia, que deben ser reformadas según la OCDE:
- Los impuestos penalizan a la inversión,
y las tasas del impuesto de renta a las empresas son demasiado altas.
- El sistema tributario no reduce la alta desigualdad
de los ingresos (el Gini de ingresos de mercado es igual a aquel después
de impuestos).
- Generosas exenciones y deducciones
favorecen principalmente a los ricos: las pensiones altas y los dividendos
exentos de impuestos.
- Múltiples exenciones y regímenes
especiales.
- La informalidad, el conflicto armado y
la evasión tributaria han reducido los ingresos fiscales.
- La evasión fiscal, como parte de la Co,
Ca, Coop E es la causa principal de la inestabilidad tributaria.
- La tasa de evasión del impuesto a la
renta de las personas y de las empresas 50%.
- La evasión del IVA en AL, fluctúa entre
11% en Chile y 38% en Nicaragua, con promedio del 27,6%, la mitad de la
tasa de evasión de los impuestos a la renta.
- En
Colombia la evasión del IVA es del 25% y representa 2% del PIB (el
FMI la calcula en 40%).
Recomendaciones propias:
- IC es la subsociedad que menos tributa,
más gasto público genera para combatirla y frena la inversión productiva a
largo plazo.
- Evasión en los paraísos fiscales (50.000
millones de dólares de activos).
- El gasto está capturado por el
clientelismo y la Co, Ca, Coop E.
- El sector terrateniente no paga
impuestos.
- La falta de legitimidad de la clase
política por la Co, Ca, Coop E y la ausencia de legitimidad de
imparcialidad, coadyuvan a esta evasión fiscal.
- La cultura de la evasión está empotrada
en AL, menos de la mitad de los latinoamericanos consideran que la evasión
es un acto injustificable.
- De
acuerdo con el Banco Mundial la evasión fiscal del IVA en Colombia oscila
entre 35% y 40%. O sea, que con un recaudo de 25,2 billones en 2013, la
evasión alcanzó 10 billones. La
evasión en renta fue del 50% con referencia a un recaudo de 46,2 billones
de pesos.
2.4
Visión sinérgica de la
distribución.
La
amenaza global más devastadora, es la concentración en los Estados-Nación y en
el “orden mundial” de la propiedad y el
ingreso, el poder y los riesgos.
De allí, las estrategias fallidas durante
los últimos 50 años de la redistribución del patrimonio, el ingreso, el poder y
los riesgos.
En Colombia se formularon sin voluntad
política, en forma secuencial, desarticulada y carente de sinergia, estas estrategias:
–
De la propiedad. Se instrumentó por la
Alianza para el Progreso en los 60’s por la política de John Kennedy, pero la
reforma Agraria fallida impidió dicha redistribución en el mundo rural, cuyos
costos en violencia son palpables hoy.
–
Del ingreso. Se fomentó por las
generaciones de reformas tributarias entre los 70’s y el 2010, con aumentos en
el NBI, pero fracaso en la redistribución monetaria del ingreso.
–
Del poder. Con la Caída del Comunismo y
la Constitución de 1991, se dio prelación a la redistribución del poder
decisorio con instituciones de democracia participativa. Sus resultados han
sido parciales y frustrantes y prueba de ello es el rechazo a los políticos y
el conflicto armado que se está negociando con las FARC y el ELN.
–
De los riesgos. Se fomentó el paso del
Estado Providencia al Estado Regulador de Riesgos, vulnerando los derechos de
los trabajadores, de los campesinos, estudiantes y empresarios por no adoptar
procesos de concertación nacional para la toma de decisiones como los TLC’s y
las reformas a la salud y a la educación[29].
3. El plan Nacional de Desarrollo (2014-2018).
Aunque el
propósito del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018): “Todos por un país” es
el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, sugiere que el
proceso de paz tendrá éxito y que en el posconflicto podrán participar todas
las fuerzas políticas, económicas y sociales, el Plan 2014-2018 parece diseñado
como el “segundo tramo de una reelección”.
No se
trata de una nueva visión de Colombia y no incorpora claramente los puntos de
acuerdo que hasta el momento se han logrado en La Habana. Es un Plan Puente para finalizar un mandato
presidencial con estrategias positivas y apreciación correcta de la realidad:
“La firma de un acuerdo de
paz en La Habana no implicará automáticamente el fin de toda forma de
violencia. Así lo reconoce este Plan Nacional de Desarrollo. Un acuerdo de paz
implica enormes retos para la reintegración de los excombatientes, y no nos
exime de continuar la lucha contra las organizaciones del crimen organizado y
sus finanzas. Los retos del posconflicto son enormes. Pero un acuerdo de paz sí
tendrá un efecto de suma importancia: deslegitimará la violencia y validará la
democracia”[30].
Creo que
la democracia no se valida sólo con un acuerdo mecánico de cooptación – lo mismo, más un número de curules para las FARC
–, sino con una estrategia contundente de lucha contra la Co, Ca, Coop E en los
tres poderes del Estado, que cree una confianza mínima en los ciudadanos.
Las cinco
estrategias transversales del plan son importantes, pero insuficientes.
3.1 La infraestructura y la competitividad estratégicas:
Es cierto que son necesarias para fomentar el crecimiento, el
desarrollo humano y la integración y conectividad entre los territorios de la
nación. Tengo serias dudas sobre la eficacia del programa de infraestructura de
transporte Cuarta Generación (4G), que el Gobierno Nacional incorporó en el
plan 2014-2018.
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI debió recoger y enfrentar las prácticas de Co, Ca, Coop que tienen
los grandes contratistas sobre las agencias del Estado y los políticos, entre
ellas Invías, el INCO y el Congreso. Es un error negociar con los mismos
contratistas que ya fracasaron en la construcción de obras públicas de las tres
anteriores Generaciones y que le hicieron grave daño a la ingeniería nacional.
Es urgente, para
combatir la Co, Ca, Coop E y asegurar la eficiencia de las obras, estudiar la
viabilidad de ejecutar macrocontratos de
sistemas públicos llaves en mano entre Estados – Ejemplo Dubai,…– en el
cual el Estado ejecutor de las obras asume los riesgos tecnológicos, de
cumplimiento, cambiarios y de corrupción. Se podrían hacer concesiones – por
ejemplo a cincuenta años – para realizar sistemas viales y de transporte como
el Metro, sistemas regionales de aeropuertos, redes de transporte multimodal
con la supervisión del Estado colombiano. Se aseguraría que el Estado-Nación
contratista use contratistas locales y polos de I&D, bajo su
responsabilidad para transmitir el Know
How y los estándares de excelencia internacional, el uso de mano de obra
local, la capacitación de ingenieros, técnicos nacionales y de la ciudadanía en
el manejo y uso logístico de los servicios públicos[31].
3.2 La estrategia de Movilidad
social:
Con sobrada razón, es uno
de los pilares del Plan centrado en la salud, la educación y el empleo. Quiero
insistir que las fuerzas de ocupación de la democracia, el clientelismo y la
Co, Ca, Coop E son el principal freno a dicha movilidad. La movilidad social
siempre está mediatizada por intermediarios políticos de muy diferentes
tendencias.
La movilidad social está ligada con la redistribución sinérgica del
ingreso y el patrimonio, el poder y los riesgos en una lógica de derechos y
deberes, y no de subordinación política para el saqueo de lo público. Recuérdese, las experiencias fallidas de la redistribución del
patrimonio, el ingreso, el poder y los riesgos, por no tener una
estrategia sinérgica.
3.3 Transformación del campo y crecimiento verde.
Es acertado concentrar
prioritariamente las acciones en el área rural, rompiendo las brechas entre el
campo y la ciudad en materia de indicadores sociales. Coexisten problemas de
pobreza y extrema pobreza, falta de educación y de infraestructura, la
persistencia de la violencia y el narcotráfico. No es perceptible una
estrategia de desarrollo agrícola y rural dentro del marco de una Política Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT).
Ø La actual guerra interna debilitó
a Colombia en las negociaciones con Nicaragua, ya que postergó veinte años la
defensa integral de los derechos de Colombia y la elaboración y puesta en
marcha de una PNOT que incluyera tanto el territorio continental, las áreas
marinas y submarinas, los recursos
del subsuelo y el sistema de concesiones, de conformidad con el Art. 101 de
la Constitución Nacional.
Ø La clase política sólo entiende lo
territorial como el manejo del SNR y del SGP[32],
ya que con ellos ejercen el clientelismo, construyen sus redes de la Co, Ca,
Coop E y se auto perpetúan en el poder. Se requiere un cambio de enfoque de
percepción de lo territorial con todos los componentes del Art. 101.
Ø Aunque el PND identifica acciones
en los territorios como resultado de la combinación de cuatro dimensiones
analíticas necesarias para identificar brechas en infraestructura de
transporte, vivienda, agua potable, educación, salud y capacidad institucional territorial
basada en tipologías de municipios y subregiones y que las regiones tienen un
eje simbólico articulador del desarrollo de cada una de ellas[33], no
existe claridad teórica, ni estrategias apropiadas para integrar el país con
base en sistemas espaciales que se puedan gerenciar dentro del marco de la PNOT[34]:
1.
|
La jerarquía urbana nacional, las regiones
polarizadas y de planificación.
|
2.
|
Las redes de ciudades.
|
3.
|
La
red de metrópolis de equilibrio para la globalización.
|
4.
|
Los sistemas metropolitanos integrados como
palancas del desarrollo territorial.
|
5.
|
La
red de ciudades intermedias: de la propagación del desarrollo en las zonas
rurales a la prestación de servicios especializados a las empresas.
|
6.
|
Los puertos de entrada de Colombia a los
flujos mundiales de comercio, al TLC, a la tecnología y a la cultura.
|
7.
|
La
dinámica de los territorios y polos industriales y de servicios.
|
8.
|
La dinámica de los territorios rurales.
|
9.
|
La
dinámica de los territorios de reparación y compensación.
|
10.
|
Los territorios con base económica,
turística y residencial.
|
11.
|
Los
territorios con baja densidad de población y gran potencial económico.
|
12.
|
Los territorios con altos riesgos de
depredación ambiental y de violencia y captura por los grupos IC.
|
13.
|
Las
Ciudades dentro de la Ciudad.
|
14.
|
De los enclaves mineros y petroleros a las
Zonas Especiales Mineras y Petroleras (ZEMP).
|
Al igual de lo
que acontece con el marco fiscal de mediano plazo MFMP (tres años), el Gobierno
debería estar en la obligación legal de presentar ante el Congreso y la opinión
pública un marco territorial de mediano plazo MTMP, que incluya la evolución de
la PNOT de los derechos especiales en el territorio y en el espacio en materia
de adjudicación de licencias ambientales, concesiones mineras y petroleras,
viales, de puertos y aeropuertos, del espacio electromagnético y del
ordenamiento del uso del espacio aéreo[35].
El rezago
voluntario de los sistemas de información fundamentales para instrumentar un
cambio, ha sido una de las grandes manipulaciones de las élites gobernantes (catastros desactualizados, falta de empalme
entre notariado, registro y catastro, poca sistematización de delitos y
procesos judiciales en espera, rezago del SCN en las cuentas de patrimonio y los
flujos de ingresos entre los agentes, la carencia de series históricas sobre
procesos de privatización y tamaño del sector privado y el Estado,...)
3.4 Consolidación del Estado Social de Derecho:
Es urgente consolidar el Estado
social de derecho en los términos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con
el fin de “ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia, promover
los derechos humanos y garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia
para todos los colombianos y colombianas, como bases para consolidar la paz y
la convivencia pacífica”. También es urgente crear esquemas de gobernabilidad
en todo el territorio para “garantizar la convivencia pacífica, la seguridad
pública, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la desarticulación de
las redes de criminalidad y economía ilegal.[36]”
Sin embargo, este esfuerzo
será insuficiente y fallido si el proceso de paz no se construye como un pacto ético-político que elimine la Co,
Ca, Coop E, que establezca un equilibrio entre la justicia transicional y la proporcionalidad de la justicia, que
elimine la impunidad y el desequilibrio entre los poderes del Estado y el uso
de la justicia para fines políticos. También, que sinérgicamente se cree un sistema tributario justo y eficiente,
en los términos que lo hemos propuesto, para corregir al mismo tiempo la
pobreza y la desigualdad dentro de los márgenes de acción realistas que hemos
analizado.
3.5 Buen gobierno:
La estrategia “idealista”
que propone el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de buen gobierno está orientada a garantizar
la configuración y consolidación de un Estado moderno, más transparente,
eficiente, y eficaz. Un gobierno que asegure “tanto mercado como sea posible, y
tanto Estado como sea necesario”. El enfoque de buen gobierno es el de un
Estado como instrumento de redistribución de recursos y oportunidades, esto es,
de cierre de brechas. Por supuesto, todo esto en un contexto de estabilidad y
responsabilidad macroeconómica y fiscal, como ha sido la larga tradición de
nuestra historia económica moderna[37].
Esta estrategia me parece
idealista, engañosa e insuficiente, si no se combate la Co, Ca, Coop E y la
impunidad generalizada. Si se llega al final del camino a un proceso de paz que
sólo institucionalice la cooptación de las FARC, y que asegure que permanezcan
actuando y con más poder, legitimadas y lavadas, las fuerzas de ocupación de la democracia (políticos corruptos,
narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, latifundistas, funcionarios y
militares descarriados,...) poco se habrá avanzado en este único e
importantísimo esfuerzo de paz que ha adelantado el presidente Santos y su
Gobierno, y será una frustración para los colombianos.
Por ello creo que es preferible una Asamblea Constituyente a un
Referendo para aprobar los acuerdos de
paz.
4. la lucha contra la Co, Ca, Coop E y la impunidad y la falta de la PNOT han sido los grandes olvidados del proceso de paz de La Habana.
4.1 La lucha contra la Co, Ca, Coop E y la impunidad: Los viejos problemas a resolver.
La Co, Ca, Coop E. y la impunidad
generalizada.
La elevada línea de base de la Co, Ca, Coop
E y la fragmentación social, que es más alta que en otros países de
AL.
La
visión alucinante de la búsqueda del
“Dorado”, no superada, o sea de que hay que extraer o depredar los recursos
naturales, la visión extractiva.
El
pacto implícito y cultural que existe
entre la élite gobernante y buena
parte del pueblo necesitado para manejar
el Estado con criterio clientelista,
financiado por el capitalismo rentístico minero-energético y el narcotráfico,
que podrán llegar a su fin si prosperan los acuerdos de La Habana.
La
incomprensión de las élites gobernantes que la redistribución moderna del ingreso y el patrimonio, el poder y los
riesgos, es una lógica de derechos y
deberes, y no de subordinación
política para el saqueo de lo público.
La
incomprensión de que el la
PNOT es el mejor instrumento para el control social del territorio.
Entre los principales riesgos de la nueva cooptación, vale la pena
citar:
i.
No
romper la “cadena de custodia” de la economía de mercado con privilegios
(exenciones fiscales, privatización P/P y concesiones).
ii.
No
romper la “cadena de custodia” política que mantiene la Co, Ca, Coop E.
iii.
Ausencia
de estrategia integral para romper la Triple Sociedad y crear una sociedad
civil.
iv.
Ausencia
de estrategia fiscal, cultural, social para disminuir la desigualdad: sinergia entre
distribución ingreso y patrimonio, poder y riesgos.
v.
Prioridad
a nuevos sectores líderes que reemplacen las rentas minero-energéticas
(agricultura, desarrollo rural, industria, logística internacional, salud y
parques naturales).
vi.
Romper
las barreras políticas y regionales que impiden establecer derechos de
propiedad plenos y poner impuestos a las grandes propiedades rurales.
vii.
Reforma
de la cooptación en los tres poderes del Estado.
viii.
Riesgos
de la Co, Ca, Coop E una vez firmados los acuerdos de paz por las fuerzas de
ocupación de la democracia, los “falsos arrepentidos” y los buscadores de
rentas en las reparaciones,…
ix.
Ausencia
de estrategias para mitigar el daño sicológico y moral al pueblo colombiano en
50 años de conflicto (salud mental).
x.
Política
nacional para mitigar el daño ambiental dentro de la PNOT.
xi.
Ausencia
de voluntad política y de recursos para fortalecer las Pymes.
xii.
Presión
insostenible de las finanzas públicas, con bajos precios de commodities en los próximos
años.
xiii.
Incapacidad
política para instrumentar una reforma tributaria estructural y combatir la Co,
Ca, Coop E, particularmente la evasión y la “inmunidad” fiscal.
xiv.
Fracaso
de la gobernabilidad con base sólo en el modelo de las minorías étnicas, religiosas,
LGBTI… y no por el concepto de ciudadanía:
la lógica de derechos y de deberes.
xv.
Riesgos
del clientelismo corrupto repartiendo subsidios para auto perpetuarse.
4.2 creación del Ministerio del Ordenamiento Territorial.
Insisto de nuevo en la creación de
este Ministerio, que le dé unidad territorial a las políticas nacionales y
desarrolle los acuerdos de La Habana[38]. Basado en experiencias internacionales, si se quiere regular con
visión estratégica concertada de largo plazo PP la ocupación del territorio y
del espacio nacional, es indispensable integrar la visión macroeconómica y
sectorial de las políticas PP con otra regional, que sea trasversal y proactiva.
No hay sinergia entre las políticas sectoriales escasamente
regionalizadas y no existe un ente regulador al más alto nivel con visión
estratégica territorial como la DATAR en Francia- que articule en el territorio
las políticas PP de diferentes órdenes territoriales.
Creando el
Ministerio del Ordenamiento Territorial (MOT), se podrán coordinar en el
territorio nacional las políticas
sectoriales de los ministerios, los proyectos del sector privado, de los municipios
y departamentos, y así asegurar la armonía de los POT municipales y
departamentales.
Fuente:
Revéiz, E. (2013). El Estado Estratega para el
Ordenamiento Territorial. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Económicas.,
pág. 289.
La
organización institucional que propongo incluye tres direcciones del
Ministerio. La primera, tiene que ver con la coordinación interministerial para
la gobernabilidad y el manejo del territorio. La segunda, debería tener
funciones de análisis prospectivo, de realización de estudios, observación
territorial, evaluación y seguimiento de la PNOT y su relación con los POT
departamentales y municipales, presentar al Congreso cada 2 o 3 años la
evolución del MTMP en su relación con el MFMP. La tercera, debe incorporar la actual
institucionalidad del IGAC, vinculándola en forma armónica con todas las
políticas regionales del país.
Con la
creación del ministerio, se lograría la armonía de los instrumentos jurídicos
para el Gobierno del Territorio: prospectiva, propiedad y concesiones,
ocupación y uso de la tierra, participación ciudadana, coordinación del marco
regulatorio de los diferentes órdenes territoriales, a más del cierre
financiero de las estrategias territoriales.
Igualmente,
se armonizarían aspectos claves como la política de transporte multimodal, la
descentralización (SGP y SGR), las políticas de innovación y de competitividad,
el manejo de los territorios marítimos.
Al
integrar el IGAC a la estructura del Ministerio, se aseguraría que los sistemas
de información que provee este instituto sean debidamente estructurados y
administrados, que contribuyan a resolver los conflictos de propiedad que
existen en torno a los baldíos de la Nación y a los ejidos de los municipios, y
que la política fiscal se equipare en materia de tributación rural y urbana.
[1] Revéiz, Édgar. El Estado Estratega para el
Ordenamiento Territorial, Op. cit., pág. XI.
[2] Pecaut, Daniel. Contribución al entendimiento del conflicto armado
en Colombia. Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Feb 2015.
[3] Rousseau,
Jean-Jacques. El Contrato Social. Editorial Tecnos S.A., 1988. Barcelona. Pág. 84.
[4] Idem.
[5] Idem.
[6] Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de
las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de
Ciencias Económicas. 2015.
[7] RCN Radio. Amnistía debe ser para todos: Angelino Garzón.
05/11/2013. http://m.rcnradio.com/noticias/amnistia-debe-ser-para-todos-angelino-garzon-99174
[8] Gallón, Giraldo. La importancia de no intercambiar impunidades.
El Espectador. 12 de junio de 2014.
[9] De Currea-Lugo,
Víctor. Los errores de la justicia transicional. El Espectador. 17 de noviembre
de 2014.
[10] Reyes, Yesid. Impunidad. El Espectador. 9 de
mayo de 2014.
[11] El
Tiempo. Acusados injustamente del crimen de Galán no aceptan excusas. 31 de
enero de 2015.
[12] Ver clasificación de Worldaudit.org en: http://www.worldaudit.org/democracy.htm. Contempla cuatro grupos de países evaluados
según 4 indicadores political rights,
civil liberties, Press Freedom y Corruption que, sumadas, definen el
ranking del país. Sobre 150 países en 2015, Somalia ocupa el puesto 146;
Guinea-Bissau 121; Malí 75; Liberia 87; Colombia 81; México 70; Pakistán 109;
Federación Rusa 131; Argentina 66; Venezuela 140; Luxemburgo N/A; Estados
Unidos 14; Francia 18; Italia 29.
[13] Emilio, Estiú. La filosofía kantiana de la
historia. En: Kant, Emmanuel. Filosofía de la Historia. 1785. Editorial Nova.
Buenos Aires (versión argentina, 1958) pág. 26.
[15] Springer, Natalia. Las opciones de los paras. El Tiempo. 15 de abril de 2005.
Springer se basó
en las cifras del profesor de historia Mario Aguilera compiladas en Credencial.
[16] Ver análisis completo en Revéiz, Édgar. El
Estado como Mercado. Op. cit., págs. 206-212 y en El Estado Lego y la Fractura
Social. Op. cit., págs.423-526.
[17] Asobancaria, a través de su
presidenta María Mercedes Cuellar, ha propuesto incentivar el retorno de los
capitales en el exterior a través de una amnistía tributaria para resolver el
problema fiscal del Gobierno Santos 2014 con un mecanismo como el utilizado en
la administración Betancur de garantía de liquidez de los Títulos de Ahorro
Nacional emitidos por el Gobierno, pero cuyo manejo fiduciario estaba a cargo
del Banco de la República, que permita el ingreso de los capitales de los
colombianos en el exterior. Y, al mismo tiempo, establecer normas rígidas contra
los paraísos fiscales como las establecidas en Estados Unidos para obligar a
tributar a los colombianos que tienen dineros en dichos paraísos o en la banca
de los países más avanzados.
Cuellar, María Mercedes. Estructura Tributaria,
progresividad y equidad. En: Debate de Coyuntura Económica y Social. Hacia una
nueva reforma tributaria. Fedesarrollo. 28 de agosto de 2014.
Junguito, Roberto y Rincón, Hernán. La Política
Fiscal En El Siglo XX En Colombia. Borrador de Economía No. 318. Agosto de
2004.
[19] Semana. Los
50.000 millones de dólares que algunos colombianos guardan en el exterior. 26
de noviembre de 2014. http://www.semana.com/economia/articulo/los-50000-millones-de-dolares-que-algunos-colombianos-guardan-en-el-exterior/407188-3
[20] Piketty, Thomas. Op.cit.,
La redistribution
moderne: une logique de droits, pág. 766.
[21] Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de
las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de
Ciencias Económicas. 2015.
[22] Piketty, Op. cit. pág. 766.
[23] En este caso, se intercambia la compensación de los daños sufridos
por el bloqueo con los daños que sufrieron ciudadanos norteamericanos con las
expropiaciones durante la Revolución en 1959.
[24] Hasta noviembre de 2014 los paramilitares habían entregado bienes
por 200.000 millones, pero políticos condenados por nexos de la AUC debían 1,3
billones. Las reparaciones de la guerrilla se negocian en La Habana.
El Tiempo. Fallo contra Mancuso agita capítulo
de la “paraeconomía”. El Tiempo. 16 de noviembre de 2014.
[25] Las cabeceras tenían para junio de 2014 25,6% y el resto de los
municipios, las áreas rurales, 41,6% en 2013.
DANE. Pobreza Monetaria Año Móvil
Julio 2013-Junio 2014. Boletín Técnico. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_mon_jul13_jun14.pdf
[26] Alvaredo, Facundo y Londoño, Juliana. Altos ingresos e impuesto de
renta en Colombia, 1993-2010. En: Revista de Economía Institucional. Vol. 16,
No. 31. Universidad Externado de Colombia. 2014. pág. 157-194.
[27] Kalmanovitz, Salomón. El dilema monetario. El Espectador. 9 de
marzo de 2015.
[28] Revéiz, Édgar. COOPTACIÓN O DEMOCRACIA. La transgresión moral de
las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá. Academia Colombiana de
Ciencias Económicas. 2015.
OCDE. Economic Survey of Colombia
2015. Bogotá 19 de enero de 2015. Estudios económicos de la OCDE. Colombia
2015. Reformas para un crecimiento económico más inclusivo. Pág. 12. http://www.oecd.org/countries/colombia/economic-survey-colombia.htm
[29] (Revéiz, 2015).
[30] Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Plan Nacional de
Desarrollo. Todos por un nuevo país. Versión preliminar para discusión
del Consejo Nacional de
Planeación. Departamento Nacional de
Planeación.
[31] Revéiz,
Édgar. El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial. Op. cit. pág. 154.
[32] SNR: Sistema Nacional de Regalías; SGP: Sistema General de
Participaciones.
[33] Los ejes simbólicos articuladores son
–Caribe: Próspero y sin pobreza extrema,
–Pacífico: Equidad, integración y aprovechamiento sostenible de mercados,
–Centro-Oriente: Conectividad para la integración,
–Centro-Sur: Desarrollo del campo y conservación ambiental,
–Llanos: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano,
–Eje Cafetero: Talento humano innovador en territorios incluyentes.
[34] Revéiz, E. (2013). El Estado Estratega para el Ordenamiento
Territorial. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Pág.
XVIII-XIX.
[35] Ibid., pág. 36.
[36] Op. cit. Plan de Desarrollo. Pág. 8.
[37] Ibid., pág. 9.
[38] Ibid., pág. 288-290.
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