LOS RETOS DE LA PLANEACIÓN EN COLOMBIA Y EL POS-ACUERDO
Contenido
1. CONCEPTOS OLVIDADOS POR EL MODELO NEOLIBERAL, LA PLANEACIÓN Y LOS POLÍTICOS
2. CRISIS DE LAS INSTITUCIONES, DEL MODELO DE DESARROLLO Y DE LA CULTURA CIUDADANA
1-CONCEPTOS OLVIDADOS POR EL MODELO NEOLIBERAL, LA PLANEACIÓN Y LOS POLÍTICOS
La concepción visionaria de la planeación mixta que Carlos Lleras Restrepo inauguró cincuenta años atrás con la reforma constitucional de 1968 y se prosiguió con la Constitución de 1991, fracasó por múltiples causas.
Prioridad. La estrategia de fijar prioridades públicas se perdió con el libre
mercado y el sistema de autorregulación: la asignación sectorial y territorial
de los recursos de inversión se hace con criterios cooptados y clientelistas y
con el GPS de las multinacionales, sin un plan de conjunto del sector y sin
evaluar las conexiones horizontales de los proyectos con otros sectores. Por
ejemplo, en el sector minero las concesiones se otorgan con la lógica “primer
llegado, primer servido”, a diferencia de los que acontece con las subastas de
las concesiones petroleras.
El acto legislativo número 1 de 1968,
instituía (artículo 76 4a) que correspondía al Congreso fijar los
planes y programas de desarrollo… Y, que (artículo 118 3a) correspondía
al presidente presentar oportunamente al congreso los planes y programas a que
se refería el ordinal cuarto del artículo 76, entre cuyos objetivos debían
contemplarse el desarrollo armónico de las diferentes regiones del país. Y que (artículo
80) ante la Comisión Especial Permanente formada por un senador de cada
departamento, cualquier miembro de las cámaras podía presentar la propuesta de
una determinada inversión o servicio nuevo para ser incluido en los planes y
programas. Si estos habían sido objeto de estudios de factibilidad que
mostraran su costo, su beneficio con relación a otras alternativas y su utilidad
social y económica, acogidos por las dos terceras partes de los miembros de la
comisión, pasarían al Gobierno para incluirlos en los planes y programas. Si el
proyecto no contaba con los estudios, la comisión podía incluir su realización
dentro del plan.
Qué lejos se encuentra esta visión de los
cupos indicativos clientelistas incluidos en el Presupuesto Nacional o la
iniciativa de ejecutar proyectos de infraestructura (Generación uno, dos, tres
y cuatro etc.), sin estudios de factibilidad y diseño, lo que dio lugar a uno
de los más grandes saqueos del país por parte de las mafias de contratistas públicos/
privados (P/P).
Largo
Plazo. No existe visión prospectiva del país ni
planeación de largo plazo como acontece en Corea, Japón y China, menos en los sectores
clave de infraestructura, investigación, educación, y desarrollo (I, E & D), hoy prioritarios
en la UE para salir de la crisis sistémica. En efecto, no existen políticas ni
planeación sectorial y territorial articuladas de las carreteras (troncales,
departamentales y locales) y menos de la agricultura y la industria afectadas
por la grave crisis.[1]
Concertación. La corrupción, captura y cooptación del Estado (Co, Ca, Coop E en
adelante) y del territorio imposibilita la concertación para alcanzar objetivos
nacionales. El salario mínimo solo se concertó ocho años entre 1989 y 2012 y en
quince años hubo rompimiento y se estableció por decreto. Las agendas
regionales de competitividad, que se concibieron como compensación a los
efectos negativos esperados del TLC con USA, se postergaron y abandonaron y
hubiesen preparado a Colombia para afrontar la caída violenta de los precios
del petróleo y el creciente déficit en cuenta corriente que alcanza el 7% del
PIB en 2015. Los TLC restantes se evaluaron y negociaron en círculo cerrado
oligárquico sin evaluar sus efectos macroeconómicos secuenciales y el impacto
sobre las economías regionales. El Consejo Nacional de Planeación está lejos de
ser participativo, es apenas un órgano consultivo y sus recomendaciones no son vinculantes.
Igual ocurre con los consejos territoriales de planeación en su función de
evaluar los planes departamentales y municipales.
Equilibrio
de poderes. Después de la globalización se han
fortalecido los regímenes democráticos[2],
pero al mismo tiempo se ha vulnerado el principio del juego de contrapoderes: se ha convertido en un fenómeno mundial,
que facilita e incentiva la Co, Ca, Coop E. Contradice el principio según el
cual “el equilibrio entre el poder, que
siempre tiende a extralimitarse con egoísmo, y la ley, que lo refrena y opera
como agente moralizador, se llama justicia”[3].
La planeación de hecho centralizada ha sido instrumento de esta violación, ante
la corrupción y ausencia de legitimidad de sectores del Congreso y la
cooptación en el sistema de justicia.
La gobernabilidad va más lejos que el pacto
amañado o la mascarada –mermelada– entre el Ejecutivo y el Congreso. La
primavera Árabe, los Indignados en España, Estados Unidos, Brasil, Grecia,…
muestran la importancia que tienen los poderes del Estado de concertarse
directamente con la sociedad civil, y no necesariamente a través de sus
intermediarios corruptos y cooptados. El declive de la sociedad civil es
visible, al igual que en USA y los países europeos, como lo prueba el retroceso
de la afiliación a los partidos políticos y sindicatos, las cooperativas y el
voluntariado, los donantes y la filantropía[4].
En Colombia, la mermelada burla la filosofía participativa de los consejos
nacionales y territoriales de planeación.
Moralidad
en el manejo de lo público y privado. La moralidad
del manejo de lo público y de la relación público/privado se degradó en Colombia
y afecta al DNP de tres maneras:
La primera, porque el DNP cumple de facto y
directamente funciones preventivas, correctivas y sancionatorias para prevenir
y corregir el uso inadecuado, ineficiente o sin el cumplimiento de los
requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos del
Sistema General de Regalías (regalías directas y Fondo Nacional de Regalías) y
debe poner en conocimiento de los órganos de control y la FGN, las presuntas
irregularidades encontradas. Esta función de control, auditoría y policía aleja
a la institución de prospectar escenarios macroeconómicos, sectoriales y
regionales de largo plazo. Además, no existe simetría para controlar, con la
misma profundidad, a los grandes contratistas y concesionarios del Estado, en
donde se concentran los grandes desfalcos y las demandas contra él.
La segunda, porque no se hace la evaluación
de la continuidad del proceso de planeación, ni de los resultados conjuntos de
los planes de desarrollo de los periodos presidenciales, de gobernadores y
alcaldes… Así, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (152 de 1994) estableció
que los planes de desarrollo de los niveles nacional y territorial estarán
conformados por una parte general de carácter estratégico y por un plan de
inversiones de carácter operativo. Hay que estudiar cómo asegurar la continuidad
de la parte general y del núcleo duro de las inversiones de largo plazo, para
impedir los cambios de las reglas y la seguridad jurídica y prevenir que ‘pandillas
organizadas’ capturen el poder en su propio beneficio. En no pocos casos el
voto programático, mediante el cual el elegido en su candidatura se compromete
con sus electores –no con la nación– a darle prioridad a determinados programas
y proyectos, se convierte por la Co, Ca, Coop E en enemigo del bien común y la
democracia.
La tercera, por el sesgo marcado para
arbitrar recursos en favor de los grandes intereses financieros, las grandes
familias políticas y los estratos 1, 2, 3 cooptados, en detrimento de la clase
media. Así, lo demuestran los privilegiados beneficiarios de los grandes
proyectos de inversión, las privatizaciones y la adjudicación de concesiones,
que son otorgadas a grandes barones de la política regional. La captura de las
agencias nacionales, los pocos instrumentos sancionatorios en manos de las
superintendencias y la restringida visión social de las comisiones de regulación
(priorizan eficiencia sobre desigualdad), crean un escenario nacional de
privilegiados rentistas en la cúspide del poder y de asistidos en la base de la
pirámide social.
2-CRISIS DE LAS INSTITUCIONES, DEL MODELO DE DESARROLLO Y DE LA CULTURA CIUDADANA
El reto del Sistema Nacional de Planeación
es recuperar las prerrogativas y el prestigio perdido y afrontar con decisión y
con un equipo técnico especializado los principales problemas económicos,
sociales y ambientales, que se han profundizado durante las últimas tres
décadas.
2.1 Mejorar la calidad de la intervención del Estado y sus métodos de concertación con la sociedad civil
Tirole distinguió dos grandes teorías de la
intervención del Estado. La primera, el interés
colectivo o public choice, con la
cual el Gobierno corrige las imperfecciones del mercado, por ejemplo, la
tarificación de los monopolios o el control de los efectos externos del medioambiente.
Se considera que el Estado, pese a las restricciones de información, busca maximizar
el bienestar social. La segunda, la teoría
de la captura, insiste en el papel de los grupos de interés– lobbies, GGE, monopolios, sindicatos,…–
en la formación de las políticas públicas. Stigler fue el primer economista que
se ocupó del tema utilizando la teoría de la acción colectiva de Olson, y
propuso la idea de que existiera un mercado de la reglamentación[5],
que desarrollé en mi teoría de la triple sociedad,
los mesocontratos, las opciones y la captura de las regulaciones[6]
La planeación colombiana opera dentro de un
clima de Co, Ca y Coop E, pese a las actuaciones correctivas que desarrollan
los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación, los organismos
reguladores (superintendencias, comisiones de regulación y agencias nacionales).
No existe un organismo independiente que armonice este conjunto de instituciones,
que en su mayoría están politizadas. Propuse en Democratizar para Sobrevivir[7],
y lo he reiterado en otros textos, la creación de una corte para la regulación
de la competencia y el control de los monopolios, que debe complementarse con
las actuaciones de los tres poderes tradicionales para regular la competencia,
vigilar las privatizaciones y las concesiones y democratizar la propiedad;
independiente de los otros tres poderes del Estado; con presupuesto propio y que
reúna las comisiones de regulación, las superintendencias que hoy dependen de
los ministerios, las agencias nacionales de regulación, la Procuraduría y la
Contraloría.
2.2 Inventar y diseñar un nuevo modelo de desarrollo multidimensional que preserve algunos logros positivos del Consenso de Washington[8]
(Control de la inflación, independencia del BC o equilibrio fiscal), sustituya la economía del narcotráfico con nuevos sectores líderes y corrija los daños de la economía extractiva legal e ilegal)
Al cotejar los ciclos, las bonanzas y las
hegemonías del café, la bonanza minero-energética, la bonanza perversa del
narcotráfico y las remesas de los colombianos que viven en el exterior, se
puede concluir que[9]:
La tradición de la lucha hegemónica por las
bonanzas cafeteras y petroleras y el colapso de esta actividad con la
globalización (la caída de los ingresos provenientes del narcotráfico, la des-industrialización
resultante de la revaluación del peso y la crisis agraria generada por la
violencia inercial) dejaron en manos de las regalías petroleras y mineras y del
SGP la suerte de los municipios, departamentos y de la población en general.
En 2015, con la caída de los precios del
petróleo que busca su equilibrio entre 40 y 60 dólares por barril, Colombia y
algunos países de AL, a diferencia de los de Asia, han acumulado fuertes
déficits comerciales externos: los asiáticos crecen hacia afuera, ya que las
exportaciones fundadas en la industria lo hacen más rápido que las
importaciones; los de AL, incluida Colombia, ya presentan gigantescos déficits
comerciales pues destruyeron su capacidad industrial y agrícola teniendo que
asentar el crecimiento en el mercado interno, al financiarlo con flujos
externos de capital.
Ahora, con el ocaso de la bonanza minero-energética
que ha sido una oportunidad desaprovechada por la Co, Ca, Coop del orden local
por los señores de la Guerra que son
una verdadera fuerza de ocupación de
la democracia, el país quedó a merced de los TLC y el libre comercio, sin el
uso eficiente y sinérgico de sus fuerzas internas.
La economía cafetera (1870-1986) fue
progresivamente reemplazada por el poder petrolero, minero y del narcotráfico.
La cafetera, obraba bajo el control del sector privado; la minero-energética,
actúa bajo el control del Estado, las multinacionales y el poder local; el
narcotráfico, se desenvuelve bajo el control de IC. A esto se suma el cultivo
de bienes transables como la palma de aceite que generó grandes conflictos
territoriales de expulsión y desplazamiento campesino: el área cultivada pasó
de 156.070 Has en 2000 a 499.498 Has en 2014[10].
La frágil gobernabilidad política predominó
bajo la coacción del narcotráfico e IC. Colombia dejó de ser capitalismo político
regulado por el juego de los intereses gremiales y se convirtió en un
capitalismo rentístico, primero y, luego en un capitalismo mafioso de
contratistas y concesionarios del Estado.
2.3 La intrincada crisis de la Administración de Justicia y la Tasa de Cambio Moral
Durante los últimos 50 años en Colombia,
hemos tenido tres visiones morales de
la justicia y tres justicias
territoriales, que van en contravía del sistema republicano.
La
primera, en forma ad hoc consintió
la violencia en nombre de la justicia social. Es el periodo épico
revolucionario que no recibió en su momento sanción contundente del Estado y
que tuvo aceptación implícita de parte de la población.
La
segunda, ante el desbordamiento de la violencia, se buscó fortalecer la
administración de justicia imbuida en la ideología neoliberal de la desigualdad
y el privilegio – después de la apertura, muchos de los jueces estaban dedicados
a proteger las coerciones de los banqueros contra los usuarios – al tiempo que
se justificaron acciones ilegales en pro de la seguridad ciudadana, particularmente
en los 8 años de gobierno de Uribe.
La
tercera surgió por el colapso de las anteriores (al registrar los elevados
costos humanos y fiscales) y se recurrió a la justicia transicional como
impunidad calculada para los señores de la Guerra, que permitiera perdonar a
todas las fuerzas de ocupación de la democracia (políticos corruptos,
narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, banqueros tramposos,...) para
salvaguardar el poder, en otro ciclo político del eterno retorno de la
cooptación nacional.
La impunidad califica situaciones en que la
administración de justicia deja de aplicar o aplica incorrectamente las normas
que en materia penal regulan la investigación, juzgamiento y sanción de
conductas descritas en la ley penal como delitos[11].
A nuestro juicio también debe incluir el periodo pre-constitucional o pre-legal,
en que los políticos corruptos manipulan la confección de la ley por intereses
personales o los grupos criminales (la fabricación de la impunidad) que hace
perder legitimidad política a las normas.
La gran complejidad del sistema de justicia
se manifiesta en que en el territorio de Colombia operan tres sistemas que
compiten en su administración: el sistema
institucional universal cooptado, muy influenciado por los terratenientes y
los grupos poderosos, la justicia
indígena y la “justicia” ilegal-criminal,
que amenaza a los jueces y fiscales y a los campesinos que buscan la
restitución y el retorno.
2.4 La Co, Ca, Coop E por parte de C, NC e IC[12]
El sistema real de planeación confronta elevados riesgos de Co, Ca y Coop E
por la misma estructura de la sociedad. Ha sido válido para todas las etapas
desde la creación del sistema. La periodización que se presenta ayuda a
entender las políticas necesarias para la corrección y minimización de dichos
riesgos.
Etapas y tipos de corrupción
El capitalismo político y la corrupción en el Frente
Nacional Largo (1957-1978)
La corrupción estuvo empotrada (embedded) en la sociedad mediante el
sistema de cooptación y la extracción de privilegios. Era difícil
identificarla, estaba latente y aceptada socialmente, se confundía con el
capital político y social. No existía sanción penal contra la corrupción y el
“dedazo”.
El capitalismo de
eficiencia y corrupción después de 1991
Con la globalización y la Constitución de
1991, la corrupción se desprendió de la sociedad por la competencia, se hizo
visible y se legitimó socialmente con las privatizaciones y concesiones, por la
fuerte intervención ideológica y económica del modelo neoliberal. Paradoja: más transparencia y menor
administración de justicia.
El capitalismo mafioso y la corrupción después del
2000
La corrupción se globalizó por el
narcotráfico IC, y el lavado de dinero, por la cooptación C en la mayoría de
los Estados- nación. La pobreza NC incentivó el clientelismo. Las fuerzas
ilegales capturaron la democracia y el libre mercado y se convirtieron en fuerzas
de ocupación de la democracia. Comenzó a existir sanción social y penal contra
la corrupción.
Fuente: (REVÉIZ,
Comentario al libro "La Cooptación de la Administración Pública en
Colombia", 2012)
Etapas y tipos de captura
Frente Nacional 1958-1978
La captura era sin
violencia (soft) y aceptada por la escasa sociedad civil, pero
rechazada por los movimientos guerrilleros. Recuérdese que las FARC se formaron
de un núcleo de la guerrilla del partido liberal. La captura sirvió para
regular el sistema de cooptación, los privilegios de los grupos hegemónicos
como el industrial y el cafetero, que extraían las mayores rentas.
La globalización y el fortalecimiento
de la democracia (1991-2000)
La captura se
focalizó por parte de C hacia las
instituciones que otorgaban y regulaban las privatizaciones y las concesiones,
pues los privilegios arancelarios disminuyeron y buena parte del presupuesto se
orientó al sector social (SGP y SGR), dejando desprotegida la financiación de
la infraestructura; IC capturó muchos municipios y departamentos que eran
grandes beneficiarios de SGP y SGR, y la experiencia de C en el Frente
Nacional, proveyó la tecnología de captura a IC.
Captura por los grupos IC de
los órdenes territoriales mediante la violencia, después del 2000
Para usufructuar los
SGP y SGR y la economía de producción y transporte de las drogas ilícitas y los
servicios públicos de salud y educación.
Fuente: (REVÉIZ,
Comentario al libro "La Cooptación de la Administración Pública en
Colombia", 2012)
Etapas y tipos de cooptación
Frente Nacional Ampliado (1958-1991)
La cooptación fue
la cultura de la época, se reguló por 16 mesocontratos y mediante la
participación adecuada y equitativa del Art. 120 de la Constitución de 1968. “Cooptación adecuada”. Democratizar para Sobrevivir (1989), es la descripción y el análisis
de la cooptación en esta época, que culminó con la cooptación del M-19 y otros
movimientos guerrilleros con la Constitución de 1991.
La cooptación durante la globalización y el fortalecimiento de la
democracia (1991-2000)
Comenzó a profundizarse
y hacerse evidente la cooptación en los órganos del poder del Estado,
particularmente la Justicia, como adecuada y aceptada positivamente en la época;
frente a la cooptación de la sociedad que violaba las reglas de la competencia
y de la meritocracia y que el modelo económico y político consideró inadecuada,
(el símil es el colesterol bueno y malo).
La Co, Ca, Coop E es compartida por C e IC y custodiada por la violencia de
los grupos IC en el orden local (después del 2000)
La Co, Ca, Coop E
es compartida en los territorios por la clase política corrupta en el orden
local. Se convirtió en un problema de seguridad nacional y de ruptura de los
fundamentos culturales de la Nación. El poder central ha tratado de recuperar
la unidad del Estado en los diferentes órdenes territoriales, lo que ha
impedido que el DNP pueda incluir en la planeación el conjunto del territorio nacional.
Dentro de la
tradición colombiana de cooptación, el Gobierno trata de cooptar a las FARC en
el proceso de paz de La Habana, iniciado en 2013.
Fuente: (REVÉIZ,
Comentario al libro "La Cooptación de la Administración Pública en
Colombia", 2012)
Las Sociedades C, NC e IC en los países emergentes diseñan
estrategias políticas para capturar las
instituciones del Estado, controlarlas, y en muchos casos, corromper a los
funcionarios en forma similar a los juegos de ajedrez [13].
El proceso de toma de decisiones en el
Estado funciona en los países emergentes y en los más desarrollados como un sistema
de opciones financieras –derechos futuros– sobre la propiedad de las políticas
públicas, de los activos, los servicios, el presupuesto y los contratos
públicos. Los tenedores de estos derechos son poderosos grupos de interés que
capturan rentas, lo que logran a través de la captura de los reguladores, ya
que al hacerlo, controlan las reglas y las conductas de los órganos de
supervisión.
…En las sociedades nacionales y locales
emergentes los agentes maximizan su bienestar mediante el arbitraje de
intereses de las subsociedades, redes o familias C, NC e IC forzados por la
fragmentación social, la captura del Estado y la violencia, la exclusión y la
pobreza y la corrupción.
La Cooptada C está orientada y encadenada al control clientelista del Estado; la No Cooptada o excluida NC vive sujeta – ella sí – a las reglas de los mercados y del capitalismo salvaje; la Ilegal-Criminal IC actúa con códigos ilegales, ilegítimos e invisibles que son maniobrados para coaccionar al Estado y ejercer violencia sobre los ciudadanos con miras a redistribuir la propiedad y el ingreso, el poder y los riesgos. La distancia al poder o sea la demanda por centralidad para estar más cerca del presidente-caudillo para obtener rentas y privilegios ajusta esta precaria gobernabilidad…
La Cooptada C está orientada y encadenada al control clientelista del Estado; la No Cooptada o excluida NC vive sujeta – ella sí – a las reglas de los mercados y del capitalismo salvaje; la Ilegal-Criminal IC actúa con códigos ilegales, ilegítimos e invisibles que son maniobrados para coaccionar al Estado y ejercer violencia sobre los ciudadanos con miras a redistribuir la propiedad y el ingreso, el poder y los riesgos. La distancia al poder o sea la demanda por centralidad para estar más cerca del presidente-caudillo para obtener rentas y privilegios ajusta esta precaria gobernabilidad…
Fragmento de (REVÉIZ, El estado como mercado: la gobernabilidad económica y política en
Colombia, 1997) y (REVÉIZ, El Estado lego
y la fractura social, 2007)
2.5 La profundización de los conflictos de legitimidad: entre la mala representación de la clase política y todas las formas de lucha de los grupos violentos
La mala representación política es evidente
en Colombia, ya que existe una brecha gigantesca entre el momento electoral y
el momento gubernamental[14].
No se cumplen las promesas. La clase política viola los diferentes tipos de
legitimidad: la democrática (trampas electorales), la de imparcialidad
(subordinación clientelista de los votantes), la de reflexividad (toma de
decisiones sin consulta) y la de proximidad (cercanía con el votante solo en
elecciones). El sistema de planeación incurre en altos costos por la mala
representación: se incrementan los costos de transacción de las decisiones
públicas y los costos de los proyectos por la corrupción; mala utilización de
los recursos públicos; falta de coherencia en las políticas y en la sinergia de
los proyectos; la Co, Ca y Coop de E, los atentados terroristas…
Los países en situaciones extremas muestran
Co, Ca y Coop de E generalizada y la clase política ampliada (políticos
corruptos, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros) comienzan a
percibirse como fuerzas de ocupación de la democracia, que he resaltado en mi
obra, así:
Los protagonistas del conflicto armado se han
convertido en señores de la Guerra y tienen seis características principales:
poseen derechos de propiedad exclusivos sobre la guerra y la paz; manejan
directamente o poseen acceso privilegiado a las decisiones de una organización
militar; tienen los medios financieros necesarios o pueden incidir sobre la
asignación de los recursos para operar la organización militar; controlan,
mediante coaliciones, centros de decisión del Estado y territorios; tienen acceso o controlan medios de
comunicación que les permiten difundir sus objetivos y manipular sus
clientelas; disponen de un aparato administrativo-militar ilegal para cobrar
impuestos y vacunas[15].
Estos barones electorales son causa de la
mala representación, ya que muchos están ligados a los grandes grupos
económicos legales e ilegales. Allí, subyace la crisis de la democracia
representativa que, infortunadamente, no ha podido ser reemplazada en forma
eficiente y justa por la democracia participativa, que se considera moralmente
superior, y menos aún por la democracia directa.
2.6 La Fragmentación social C, NC, e IC y el reparto Ad-hoc de las esferas del poder político, económico y social en el orden territorial
Hay tres etapas claramente delimitadas “del
juego del juego” de las élites en el poder en Colombia:
1.
El Frente Nacional Ampliado (1958-1985), que
funcionó con base en las estructuras políticas-clientelistas-regionales, con
poder férreo y jerárquico del presidente y los ex presidentes de la República.
2.
El intermezzo entre
1985 y 1990, que denominé “Atractor
de caos”, en que se tejieron alianzas, puentes y estrecha conectividad entre C
e IC, verdadera bifurcación del poder.
La clase gobernante comenzó a tejer lazos políticos y de negocios con
narcotraficantes, paramilitares, y en algunos casos, con la guerrilla, para
impedir el acceso de esta última al poder y, de contera, enriquecerse y
acumular tierras.
3.
La emergencia,
consolidación y cohabitación de dos estructuras de poder hegemónicas Se produjeron
entre 1990 y 2013, bastante interconectadas: las organizaciones
políticas-clientelistas-regionales (poder institucional) fundamentado en el
poder de los expresidentes de la República y aquellas controladas por la fuerza
de ocupación de la democracia (poder ilegal).
Con esta situación de caos se gestó un
extraño reparto del poder sectorial y territorial: las élites dirigentes del establecimiento
siguieron monopolizando el poder nacional (privilegios, subsidios, media,
grandes contratos nacionales, cargos ministeriales, gobierno y sector
diplomático,…). Los grupos ilegales emergentes de IC, comenzaron a capturar y
cooptar el orden local, aliados con la clase política regional corrupta.
Es imposible en este escenario y con la Co,
Ca, Coop E generalizada crear sinergias en la toma de decisiones y la
instrumentación de las políticas de redistribución de la propiedad y del
ingreso, del poder decisorio y de los riesgos.
En el pasado se ensayaron con los planes de
desarrollo estrategias secuenciales y no sinérgicas que tuvieron resultados
parciales y en algunos casos negativos:
Redistribución de la propiedad. Se instrumentó por la Alianza para el Progreso en los años
60 con la política de John Kennedy, pero la reforma agraria fallida impidió
dicha redistribución en el mundo rural, cuyos costos en violencia son palpables
hoy.
Redistribución del ingreso. Se fomentó por las generaciones de reformas
tributarias entre los años 70 y el 2010, con aumentos en el NBI, disminución de
la pobreza, pero concentración de la redistribución monetaria del ingreso.
Redistribución del poder. Con la Constitución de 1991 se dio prelación a la
redistribución del poder decisorio con instituciones de democracia participativa. Sus resultados han sido frustrantes y
prueba de ello es el rechazo a los políticos y el conflicto armado que se está
negociando con las FARC y el ELN.
Redistribución de los riesgos. Se fomentó el paso del Estado providencia al Estado
regulador de riesgos, vulnerando los derechos de los trabajadores, de los
campesinos, estudiantes y empresarios por no adoptar procesos de concertación
nacional para la toma de decisiones como los TLC, las reformas a la salud y a
la educación.
2.7 La captura de las nuevas formas regulatorias
Las teorías neoclásicas e
institucionalistas plantean que la regulación es necesaria cuando los costos de
transacción entre los agentes son muy elevados.
O sea, que la situación ideal es la autorregulación y el mercado. Las
regulaciones son un flujo de decisiones para dar estabilidad al sistema.
Para comprender la Co, Ca, Coop E es
necesario examinar la caja negra de su flujo de decisiones, la forma como se
violan las regulaciones y la reglamentación. Como existe la Triple Sociedad,
los derechos de propiedad no están bien definidos. La Co, Ca, Coop E aumentan
los costos de transacción, hacen más necesaria la regulación y entraban las
actuaciones del DNP y su proceso de planificación. C y sus loobies compiten por las concesiones y privatizaciones y por lo
grandes contratos públicos, IC ejerce control local sobre SGR y SGP. NC
controla el sector informal, las calles y el espacio público, dificultando las
actuaciones del Sistema General de Planeación.
Además, la globalización llevó a que los
Estados-nación delegaran competencias regulatorias tanto en el orden internacional
(OMC, BCE, Troika, FMI,…) como en el orden local (fortalecimiento regional y
municipal, manejo ambiental, inversiones de proximidad en educación y salud,…),
lo que se tradujo, en la pérdida de capacidad regulatoria del Estado-nación,
salvo en ciertas actividades estratégicas (seguridad, relaciones
internacionales,…).
En contraste con el modelo regulatorio de
Tirole (cuyo reto principal es el control de las autoridades regulatorias por
el principal político, el Congreso), Colombia tiene una configuración peculiar,
que funciona así:
Con la globalización, la economía
evolucionó hacia monopolios naturales y oligopolios controlados por poderosos holdings y GGE.
El Congreso y el Ejecutivo son los
principales, que están controlados y/o financiados por los holdings y los GGE de C y, en parte, coaccionados y/o financiados
por IC.
Los reguladores son nombrados (recompensados
o castigados) por el Ejecutivo, actúan por delegación del presidente, dependen
de los ministerios, realizan un control político soft que debería realizar el Congreso. Estos reguladores en la
mayoría de los casos están íntimamente ligados a los holdings y GGE, a través de la puerta giratoria, lo que les priva muchas
veces de legitimidad e imparcialidad.
El sistema judicial y los órganos de control
están cooptados por ellos o por cruces de intereses y favores con el Congreso,
el Ejecutivo y los GGE, en muchos casos no disponen de la independencia y
autonomía para ejercer las funciones de administración de justicia. Así, el
sistema regulatorio exige una reforma profunda para cumplir con los valores de
legitimidad e imparcialidad, de
reflexividad y de proximidad.
Dentro del marco anterior, la Corte
Constitucional se refirió a la función estatal de regulación en su sentencia
C-150 de 2003, aplicable en nuestro
criterio a las funciones reguladoras que ejercen las autoridades e instancias
de planeación, así:
“En un Estado social de derecho la
intervención estatal en el ámbito socio-económico puede obedecer al
cumplimiento de diversas funciones, generalmente agrupadas en cuatro grandes
categorías: una función de redistribución
del ingreso y de la propiedad expresamente consagrada en varias
disposiciones de la Constitución con miras a alcanzar un “orden político,
económico y social justo” (Preámbulo); una función de estabilización económica también consagrada en diversas normas
superiores (artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la CPC); una función de regulación económica y social
de múltiples sectores y actividades específicas según los diversos parámetros
trazados en la Constitución (artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y,
todas las anteriores, dentro de un contexto de intervención general encaminado
a definir las condiciones fundamentales del funcionamiento del mercado y de la
convivencia social, como el derecho de propiedad privada pero entendido como “función
social” (artículo 58 CPC) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad
económica siempre que se respete la “función social” de la empresa (artículo
333 CPC) en aras de la “distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo”(artículo 334 CPC)” [16].
Dentro de este marco constitucional, es apropiado distinguir entre los grandes
reguladores (FED, BCE, BR,…) y los reguladores sobre las actividades
sectoriales, regionales y locales del Estado que deciden sobre el manejo de
recursos financieros importantes o sobre la rentabilidad de los proyectos de
inversión de los empresarios.
Allí, las autoridades e instancias de
planeación deben enfrentar con decisión la Co, Ca, Coop E, frente al triángulo
de hierro de la corrupción, conformado por agentes
públicos, agentes privados y agentes políticos.
Los
Tipos de entidades regulatorias sectoriales en Colombia, son:
ü Las superintendencias que han tenido un
complejo proceso evolutivo de pasar de “organismos de bolsillo del triángulo de
hierro de la Co, Ca, Coop E” hacia instituciones que mejoran la calidad de la
regulación, contribuyen a estabilizar los sistemas globales y sectoriales y el
Estado Social de Derecho. La OCDE, como “club de buenas prácticas”, insiste en
la calidad regulatoria. No existe en Colombia política general de aplicación de
buenas prácticas en todos los sectores[17].
ü En las comisiones de regulación, órganos
desconcentrados del Estado y con delegación presidencial, vale analizar su preferencia por la
eficiencia empresarial sobre la igualdad social[18].
ü En las agencias nacionales, como entes estatales
de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama Ejecutiva del
orden nacional, es necesario destacar las que pueden ser afectadas por la Co,
Ca, Coop E. y han surgido como los núcleos de poder más importantes para la
ejecución de las políticas nacionales, pese al bajo perfil de sus gerentes. Su
riesgo de corrupción es muy elevado por las presiones que reciben de los lobbies y grupos de interés legales e
ilegales y de las comunidades[19].
2.8 La desarticulación del territorio nacional en ausencia de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)
La ética de las obras públicas fue gerenciada por el DNP
mientras hubo un poder centralizado, particularmente en el Gobierno Lleras
Restrepo; desapareció con la descentralización
promulgada por la Constitución de 1991 y la apertura económica, siendo
reemplazada por la ética de lo social,
con una cierta tiranía de lo social; se
generó un grave retraso en la conectividad territorial y en la infraestructura,
porque el sector privado no realizó las inversiones necesarias, pero también
obedeció al incremento por la Co, Ca,
Coop E[20].
En materia de gestión pública de los territorios, Colombia y
Francia siguieron una trayectoria parecida, con resultados contrastantes.
La primera etapa, de
fuerte intervención y tutela del Estado sobre las regiones (Francia en la
posguerra y Colombia en los 60 años) buscó la modernización nacional y la
integración política de los territorios. Francia tuvo éxito y Colombia fracasó,
pese a logros aislados como la interconexión eléctrica nacional (ISA) y la
creación de sistemas territoriales en otros frentes. La segunda etapa de gobernabilidad territorial, logró en
Francia la cohesión social y la integración de la acción pública en los
territorios; fracasó en Colombia por el conflicto armado y la corrupción[21]. No se logró
institucionalizar la acción colectiva territorial. La tercera etapa, de competitividad territorial global y
renovación urbana, ha tenido éxito relativo en Francia y estancamiento en
Colombia. En esta etapa, que depende de la globalización y de la competencia
internacional, los Estados, tanto en Francia como en Colombia, han intentado volver a centralizar el poder y los recursos
locales para ponerlos en función de prioridades nacionales, dictadas por la
competitividad. Las autoridades nacionales y sus instancias de planeación no
han podido instrumentar una estrategia creíble en este campo.[22]
Frente a la pérdida de control de los territorios y a la
cohesión social territorial es importante
tomar por lo menos, tres macrodecisiones:
ü Creación del Ministerio del Ordenamiento Territorial
Ante el fracaso del DNP para gestionar el
territorio y crear una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) con
visión estratégica concertada de largo plazo P/P, y la ocupación ordenada del territorio y del
espacio nacional, es indispensable crear este Ministerio, que permita integrar
la visión macroeconómica y sectorial de las políticas P/P con la regional, en
forma transversal y proactiva.
Actualmente, no existe sinergia entre las
políticas sectoriales, que están escasamente territorializadas. Por lo tanto es
necesario un ente regulador al más alto nivel y con visión estratégica
territorial, que articule en el territorio las políticas P/P de diferentes
órdenes territoriales.
Al crear el Ministerio del Ordenamiento
Territorial (MOT) se podrán coordinar en el territorio las políticas sectoriales de los ministerios,
los proyectos del sector privado, de los municipios y departamentos, y así asegurar
la armonía de las corporaciones regionales de desarrollo, de los POT
municipales y departamentales[23].
Pasar de concesiones de proyectos a concesiones de
sistema en contratos entre Estados
Ante el fracaso de las concesiones viales
de generación 1,2 y 3, y los altos riesgos de la 4, puse en consideración la
idea de abandonar el actual sistema de concesiones
por proyectos y adoptar otro de concesiones
por sistemas, que directamente se
negocie entre el Estado colombiano con los Estados de países desarrollados[i],
que han tenido éxito en la creación de sistemas de transporte multimodal.
El modelo consiste en que el Estado
colombiano haga concesiones de sistemas nacionales o regionales completos con
otros Estados, asegurándose la oportuna y eficiente ejecución y trasladando los riesgos (cambiarios, financieros,
geológicos, de no pago, de corrupción…). Los Estados contratantes, subcontratarían
la ejecución de dichos proyectos con empresas nacionales o extranjeras, el modelo podría atraer la atención de los
países industrializados, por la recesión que sufren en la actualidad y emergería
un mercado internacional de concesiones de sectores o sistemas en la fase
actual de la globalización, caracterizada por el colapso financiero de la
crisis de 2007.
Marco territorial de mediano plazo (MTMP) compatible
con el marco fiscal de mediano plazo (MFMP)
Al igual de lo que acontece con el marco
fiscal de mediano plazo (tres años), el Gobierno debería estar en la obligación
legal de presentar anualmente ante el Congreso y la opinión pública un marco
territorial de mediano plazo (tres años), que incluya la evolución de la PNOT,
de la inversión pública, de la política social regional, de los conflictos
surgidos por los derechos especiales que existen en el territorio y en el
espacio en materia de adjudicación de licencias ambientales, concesiones
mineras y petroleras, concesiones viales, de puertos y aeropuertos, concesiones
del espacio electromagnético y del ordenamiento del uso del espacio aéreo[24].
El marco territorial de mediano plazo deben
incluir la evolución de la adjudicación y de la recuperación de los baldíos nacionales, de la
puesta en línea en sistemas informáticos del sistema de catastro con el sistema
notarial, de la recuperación de tierras por parte de los desplazados y de la
evolución del sistema impositivo en las zonas rurales y urbanas de los
municipios y departamentos.
2.9 La mentalidad rentista y mendicante reemplazó la mentalidad empresarial, innovadora y de competitividad
Esta visión coincide con la que EUA, Europa y las potencias del Asia
tienen de AL y cuyos rasgos
principales no superados en Colombia, son[25]:
·
El Estado patrimonial permanece y se consolida. En la formación de la
riqueza prevalece la acumulación de tierras.
·
La Sociedad Cooptada sigue
vigente en Colombia, se fortalece con exenciones, privilegios, concesiones
manipuladas, concentración y centralización del capital y la tierra.
·
El Pacto Neolatifundista
se extendió al narcotráfico, al paramilitarismo y a la guerrilla en connivencia
con terratenientes.
·
La ambigüedad – fuzzy logic – entre lo
público y lo privado es el principal instrumento para despojar, capturar y
cooptar al Estado.
·
La politización de la justicia, la impunidad y la
cultura de violar la Ley es regla ad hoc en
Colombia.
·
La aristocracia política hereditaria se ha extendido
con reglas de delfinazgo, conyugrama, algoritmos fractales, redes… que se
generaliza.
·
La desigualdad social contínua siendo extrema y su
dinámica coincide con los hallazgos de Piketty.
·
El gerencialismo sin
innovación tecnológica y del conocimiento y profundiza el rezago de Colombia,
que solo pudo pasar en el índice Doing business del puesto 73 en 2007- 2008
al puesto 66 en 2014- 2015, aunque mejoró mucho en el componente del entorno
macroeconómico (pasó del puesto 88 al 29), empeoró en infraestructura y
gravemente en la calidad de las instituciones (del 87 al 111) y en salud y
educación (del 67 a 105).En balance permaneció estancado en factores
potenciadores de eficiencia y en factores de innovación y sofisticación respecto
de otras zonas de civilización[26].
La vida
política ha girado en torno de la captura de tres rentas, lo que ha
coincidido con el colapso del sector
real y productivo de la economía:
La renta minero- energética
La violencia por la captura de la renta
minero-energética se activó a partir de 1985, años atractores de caos y se dio
en paralelo con la expansión y captura de los ingresos petroleros y mineros. Al
incrementarse exponencialmente dichos recursos después de la Constitución de
1991, sobrevino un periodo de democracia
frustrada, se incrementó la Co, Ca,
Coop E en el poder local por los grupos guerrilleros y paramilitares, pese a
que se liquidaron los carteles de Medellín y Cali. Fue una década pérdida de
crecimiento económico, en parte por el despilfarro y la corrupción en el uso de
los recursos en el orden local[27].
La renta del narcotráfico
Es ilegal –valorizada en el exterior– se
integra a los circuitos del ingreso y se
distribuye como una verdadera renta[28].
Según estimativos de Rocha, las utilidades repatriables como porcentaje del PIB
oscilaron entre el 6% en 1987 y menos del 1% en el periodo 2005-2009. La
alianza que tuvo lugar entre C e IC durante los años 80 es una prueba del
comportamiento rentista de la élite gobernante, cuyos rezagos aún se observan
en el sector bancario y financiero, pese al fortalecimiento de controles de las
agencias del Estado y es también una renta microeconómica, que reciben un
sinnúmero de hogares por las actividades ilegales de sus miembros.
La renta de las remesas
Las remesas tienen características de renta, pues no es un ingreso que responda
a un servicio prestado, o a un valor agregado producido. Han representado en
promedio en la década 2001-2011, el 2,25% del PIB, 3.738 millones de dólares
anuales, ingresos que se han incrementado por la devaluación del peso.
La renta
de las remesas describe una estructura sociocultural de la nostalgia,
basada en la migración o el exilio de los profesionales o de trabajadores
dinámicos que han emigrado a países más desarrollados cuando estos estaban en
expansión, para enviar a sus familiares un recurso vital de subsistencia. Dichos
fondos son clave para equilibrar la balanza de pagos y cumplen la función de seguridad
social ad hoc, que el Estado no puede
cumplir.
La mentalidad asistencialista, en ocasiones
mendicante, ha cobrado fuerza en Colombia y parte importante de la población
depende del SGP y del SGR y con alto grado de endeudamiento privado.
La cultura de Co, Ca y Coop E es diferente
en Colombia, México y la República Bolivariana de Venezuela. En Colombia, el sistema
trata de cooptar todos los grupos, incluidos los armados ilegales, sin disponer
del margen fiscal necesario, que existió en Venezuela por la abundancia del
recurso fiscal petrolero, antes de la violenta caída del precio internacional
del producto en 2014. Informaciones del DNP señalan que de los 36 millones 705,
756 registros que se encuentran en la base Nacional del Sisbén han sido
validados como potenciales beneficiarios 34 millones 728.743, que representan
el 75% de la población nacional (régimen subsidiado en salud, Colombia mayor,
Jóvenes rurales, Vivienda rural, ICBF, Icetex, Red unidos y Familias en
acción). En Venezuela, la Revolución
Bolivariana cooptó y aseguró los estratos bajos y algunos estratos
empresariales y de la clase media, que apoyan políticamente el sistema. Una gran
parte de la sociedad vive al margen del sistema político y sobrevive en el
económico.
La caída radical de los precios del petróleo
creó un escenario diferente y un reto mayor para las políticas del DNP: aumentó
la demanda de los grupos cooptados, pues a los ya existentes se han sumado los
sectores gremiales en crisis (cafetero, algodonero, arrocero…) que deben
abastecer el mercado interno y exportar para compensar la brecha externa a lo
que hay que agregar la necesaria financiación de los desplazados del conflicto,
que se ha convertido en déficit fiscal y no en reparación que deberían proveer
los verdugos, situación que se agrava por el elevado endeudamiento de los
hogares. La estructura actual del crédito de consumo varió notablemente, ya que
en 2007 estaba concentrada en créditos entre 1 y 5 años, y los créditos de más
de 5 años solo eran el 12,2%. Ahora, en 2014, eran 46,2%[29].
2.10 La planeación y el desarrollo multidimensional
Colombia tuvo un proceso de evolución adaptativa
de sus políticas: en los años 60 se basaron en la fallida redistribución de la propiedad agraria y urbana con la Alianza para
el Progreso; luego se intentó la redistribución
del ingreso con las reformas tributarias de los años 70 y las décadas
subsiguientes; posteriormente se institucionalizó, sin resultados concretos, la
redistribución del poder con la
Constitución de 1991 mediante las políticas de descentralización y de
participación, pero no existe una política justa de redistribución de los riesgos entre los agentes económicos y
sociales, ni tampoco se ha formulado una estrategia coherente y sinérgica entre
estas cuatro dimensiones.
La calidad del desarrollo también puede
medirse con el peso tendencial que tienen C, NC e IC en el crecimiento
económico. Es una forma proxy de
medir el well-being y el bienestar
social.
Las recomendaciones 10 y 11 del “Rapport de la Commission sur la mesure des
performances économiques et du progrès social” (STIGLITZ, SEN, FITOUSSI, & Paul, 2009) insisten en la
necesidad de evaluar la sostenibilidad y medir el bienestar objetivo y
subjetivo.
“El
bienestar objetivo, expresado por los indicadores evolutivos del IDH; el
bienestar subjetivo expresado por el grado de conciencia que los ciudadanos,
las redes sociales y el Estado alcanzan en el proceso de desarrollo
multidimensional a través de sus múltiples inteligencias (cognitiva,
interpersonal y política, psicosexual, emocional y, sobre todo, moral” (REVÉIZ, La trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los
Estados-Cooptación o democracia, 2015). Se puede medir, con base
en el SCN la importancia que tienen C, NC e IC en el proceso evolutivo
nacional.
Las preguntas relevantes son: ¿un peso
constante considerable de IC en la evolución del PIB nacional de Colombia, de
México o Venezuela, aumenta o disminuye el bienestar o el well-being a corto y a mediano plazo?; el hecho de que C e IC hayan crecido
voluntariamente en paralelo en los años 80 en Colombia, aumentó o disminuyó el
bienestar o el well-being?, ¿han sido
estas sub-sociedades aliadas o compañeras de ruta en las tres últimas décadas,
80, 90, 2000?, ¿el grado de la Co, Ca, Coop E por parte de C, NC e IC ha
vulnerado la democracia, aumentado los costos de transacción y disminuido el
bienestar y el well-being?, ¿cómo
explicar con un modelo de desequilibrio la evolución del PIB de C, NC e IC en relación con la Co, Ca, Coop E?
Cuantificar
y analizar la evolución de C, NC e IC en relación con la Co, Ca, Coop E, es una
forma complementaria de interpretar el well-being
y la sostenibilidad del crecimiento para consolidar la democracia, la
competencia y la sociedad civil.
Por
ejemplo, la búsqueda de rentas por parte
de C y el uso de la violencia por IC, inciden en la asignación de los
recursos de las actividades productivas, ya que ambas, la búsqueda de rentas y
el uso de la violencia, tienen rendimientos crecientes. Cuando la sociedad se
hace más intensiva en la búsqueda de rentas y en violencia para redistribuir el
ingreso y el patrimonio, el poder y los riesgos, las actividades ilegales y de
búsqueda de rentas son más productivas que
las legales y se producen, como lo anota Azuero, equilibrios múltiples que se
caracterizan por altos niveles de búsqueda de rentas y bajos niveles de
actividades productivas[30].
Así, la Sociedad
Ilegal-Criminal IC “contribuye” al crecimiento económico de corto plazo, no
al desarrollo sostenible. Una tasa de crecimiento del 7% en Chile, no significa
lo mismo que en Colombia, en términos de calidad
y sostenibilidad. En Colombia, por ejemplo, el sector público deberá
comprometer ingentes gastos e inversiones futuras para “destruir” parte de este
crecimiento (los cultivos ilícitos, las empresas criminales, el lavado de
dinero, la captura del Estado por la mafia,…) a través del gasto militar y de
la policía, la Fiscalía y la justicia,... Además, el efecto de desplazamiento
en la asignación de los recursos hacia estos sectores criminales compromete a
largo plazo la estabilidad macroeconómica y financiera.
3. CONCLUSION
Con el posacuerdo, la Institución de La
planeación- que debe respetar el equilibrio de poderes- tiene la oportunidad de
liderar estrategias concertadas de largo plazo para superar los viejos
problemas y alcanzar los estándares internacionales de la OECD y de las
agencias internacionales de derechos humanos.
Es posible que una Asamblea Nacional Constituyente
pueda crear un Nuevo Modelo de Planeación Concertada[31].
La Asamblea Constituyente podría
contener dos órganos:
Primero, el político, que
actualice la Constitución de 1991, preservando su legado positivo y corrigiendo
sus fallas. Segundo, el programático, realista y de largo plazo, que diseñe las
bases de un plan prospectivo alianza P/P (2018- 2040).
Este plan debería contener los
grandes compromisos de inversión de largo plazo, así:
- Los programas de inversión mandatorios de infraestructura, educación, investigación, desarrollo y de
competitividad, que pongan a Colombia en un liderazgo emergente[32].
- Los programas de inversión mandatorios, de convergencia social y regional (educación y salud) que, con
enfoque republicano universal, sin cooptación ni clientelismo, provea
estos servicios fundamentales, ya sea por el sector público o privado. El
objetivo propuesto por el gobierno de Bachelet de alcanzar el 70% de la
educación gratuita al final del mandato, es una buena referencia.
- Los programas discrecionales que cada gobierno de
turno quiera realizar según el programa que eligió al candidato.
- Los programas contingentes que responden a
necesidades coyunturales y cambiantes (desplazamiento forzoso y
restitución de tierras, cambio climático, prevención y mitigación de
desastres).
Este plan debería dar lugar
a una reforma tributaria estructural que genere los ingresos necesarios para
suplir el gasto identificado y concertado, dentro de un marco fiscal apropiado.
Las acciones fiscales deben enderezarse a cauterizar
y eliminar la evasión
fiscal como prioridad, y aumentar la tasa de tributación
progresivamente a las personas muy ricas, y no a las empresas, siguiendo los
criterios de Piketty con apoyo del incremento substancial del catastro rural y
el IVA, esto último cuando fuere estrictamente necesario.
Este modelo de constituyente
heterodoxa cambia de frente respecto a las propuestas demagógicas de crear un ‘Congresito’, hacer un referendo o
incorporar a los guerrilleros u otras fuerzas al Congreso, sin representación
popular y sin antes corregir la mala represtación que existe.
[1] Por ejemplo,
Carlos Lleras Restrepo (1966- 1970) conocía a la perfección los detalles del
modelo de transportes de Harvard, manejado por el DNP en su Gobierno y
abandonado posteriormente.
[2] Clasificación
de Worldaudit.org en: http://www.worldaudit.org/democracy.htm. Contempla
cuatro grupos de países evaluados según 4 indicadores political rights, civil
liberties, Press Freedom y Corruption
que, sumadas, definen el ranking del país. Sobre 150 países en 2015, Somalia
ocupa el puesto 146; Guinea-Bissau 121; Malí 75; Liberia 87; Colombia 81;
México 70; Pakistán 109; Federación Rusa 131; Argentina 66; Venezuela 140;
Luxemburgo N/A; Estados Unidos 14; Francia 18; Italia 29.
[3] (ESTIÚ,
1964).
[5] (LAFFONT
& TIROLE, 1993).
[6] (REVÉIZ, La
trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados_ Cooptación o
democracia, 2015).
[7] (REVÉIZ, El Estado lego y la fractura social, 2007), (REVÉIZ, El Estado como mercado: la gobernabilidad
económica y política en Colombia, 1997); (REVÉIZ, El Estado como mercado: la
gobernabilidad económica y política en Colombia, 1997)Y (REVÉIZ, Democratizar para sobrevivir, 1989).
[8] Dicho Consenso contenía
diez reformas básicas: 1) Disciplina fiscal; 2) prioridad para el
gasto social; 3) reforma tributaria; 4) liberalización
financiera; 5) tipos de cambio unificados y competitivos; 6) liberalización
del comercio exterior; 7) apertura a la IDE (Inversión Directa
Extranjera); 8) privatización de las empresas estatales; 9) desregulación;
10) respeto a los derechos de propiedad.
Williamson, al revisar en
1997 su trabajo original, incluyó el incremento del ahorro en la disciplina
fiscal, puso el acento del gasto social en la educación primaria y secundaria,
en la liberalización financiera, subrayó la supervisión de la banca y añadió
una nueva reforma, once (11), relativa a la creación y reformas de las
instituciones estratégicas, como los bancos centrales independientes y los
poderes judiciales transparentes (REVÉIZ, El
Estado regulador de riesgos, 2007; REVÉIZ, El Estado regulador de riesgos,
2007).
[9] (REVÉIZ, La
trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados_ Cooptación o
democracia, 2015).
[12] En las
experiencias nacionales de desarrollo, particularmente después de la crisis de
2008, se evidencia que la sociedad colombiana – al igual que las sociedades
japonesa, coreana, norteamericana, rusa y cubana,… – están configuradas por
tres grandes subsociedades cooptada (C), no cooptada (NC), e ilegal-criminal
(IC). Éstas tienen mayor o menor importancia en cada sociedad global según el
grado de desarrollo de las instituciones democráticas, del funcionamiento de
los mercados y del grado de captura que tienen sobre el Estado las tres sociedades.
[14] (ROSANVALLON, 2008).
[16] (OLANO, 2009).
[17] Análisis detallado en el libro (REVÉIZ, La trasgresión moral de las élites y el
sometimiento de los Estados_ Cooptación o democracia, 2015).
[18] La Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), adscrita al Ministerio de Minas y Energía. La Comisión de Regulación de las
Comunicaciones (CRC) – antes CRT –, adscrita al Ministerio de las
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), adscrita al
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La Comisión
de Regulación en Salud (CRES) creada por la Ley 1122 de 2006.
[19] La Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI),
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV), la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica de la
Nación, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE).
[20] Bien mostró
María Teresa Ramírez que la inversión pública en infraestructura del transporte
como porcentaje del PIB fue de cerca del 8% entre 1925 y 1933, cerca de 3%
entre 1930 y 1961, para decaer a menos del 1% en el periodo que va desde 1989 a
2011. Las causas que ella plantea que afectaron el desarrollo de la
infraestructura de transporte durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo
XX, parecen repetirse hoy: ¿abrupta topografía, falta de recursos y situación
económica; poca inversión extranjera, problemas institucionales y el mal diseño
de las políticas, choques externos e internos (guerras), falta de conocimientos
técnicos y mano de obra poco calificada tanto de ingenieros, técnicos y
obreros, situación de la economía nacional (fundamentales), dispersión de la
población?. A ello parece agregarse el más importante, o sea la Co, Ca, Coop E (RAMÍREZ, 2014).
[22] Análisis hecho
en paralelo con el libro de (EPSTEIN, 2013)
[24] (REVÉIZ, El
Estado estratega para el ordenamiento territorial, 2013)
[25] (REVÉIZ, El Estado lego y la fractura social, 2007).
[26] Cada zona de civilización
tiene una forma particular de ajuste económico y social.
[27] La tasa global
del crecimiento del PIB fue del 2,9% entre 1990 y 1999, negativa en la
industria y la construcción, baja en el comercio, y solo del 1,8% anual en la
agricultura. Solo la minería creció al 7% (FEDESARROLLO,
2011).
[28] La hoja de
coca, la base y la cocaína representan el 29% del ingreso del negocio. (MEJÍA & RICO, 2011) y (GAVIRIA & MEJÍA, 2011).
[30] (AZUERO, 2015).
[31] (REVÉIZ, Ensayo sobre la plneación
concertada en Colombia, 1974).
[32] La Contraloría General destaca que en 2014 se pactaron compromisos
de alianzas P/P y vigencias futuras por 109 billones de pesos, hasta 2040, que
comprometen recursos. Son compromisos de gasto diferido a varios años,
y no créditos. Deberá cuidarse que no se incluyan recursos que se destinen a
gastos de funcionamiento.
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